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He leído críticamente, pero con la calculadora en la mano, un interesante trabajo publicado en el diario El Mundo, el domingo cuatro de marzo, en el que Martín Mucha apunta cómo recortar la mareante cifra de 140.904.733.210 Euros sin que se tenga que recortar en Educación y Sanidad o subir los impuestos. Dejando a un lado el sensacionalismo y la pequeña carga de demagogia interesada que puedan contener unos datos que sirven de reclamo para un libro de inminente aparición, asumiendo que ya el gobierno ha realizado recortes en algunas de esas partidas -pobres, timoratos y a regañadientes ciertamente- en un 20% y que debemos suponer, aun cuando dadas las cifras de déficit no parece que así haya acontecido, que las administraciones autonómicas y locales han procedido de modo similar, añadiendo que no todas las propuestas son válidas, lo cierto es que si sólo se pudieran ahorrar 40/70.000 millones de euros estaríamos muy por encima de las necesidades objetivas que de ahorro tiene el gobierno.

¿Por qué si es posible dicho ahorro sin gravar la economía de los españoles, sin contribuir a proletarizar las clases medias, sin disminuir la calidad en los servicios educativos y sanitarios por razón de ahorro, no se hace? La respuesta que no se atreve a plantear en toda su extensión el articulista, aunque lata en el fondo de reportajes como el que nos ocupa, es sencilla: Mariano Rajoy, como cualquier político, no está dispuesto a desmantelar el régimen clientelar que padecemos, entre otras razones porque él y su partido también son beneficiarios políticos de ese régimen. Un sistema que permite controlar a la sociedad y mantenerla dentro de los parámetros de las propuestas del bipartidismo imperfecto que sufrimos y que es responsable, por acción, por interés o por omisión de la permanencia de esos más de 10.000 millones de euros que todos los años se escapan por las procelosas aguas de la corrupción.

Queriendo ser Churchill, aun cuando en realidad más se parezca a una caricatura, Mariano Rajoy y su equipo insisten, una y otra vez, en la necesidad de los recortes, directos o indirectos, salariales o impositivos, así como en la virtud del sacrificio, con una envolvente retórica pseudopatriótica en la que se alaba la capacidad, demostrada a lo largo de su reciente historia, de los españoles para salir adelante. A vuelta de correo los españoles, que van a sufrir directamente el sacrificio, responden donde pueden que por qué no se recortan los primeros ellos para dar ejemplo. Les salva, para que la protesta no se convierta en torrente, para que la sociedad harta de la explotación no les vuelva la espalda, la inexistencia de una denuncia pública y constante de los caprichos de la casta política en los medios que les obligara a la dimisión o a la regeneración. Pero esa denuncia, salvo en lo anecdótico, no existe entre otras razones porque el régimen clientelar acaba, al final, blindando a la casta política. Todavía resuena en mis oídos el aplauso al “uninoso” -que diría un personaje de Jardiel Poncela- de socialistas y populares a Mariano Rajoy en el debate de investidura cuando ante el tema de la corrupción defendió la honestidad de los políticos.

Cómo no nos vamos a molestar los ciudadanos; cómo no vamos a saltar de cólera en nuestro sillón cuando escuchamos las soflamas de los responsables económicos, de los sindicatos o de la CEOE; cómo no vamos a arder en estallidos de indignación cuando este gobierno de los recortes se ha gastado un millón de euros en iPads para los diputados (un juguete que difícilmente sirve para desarrollar el nivel de trabajo que se supone a un diputado); cómo no nos vamos a enfadar cuando los partidos políticos y sus fundaciones se reparten, a pesar de los recortes, más de cien millones de euros; cómo no se va a enfadar el español que tiene que ir con su coche o en transporte público a su centro de trabajo cuando se estima que España gasta al año en coches oficiales casi dos mil millones de euros; cómo no vamos a reírnos de nuestra imbecilidad cuando nos llega la factura del teléfono y nos enteramos que se estima que los políticos gastan a costa del erario público treinta millones de euros en facturas de móvil; cómo no vamos a pensar que nos toman por estúpidos o por borregos -no sé qué será peor- cuando se habla de lo que cuestan las más de diez mil tarjetas de crédito con cargo a nuestros impuestos tienen a su disposición: la friolera de 24 millones de euros…

Las cifras del reportaje aludido son de por sí indignantes aunque no desconocidas: 630 millones se gasta Cataluña en sus Consejos comarcales y después cierran hospitales por las tardes; cincuenta y cinco millones nos cuesta un Senado que nadie sabe a ciencia cierta para qué sirve; 24 millones se siguen gastando en asesores y cargos de confianza, puestos con los que se recompensa y colca al staff del partido de turno; 180 millones se gastan las Comunidades en las subvenciones a las líneas aéreas para que vuelen desde sus aeropuertos (¿cuánto le va a costar la broma del nuevo aeropuerto a la endeudadísima Comunidad Autónoma de Murcia?). Y así, suma y sigue…

