La ley del aborto del PP
Alberto Ruíz Gallardón, Ministro de Injusticia (no puede caber otro título para un Ministro que ha visto impasible como los terroristas salían a la calle tras aceptar presurosamente la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sin haber tomado, como era su obligación, medida alguna para evitarla, y se les rinden homenajes conjuntos sin que se muevan las pestañas de fiscal alguno), hijo de José María Ruíz Gallardón, diputado de la Alianza Popular predecesora del Partido Popular, que llevara la primera Ley del aborto, la socialista de 1985, al Tribunal Constitucional, ha presentado con un falsario y manipulador título -ley de protección del concebido dicen que es- lo que en realidad es la primera ley del aborto eleaborada por el abortista partido de derechas denominado Partido Popular.
Lo que resulta altamente significativo, cuanto tanto se habla de consenso social a favor del aborto, es que tanto el PSOE, que se inventó aquello de "Interrupción Voluntaria del Embarazo", para evitar utilizar el término claro y definitorio, que provocaba rechazo, de aborto, como el PP rehuyen llamar a las cosas por su nombre. Lo hacen para ocultar algo tan simple como que lo que en realidad llevan a puerto es la legalización de un crimen. Así, la Ley Aído se llamó “Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo”; y, con el mismo propósito, la ley del PP, que debía dar la impresión de que era una ley contra el aborto, se denomina “Ley de Protección de la vida del concebido y de los derechos de la embarazada”.
Algunos ingenuos, junto con los cientos de miles de votantes católicos del PP que viven con la venda puesta con gusto en los ojos, creyeron -bueno, lo siguen creyendo- que el PP, con su segunda mayoría absoluta, esta vez, iba a derogar la ley del aborto, a eliminar el aborto de la legislación española. Lo creían porque esa era la música que el PP y los que con alzacuellos suelen pedir el voto para el PP han estado tocando desde 1985; aunque en la letra, la que figura en su programa y en sus declaraciones, quedara claro que el PP es un partido abortista, favorable, en la más rancia tradición conservadora, a la existencia de una ley que permitiera el aborto según qué casos, para que así nadie dijera que no protegen la vida y, por lo menos, Mayor Oreja pudiera seguir sacando pecho y el diario La Razón dándoles la razón con la oficialista antiabortista, siempre que la propuesta sea socialista, Cristina López Schlichting.
No pocos, aunque se convirtiera en algo supéfluo para los teóricamente millones de católicos votantes del PP, pudimos ver, en la anterior campaña electoral, responder a Mariano Rajoy a la gallega, cuando se le preguntaba por el aborto, que “no había necesidad de la Ley Aído”, que “había resucitado un debate que no estaba en la sociedad”, que “el aborto es un drama” pero que él se ceñía a lo que decía el constitucional. Lo que traducido -aunque ninguno de sus votantes quisiera hacer ese ejercicio- significaba que para Mariano y para el PP no existe el principio de la Vida como absoluto, porque éste estará siempre limitado por lo que diga el constitucional. Los populares, con la señora Soraya a la cabeza, insistieron en que la Ley Aído era innecesaria porque existía un consenso social en este tema con la Ley del 85 que la sociedad había aceptado como válida, aunque ello supusiera enviar a más de cien mil niños cada año al cubo de la basura, a las trituradoras, a los depósitos de residuos o a las incineradoras. ¿Para qué tocarla si con ella el número de abortos anuales se situaba en lo que podría ser su techo con más de cien mil al año?
La Ley Aído, ciertamente, era imposible dejarla como tal porque contenía dos elementos que no podían ser suscritos o mantenidos: uno, que las menores de edad pudieran abortar sin el conocimiento o el permiso paterno -lo que implicaba la posibilidad de un conflicto legal en caso de presentarse problemas durante la operación-; dos, lo dispuesto por las Naciones Unidas con respecto a la práctica euegnésica de autorizar el aborto por razón de minusvalía o posible discapacidad. Ello, por razón de compromiso internacional, obligaba a variar la ley para eliminar dicho supuesto.
