Las condiciones de la OCDE.
Tengo la impresión de que la OCDE está utilizando España, debido a su grave situación económica, como banco de pruebas para el orden económico futuro. Un orden en el que, en el mundo de economías de escala en el que vivimos, las diferencias quedarán aún más marcadas por el grado de riqueza de las naciones o mejor dicho, aunque suene demagógico o populista, por la diferencia entre la riqueza y la pobreza de las personas.
La economía globalizada ha colocado por encima de los países y las personas a los grandes grupos financieros conjugados con las multinacionales. En este marco, el esquema tradicional de países ricos, en desarrollo, pobres y emergentes queda un tanto desfasado.
La crisis económica global nos conduce inexorablemente, porque este es el mensaje que se transmite, a una nueva distribución del papel de cada país en el mercado. Los denominados países ricos posindustriales, entre los que no se va a encontrar España, continuarán gozando de situaciones de privilegio en las que el sacrificio de algunos aspectos del denominado Estado del Bienestar no tendrán comparación posible con las reducciones que se tratan de imponer a los países de segundo nivel entre los que se sitúa España. Basta, por ejemplo, con comparar la diferencia existente entre los beneficios sociales de los trabajadores alemanes y los españoles (la baja por maternidad con el 100% del salario es de seis semanas antes más ocho semanas después, se puede incrementar a un año con el 67% del salario).
Para los grandes grupos financieros, para las multinacionales y para los teóricos que defienden el libre mercado absoluto y la reducción hasta mínimos irrisorios del papel mediador y redistribuidor del Estado es necesario, para preservar la riqueza y el desarrollo, profundizar en ese modelo de absoluto liberalismo económico que, hace algo más de tres décadas, inició su recorrido con los postulados de la Escuela de Chicago, tuvo sus hijos predilectos en los neocons y que declaró la guerra a las tesis keynesianas, difundiendo el falso mensaje de que éstas eran una barrera para la continuidad de la expansión económica, cuando en realidad eran una barrera para el incremento de los beneficios de esos grupos (de ahí la insistencia de que lo privado es siempre mejor que lo público en materia de sanidad o educación, objetivo de negocio futuro para estos grupos); pero todos ellos olvidan que la responsabilidad última de la crisis de origen especulativo que las economías desarrolladas han experimentado radica en el avance de esos postulados. Las tesis de los Chicago-boys, de los ultraliberales y en cierto modo de los neocons son las responsables últimas de la situación actual y para remediar el error buscan exprimir al máximo al ciudadano, de tal modo que pierda el individuo pero gane no el Estado sino ese entramado económico-financiero.
La crisis económica, especialmente en los países donde por sus deficiencias estructurales se ha hecho prácticamente sistémica, porque, como en el caso español, se les asignó un papel erróneo dentro de un mercado más amplio, la UE, está sirviendo para que los centros de decisión económica, como es la OCDE, difundan e impongan el modelo dual de enriquecimiento por parte de los grupos financieros y empresas multinacionales y empobrecimiento de los ciudadanos bajo la tesis, expresada de forma sencilla, de que es mejor tener un mal trabajo o un trabajo con salario reducido, en peores condiciones, que no tenerlo (idea que repiten muchos representantes del PP). Modelo que será tanto más opresor para el ciudadano cuanto más débil sean sus datos macroeconómicos.
La OCDE, como el FMI y otros organismos, aplauden las medidas adoptadas por el gobierno, pero las consideran insuficientes. Con ello se explica por qué no funcionan y por qué la destrucción de empleo continua y el crecimiento se estanca.
En la misma línea, todos los días, las tertulias de los aparatos mediáticos próximos al gobierno, los columnistas y opinadores cercanos al ejecutivo, que no se sabe si son sólo meros altavoces, sostienen el mismo argumento desde la asunción de la doctrina económica ortodoxa que, con pretendidos efectos demiúrgicos, nos dice que es necesaria una mayor liberalización económica. Liberalización que siempre pasa por empobrecer y reducir derechos a la gran masa de los ciudadanos, incluso a aquellos que estúpidamente no se consideran trabajadores por no ir a la fábrica y no llevar mono de color azul.
