RAJOY, ENTRE LA DUDA Y EL CÁLCULO POLÍTICO.
Si lamentable fue la salida de tono del Presidente del Gobierno cuando le preguntaron por su opinión ante la sentencia y la liberación de etarras, evitando conscientemente pronunciarse, más falaz ha sido la maniobra, fruto sin duda de los fontaneros de la Moncloa, para intentar zafarse de la polémica y el daño político, de trasladar la responsabilidad de la liberación inmediata de la asesina múltiple Inés del Río a la Audiencia Nacional.
El mensaje del gobierno y del PP en este tema es nítido: estamos obligados a cumplir la sentencia, con dolor eso sí, y los encargados de velar por el proceso son los magistrados de la Audiencia Nacional o en llegado el caso el Supremo; por lo tanto, no tenemos responsabilidad alguna. Lo que además, pues de todo se puede sacar algo positivo, infiere centrar las críticas de la aplicación universal de una sentencia individual en el Ministerio que dirige Alberto Ruíz Gallardón.
Naturalmente que todavía existen mentes virginales que se creen aquello de la Independencia del Poder Judicial. A otros, simplemente, nos resulta mucho más sencillo creer en el misterio de la Santísima Trinidad.
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, se ha quejado amargamente de quiénes, políticos incluidos, han “contribuido a esta injusticia”. Y, ciertamente, la mayor parte de la clase política, de forma colectiva, tiene una alta responsabilidad en lo acontecido. La tiene, porque cegada con la idea de negociar con ETA, que ha estado presente en todos los gobiernos hasta el presente, que parece haber asumido esa estupidez léxica que denominan “proceso de paz” -¡como si alguna vez hubiera existido una guerra!- que por su propia definición legitima las acciones terroristas de los últimos cuarenta años, los sucesivos gobiernos han orillado reformar el Código Penal en lo referente a los delitos de terrorismo, asesinato y violaciones; negándose a tratar el tema de la cadena perpetua o el cumplimiento real de las penas (si son 800 años que cumplan 800 años).
Desde los lejanos tiempos de la UCD, maestra a la hora de enterrar a los asesinados a horas intempestivas, cerrando los funerales a la protesta popular, se evitó a conciencia una reforma que garantizara el cumplimiento real de las penas. En los años de gobierno socialista y oposición popular, no pocos dejamos claro que cuando se pedía el “cumplimiento íntegro” de las penas se usaba un subterfugio léxico, porque el “íntegro” no significaba ni total, ni real. Los terroristas podían disfrutar del régimen de beneficios para reducir pena y muchos reclamamos, desde los setenta, que ese privilegio desapareciera para estos asesinos. Pero era fundamental mantenerlo si se quería negociar pues una de las reclamaciones de los terroristas era la liberación de sus presos. Política que se mantuvo intacta hasta el siglo XXI refugiándose, hipócritamente, en el argumento de que aplicaban el Código Penal franquista de 1973, cuando el terrorismo, sin embargo, podía ser juzgado por Consejo de Guerra y en el Código se contemplaba la posibilidad de aplicar la pena de muerte.
Responsabilidad retroactiva de una clase política que fue, durante décadas, absolutamente insensible al dolor de las víctimas y que prefirió mantener abiertos los recovecos que le permitieran negociar con los asesinos. La denominada “doctrina Parot” fue el hueco en el sistema encontrado para mantener en prisión a los terroristas y forzar a ETA a la negociación. Una doctrina que tenía fecha de caducidad. Una doctrina considerada como un escollo en el “proceso de paz” aceptado e impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero, como lo era la Ley de Partidos. La Ley de Partidos es hoy papel mojado y al gobierno ni tan siquiera se le ocurre volver a sus planteamientos para, como prometió, proceder a la ilegalización de los partidos que son la voz de los terroristas. La “doctrina Parot” ha sido tumbada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con el concurso solícito de un juez español nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, al final, la sentencia viene bien a todo el mundo porque puede facilitar el “proceso de paz”.
Cabría preguntarse pues, ¿por qué el gobierno español, ante un proceso que ha durado unos cuatro años, no ha jugado a fondo la carta política? ¿por qué no ha buscado los necesarios apoyos en un ambiente que se mueve en razón de la presión que ejercen los “lobbys”? ¿por qué no se ha dejado claro y nítido que el juez español que forma parte del Tribunal no representaba la opinión nacional dejando de dar la impresión de que era la propia España la que pedía el fin de lo que constituye la razón iniciática de la doctrina Parot? ¿por qué se da por hecho que la sentencia, la más rápidamente analizada y leída del mundo, impone la libertad inmediata de los terroristas que planteen recursos ante la Audiencia Nacional? ¿por qué el gobierno no ha instado a plantear abiertamente que los beneficios penitenciarios no son parte de la pena y por tanto, sin desdecir la sentencia, alargar automáticamente los plazos de cumplimiento de pena lo que llevaría, nuevamente, el caso a su punto de partida permaneciendo los terroristas en prisión? Alguien podría alegar que ello no hubiera dado resultado, pero los votos particulares, contrarios a la sentencia, de varios de los miembros del Tribunal avalan que hubieran podido tener éxito. Pero el gobierno prefirió escudarse y limitarse en la acción ante el Tribunal en el proceso.
No pocos pensamos -y ello explicaría muchas cosas- que el gobierno ha hecho suya la tesis del “proceso de paz” de Rodríguez Zapatero y que por ello es preciso mantener una política de gestos que allane el camino. Gestos como la liberación de Bolinaga o tolerar definitivamente la presencia política de los representantes de los terroristas. Gestos, estiman, que tienen un coste político muy limitado. Sin embargo, ahora, tras la sentencia, lo que se plantean en la Moncloa es: ¿podemos asumir un goteo de liberaciones con la consiguiente protesta de las Víctimas? ¿es preferible una liberación rápida que evite ese desgaste? Y, sobre todo, ¿podemos controlar o minimizar los daños políticos causados por un rebrote de la “rebelión cívica” apoyada por el PP cuando estaba en la oposición para desgastar al gobierno de Zapatero y abandonarla una vez llegado al poder? Ese es el dilema real de Rajoy y de ahí el intento de desactivar o moderar las protestas de las víctimas.
La sentencia de Estrasburgo, y la atención a la petición de la representación política de los etarras de que no se pongan obstáculos a las excarcelaciones, suponen en la práctica la anulación parcial de la “doctrina Parot”, una de las cláusulas del “proceso de paz”. Ya tenemos encima de la mesa la petición de revisión de medio centenar de terroristas que podrían elevarse en breve hasta el centenar; como daño colateral queda la posibilidad de que salgan a la calle otros cincuenta asesinos y violadores. Ahora le toca turno a Trotiño, autor material de la matanza de República Dominicanda. Y en plazo brevísimo la asesina de Hipercor, Mercedes Ernaga que saldrá a la calle en diciembre. Para compensar, eso sí, sobre todo a efectos propagandísticas, Mariano Rajoy ha sacado del cajón donde dormía el sueño de los justos un “Estatuto de las Víctimas”, que aún debe concluirse, para reconocer unos derechos que de no ser por la falta de vergüenza de la clase política hace mucho que deberían tener. No sé si con ello logrará anestesiarlas en el conformismo pero al menos el mariachi mediático progubernamental tendrá algo en lo que refugiarse.
Nota: En la foto la terrorista Inés del Río, en libertad pese a tener las manos manchadas con la sangre de 24 víctimas.
1 comentario
Paco -
En verdad, tenemos lo que nos merecemos: una mierda de sistema, una puta partitocracia y una maldita democracia.