Ahora bien, oponerse a esos dos aspectos de la ley no implicaba, como algunos pp-propagandistas mantienen, cuestionar la continuidad de la legislación abortista. Pero, al mismo tiempo, a ojos inteligentes, dejaba en evidencia la moral burguesa e hipócrita de los dirigentes populares para los que el debate no es si el aborto es lícito o no, sino si las menores abortan con permiso de sus padres: si sus pabres lo aceptan bienvenido sea. Además, la Ley Aído convertía el aborto en un derecho, lo que entraba en contradicción con la sentencia del constitucional que permitió la legalización del aborto en España. Con la nueva Ley volvemos a un modelo en el que el aborto no se considera derecho, y por lo tanto un absoluto, pero que en la práctica lo mantiene como tal. Es más, a la larga, conforme se ponga en práctica, se reconoce indirectamente que el aborto es un derecho porque la ley se denomina -como hemos señalado- de “derechos de la embarazada” y al admitir la posibilidad de abortar se está reconociendo la existencia de ese derecho.
Ahora el PP ha presentado su anteproyecto de ley del aborto bajo la vítola de ser una ley progresista porque brinda protección a la vida -¡a tomar el pelo no hay quien les gane!-; e incluso más feminista que la del PSOE, porque despenaliza de forma completa a las mujeres que aborten fuera de la legalidad. Pero vayamos a la realidad de la propuesta abortista del PP:
La ley del aborto del PP es una ley que contempla como supuestos en los que se pueder realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo la violación y el riesgo para la salud de la madre. Es, al mismo tiempo, una ley de plazos -como la Ley Aído- que permite realizar el aborto, según los casos, hasta las 18 o 22 semanas.
La ley del aborto del PP asume que el riesgo para la salud de la madre puede ser físico o psíquico, lo que equivale a mantener el “coladero” de la Ley de 1985. Bajo ese supuesto se realizan el 98/99% de los abortos en España. Eso sí, para lavar la conciencia, se establece la doble firma del facultativo para garantizar la existencia de ese riesgo. Pero cualquiera sabe que eso no será un problema en un negocio que mueve al año decenas de millones de euros.
Nos dice el PP que, gracias a la nueva ley, al implementarse porque no quedaba más remedio ante lo dispuesto por Naciones Unidas -cosa que también hubiera tenido que realizar Rodríguez Zapatero-, no podrá abortarse por riesgo de malformación, discapacidad o por tener el síndrome de Down… pero lo cierto es que, tal y como se infiere del nuevo texto legal, si la madre alega que su embarazo le provoca un daño psíquico, podrá acogerse al supuesto y abortar. Por lo que nos situamos ante una trampa de ley.
La argumentación última de los populares, que en realidad hubieran preferido dejar las cosas como están o volver sin más a la ley de 1985 ahorrándose el mal trago y la crítica progresista, es que la ley es restrictiva; con ello aspiran a mantener, como de hecho ha sucedido, el apoyo cerrado de una parte importante de la cúpula eclesiástica española y contentar tanto a los pp-provida como a los votantes católicos. Esa teórica restrictividad -falsa en la realidad- es lo que ha provocado la protesta que sostiene la izquierda y el feminismo radical. Ahora bien, a tenor de lo que se ha comunicado del anteproyecto sería muy difícil de mantener que con esta ley lo que ha pretendido Ruíz Gallardón es, por las condiciones que establece, poner en marcha un modelo garantista restrictivo que va a reducir sensiblemente el núemero de abortos en España. Cuando la realidad es que con la ley en la mano continuarán relizándose el 99% de los abortos que se producen en nuestra nación.
Es evidente que con esta nueva Ley del aborto, presentada por la derecha, bendecida a la inversa por la oposición de la izquierda parlamentaria y callejera, el PP, que tiene como horizonte ganar como sea las próximas elecciones europeas al PSOE, aun cuando sea por un voto, busca contentar a sus sector más ideológico, a su núcleo duro, para evitar cualquier posible fuga de votos. Y es que al final la reforma Gallardón está regida por el mero cálculo electoral aunque a algunos dirigentes populares les hubiera parecido mejor una ligera reforma en la Ley Aído para evitar que se les tache de antiprogresistas, de ahí su protesta pues también piensan que el tiro les va a salir por la culata.
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LUIS -