¿Qué es lo que nos piden los mercados, la UE y la OCDE? Simplemente pagar más y cobrar menos. Subir el IVA en aquellos servicios que aún no han llegado al 21% (entre ellos curiosamente el del turismo, una de nuestras bases económicas); reducir las indemnizaciones por despido; reducir las deducciones en el IRPF (lo que implica una nueva subida encubierta del mismo); alargar la jubilación eliminando, además, cualquier tipo de jubilación anticipada; reducir las deducciones fiscales de las hipotecas que aún las tienen (otras subida indirecta del IRPF); computar toda la vida laboral para el cálculo de la pensión (lo que implica una reducción de las mismas); reformar las pensiones de viudedad para reducirlas. Indirectamente es fácil deducir que estas son las condiciones genéricas para avalar el tan traído y llevado rescate. Se trata de recaudar más a costa del ciudadano, lo que implica su empobrecimiento. Se trata de imponer un modelo económico para los denominados países del sur que ahondará las diferencias con los del norte y consagrará un modelo particular de escala en el seno de la UE.
¿Qué medidas aportan para la expansión económica y la creación de empleo? En realidad ninguna. Lo que nos vienen a decir es que al tener trabajadores más baratos se contratará más (filosofía que inspiró la reforma laboral y que de momento no ha dado resultado). Insistiendo en la tesis de que al reducir costes laborales -reducir las cotizaciones sociales por la llegada de nuevas aportaciones al Estado a través de la subida general de impuestos- las empresas contratarán más. Obviando que la única alternativa para la creación de empleo estable pasa por una apuesta decidida por la expansión del tejido industrial y la creación de una infraestructura para el desarrollo de sectores palanca posindustriales. Pero esto ni se lo plantea la OCDE, ni la UE, que quiere otro papel para España; ni el gobierno, que sólo tiene ojos para intentar controlar los índices macroeconómicos y evitar un rescate que costaría a Mariano Rajoy el sillón de la Moncloa.
De momento el gobierno, en cuyo seno chocan los partidarios de incrementar la recaudación subiendo la presión impositiva y recortando derechos (Montoro) y aquellos que confían en que las propia evolución económica en la Eurozona, la integración bancaria y los altibajos alemanes den un respiro a nuestros índices macroeconómicos para seguir con el peligroso juego de continuar endeudándonos para financiarnos (Rajoy y Guindos), prefiere aguardar y, en todo caso, aplacar la presión mediante la adopción pausada de alguna de las medidas propuestas. Claro ejemplo de ello es la decisión de dar un sí y un no a la revalorización de las pensiones.
Ahora bien, no existe, y este es el problema base, planteamiento alguno de reforma estructural económica real. Llamar reforma estructural a la reforma laboral o a pomposas leyes de emprendedores no pasa de ser un mal chiste. El problema español es su falta de tejido industrial y no su sistema de relaciones laborales. El desarrollo de un tejido industrial propio fue proscrito cuando entramos en la UE en cuyo mapa económico figuraba España como una economía de servicios. Hubo que cerrar o vender el importante sector público industrial bajo la excusa, muchas veces falsa, de que no era rentable su mantenimiento -a nadie se le ocurrió forzar planes de viabilidad-. Con eso más los fondos de compensación europeos, que fueron malgastados, se creó una economía de base especulativa que se ha desmoronado como un castillo de naipes al primer soplo de viento contrario. Y éste es nuestro drama. Es ahí donde tiene que producirse la gran reforma de nuestra estructura económica y que yo sepa, salvo algunas tímidas iniciativas, desde hace años, con el gobierno del PSOE y ahora con el del PP, se habla de ello pero no se adopta decisión trascendente alguna. Sólo nos resta saber si esto es por imposibilidad, por incapacidad o por imposición.
3 comentarios
Chu-lin -
No nos enseñanlas carta de la baraja y se sacan los ases, aveces falsos, de la manga.
Esta pseudo izquierda y la pseudo derecha. Nada democráticas.
Luis -
vecina -