Si la situación es difícil y comprometida, como lo es, estoy seguro de que los españoles aceptaríamos el sacrificio, pero el de todos  y no el de los de siempre. Lo que no es de recibo es que, porque es necesario mantener el régimen clientelar, el reparto del botín, unos nos sacrifiquemos y otros continúen, como siempre, anclados en el oropel. Puede el gobierno y la oposición socialista, que también es gobierno en algunos puntos, continuar aplicando la demagogia y la sordina del gran hermano mediático, puede que el inventillo les continúe funcionando durante un tiempo. Pero también es posible que un día un puñado de españoles digan basta y se rebelen, sin que entonces el aparato de control de la izquierda consiga reconducirlos para poder seguir manteniendo el juego bipartidista de PP a PSOE y tiro porque me toca.

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Resulta cuanto menos sorprendente la panoplia de justificaciones que está exhibiendo el gobierno para vender como maravillosa, justa y necesaria una reforma laboral que ahora entra en el imprescindible trámite parlamentario. Recordemos: en primera instancia era la reforma necesaria que, por arte de magia, iba a crear empleo en cuanto se pusiera en marcha; después, el sacrificio preciso para salir de la crisis y conseguir que los que no tienen empleo pudieran trabajar aun cuando fuera en precario y, ahora la milagrosa fórmula que no sabemos por qué intrincado conjuro, dentro de un año, más o menos, creará empleo, porque según el gobierno anuncia a lo largo de este año se destruirán seiscientos mil puestos de trabajo y el número de parados, pese al más de medio millón de españoles y extranjeros que han abandonado el país, puede que se aproxime a los seis millones.

Así pues estamos ante una “necesaria” reforma laboral que, según dicen, restará protección a los que tienen trabajo para preocuparse por los que no lo tienen y cuyos efectos positivos no se notarán hasta dentro de nueve o diez meses. Una reforma que, se pinte como se pinte, se disimule como se disimule, contribuirá a la proletarización de las clases medias, la caída de los salarios y la inestabilidad permanente en el empleo. Aderezada además con un recorte de derechos que dependerá en su extensión del grado de bondad y voluntarismo de las personas.

Como contraposición, como nivelador de la balanza, trata de contentarnos el actual titular de Economía con la afirmación de que esta reforma creará un millón de empleos. O sea, más o menos, los que van a desaparecer este año con la reforma en vigor. Lo que no dice el titular de Economía es que por fuerza el próximo año se creará empleo, con reforma o sin ella, porque la economía española habrá tocado fondo y, en buena lógica, cualquier pequeño crecimiento generará empleo, aunque ya veremos como será ese empleo. Por lo que dentro de un año, conformándose con esos pequeños crecimientos, podrá decir que su reforma ha sido “chanchipiruli”, aunque se tope en la calle con un torrente cada vez más amplio de indignados que ya poco tendrán que ver con la manipulación ultraizquierdista, pero del que la izquierda se va a beneficiar.

Dejemos claro que esta reforma laboral es, como la posible subida del IVA o la escalada del precio de los carburantes, una imposición de los mercados y de nuestro entorno. La situación del mercado laboral español, con su alta protección al trabajador, con un exceso de derechos y obligaciones contractuales, es una anomalía con respecto a otros países con la que se quería acabar. Los servidores del mercado, los que no tienen más referente que los vástagos del ultraliberalismo de las últimas décadas, creen a pies juntillas que el sistema de protección del trabajador es una barrera para el crecimiento económico, de ahí el consenso existente sobre la necesidad de la reforma que va desde los sectores más liberales de la socialdemocracia a todo el centro y derecha, incluyendo algunas facciones de lo que habitualmente se denomina extremaderecha.

Por el contrario, resulta curioso, mirando hacia atrás, que España llegara a situaciones de pleno empleo, aunque ciertamente en coyuntura distinta, teniendo un sistema de alta protección del trabajador y escasa flexibilidad del mercado laboral y que ahora se mantenga que esa política es la responsable de la altísima tasa de paro existente en España.

Dejemos claro que la reforma laboral no va a crear empleo en los términos que España necesita. Es la reforma para el reparto de la miseria y no para la creación de la riqueza. Es el parche de los que han aceptado que la economía española tenía que convivir con un paro estructural situado en cifras próximas a los dos millones de trabajadores y no hicieron nada para eliminarlo. Es la opción de los que no fueron capaces de abordar la necesaria reforma estructural de la economía española para que ésta ganara en productividad y competitividad, para que desarrollara un nuevo tejido industrial que hiciera a nuestra economía, como sucede en los países del norte, menos vulnerable a los caprichos interesados de unos mercados dominados por los grupos especulativos. Es la apuesta de los que dieron vida al gran espejismo de una riqueza ficticia basada en la especulación, el dinero fácil, la venta de los ahorros y el maná de los fondos que venían del extranjero. Por ello son tantos los que están dispuestos a aplaudirla, aunque me parece que son muchísimos más los que la vituperan porque ellos son los que van a sufrir sus consecuencias.

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La banca siempre gana y los españoles siempre pierden

Publicado: 15/03/2012 21:39 por Francisco Torres en sin tema
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Se me ha ocurrido echar un breve vistazo a la prensa económica para rastrear cuál es el balance de los bancos españoles. Yo esperaba, siguiendo la imagen que a veces se nos da, balances negativos, pérdidas y demás daños colaterales producto de esta crisis, de origen básicamente especulativo-financiero, relacionada directamente con la banca. Sin embargo, después de oír el quejido lastimero de la banca me encuentro con el hecho de que, en plena crisis, los balances de 2011 se cierran para las cinco primeras entidades españolas con el pequeño beneficio neto de 10.197 millones de euros. Lo que dados los tiempos de crisis no está nada mal. Cierto es que el argumento pedigüeño de las plañideras monetarias es rigurosamente exacto: sus beneficios han caído aproximadamente en un 32% con respecto al año anterior y esto, para ellos, resulta inasumible.

Tengo la impresión, porque no tengo datos fidedignos ni bola de adivino, que cuando, probablemente tras una casi una década de sacrificios, abandonemos el escenario de crisis entrando en una nueva fase económica expansiva, los grandes bancos habrán salido enormemente favorecidos de esta coyuntura, con un increscendo increíble de beneficios y un proceso de concentración bancaria, con la eliminación en el camino del viejo sistema de Cajas de Ahorro, que les habrá hecho mucho más ricos y también más poderosos porque ellos forman parte de esa nebulosa oculta que llaman los mercados.

Leo que, por ejemplo, en plena crisis, tras todas las provisiones y dotaciones para cubrir las nuevas exigencias, la morosidad y eso que llaman “activos tóxicos” (un parque de viviendas que acabará revalorizándose pues seguirán cobrando la deuda hipotecaria y procederán a una venta controlada y vinculada), el Banco de Santander obtuvo en 2011 la nada despreciable suma de 5.351 millones de Euros; el BBVA unos 3.000 millones; CaixaBank 1.053 millones; el Banco Popular 479 millones y Bankia 309 millones. Y mientras logran esos beneficios el crédito continua bloqueado, las condiciones reales para el préstamo endurecidas, las comisiones en cuarto creciente… y, naturalmente, a ningún gobierno se le ocurrirá ponerles algún que otro impuesto especial.

Para nadie es un secreto que la Banca está haciendo el negocio del siglo, aun cuando los resultados sean según su particular criterio bajos en esta primera fase. La Banca se está beneficiando de un dinero barato que después coloca invirtiendo en deuda o en préstamos a alto interés. Así, un dinero que debiera ir a las empresas y familias para reactivar la economía acaba siendo desviado hacia el gran negocio de base especulativa. Dinero que están recibiendo al 1% y que ellos colocan en créditos que van del 5% al 17% porque una vez que el metálico está en la caja es difícil diferenciar.

La voracidad bancaria es increíble y ha encontrado la bicoca de ser la administradora del dinero público que proviene del Instituto de Crédito Oficial, haciendo negocio con el dinero de todos los españoles merced a concesiones que recuerdan a las viejas concesiones fiscales del rey a los nobles en los tiempos del feudalismo.

Puestos a inventar “productos” parce ser que al viento de la decisión del gobierno de acabar con la morosidad de la administración pública, que también está asfixiando la economía, a través del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, los bancos han encontrado una nueva fuente de negocio comprando masivamente la deuda a los proveedores y pagándolas de inmediato con un descuento global del 8% al 10% aprovechándose de la situación y de la necesidad de financiación que tienen las empresas, lo que sumarían al 5% de interés que tendrán que pagar las administraciones por los créditos con los que pagarán esas deudas, parte de las cuales habrán comprado los bancos con descuentos. Y por si fuera poco, para participar en la iniciativa del gobierno, la Banca podrá hacerse con más fondos de los librados por el BCE a bajísimo interés, que podrán seguir utilizando para hacer negocio con los vaivenes de la deuda. Y todo ello pagado por el contribuyente.

No va a ser suficiente porque el siguiente sacrificio que exigirán las vestales bancarias serán las compensaciones para aceptar la “moratoria” hipotecaria para las familias que no pueden pagar por efecto de la crisis. Un modelo que tal y como se ha planteado está lejos de su objetivo y más parece un sistema pergeñado para que los bancos continúen ganando dinero e incrementando su cuenta de beneficio esquivando los enojosos e impopulares desahucios y tratando de reducir la presión existente a favor de la necesaria dación en pago. Una banca que acumula un parque de viviendas impresionante, pero que prefiere no poner en circulación mediante fórmulas de alquiler-venta porque, a la larga, serán una garantía para la captura de nuevos clientes esclavos de su propia red de préstamos.

Sorprenden estos hechos cuando uno de los problemas de la economía  española es la estrangulación del crédito para empresas y familias. Sorprende -o quizás no tanto- que el gobierno no incluya entra las posibles opciones el desarrollo de una banca pública y la gestión por parte de la misma de los créditos ICO lo que daría veracidad al papel social que debe tener el crédito. Pero ya se sabe que función social y capital son términos que hoy por hoy casan mal en el lenguaje de los demiurgos del mercado y sus sayones bancarios.

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El ajuste pasa factura al PP y hunde a Javier Arenas.

Publicado: 26/03/2012 02:14 por Francisco Torres en sin tema

Con los resultados definitivos de las elecciones en Andalucía y Asturias he hecho un breve recorrido por las declaraciones de unos y otros, por los análisis de urgencia de los habituales de las tertulias y por los diversos medios impresos. Dejando a un lado el caso asturiano, en el que el centro-derecha tiene la mayoría absoluta (suma del partido de Cascos con el PP), y en el que la señora Dolores de Cospedal ha tenido que reinventarse las palabras para anunciar que están dispuestos a pactar con Álvarez Cascos, lo más destacado, que se cuela entre líneas, es la tímida recuperación de los socialistas que han mejorado en Asturias y evitado la debacle en Andalucía; junto a ello es preciso destacar el avance de la izquierda en su conjunto con un importante crecimiento de Izquierda Unida. Algo que no debiera caer en saco roto para quienes estiman que es más importante el mercado que las personas.

Puede que las páginas amigas traten, de momento, de mantener con vida a un cadáver político, el de Javier Arenas; pero probablemente no pasen de ser flor de un día. Su insuficiente victoria en Andalucía, cuando todo apuntaba a una mayoría absoluta que se ha quedado lejana, pese a que el Partido Popular ha procurado retrasar hasta el día después cuanto ha podido de la batería de medidas que hubieran podido perjudicarle en su carrera hacia la presidencia de la Junta, le ha convertido en el gran derrotado de estas elecciones. Cuando todos cantaban el fin de José Antonio Griñán resulta que el destino pone fin a la carrera política de Javier Arenas, uno de los escasos supervivientes de aznarismo. Arenas ha conseguido lo que parecía imposible ganar y perder al mismo tiempo.

Sin embargo, la victoria-derrota del Partido Popular en Andalucía tiene más de un responsable. He escrito, en dos ocasiones, que por vez primera la campaña electoral iba a resultar fundamental en Andalucía. Esa campaña que inicialmente permitió recortar distancias al socialismo, aun cuando en la última semana volvieran a dar la mayoría absoluta al Partido Popular. Al PP le ha faltado campaña para ganar frente a la movilización que ha hecho el socialismo andaluz. Javier Arenas confiaba en la “táctica del faraón” tan grata a los políticos locales españoles: ir a rebufo de la victoria nacional y del hecho de que sean quienes gobiernan en España. Pero la resultante ha sido distinta a la esperada.

¿Cómo es posible que el PSOE haya conseguido mantenerse en la Andalucía del paro o la corrupción?, se preguntan muchos votantes del Partido Popular. La respuesta deberíamos buscarla en una realidad que los analistas suelen despreciar: que el PP no ganó las elecciones del 20-N, fue el PSOE el que las perdió. La situación económica, las cifras del paro, los datos macroeconómicos crearon las mayorías absolutas populares: un espejismo, porque se basaba en un crecimiento de voto muy alejado de los prácticamente cuatro millones perdidos por el socialismo. Las mayorías absolutas logradas por el PP, primero en las municipales y autonómicas y después en las generales, fueron fruto más de la desesperación ante la situación económica y de la imagen de buenos gestores que transmitían que de una conversión ideológica del electorado o sociológica de los españoles.

Las elecciones andaluzas, en las que el PP ha perdido casi cuatrocientos mil votos con respecto a las generales, vienen a introducir en el convulso panorama político español un nuevo factor: el rápido desgaste que el Partido Popular está sufriendo en el poder. Ni los datos económicos confirman la imagen transmitida del PP como salvador de la situación, ni las políticas de ajuste -que todo el mundo cree que irán a más- contribuyen a consolidar los índices de apoyo conseguidos en noviembre. A ese desgaste y al descontento creciente es atribuible tanto la derrota real de la candidatura de Javier Arenas como la recuperación electoral de la izquierda en su conjunto.

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