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El Ministro que menos gracia hace del gobierno -descontando todos aquellos que ni se sabe que existen-, el inefable señor Montoro, ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016, de cuyo trámite parlamentario dependerá la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones generales.

Todos los PGE son políticos, un arma en manos de cualquier gobierno. Estos además son electoralistas, al menos en su presentación. Discutir esto es baladí. A estas alturas del partido el PP se ha convencido de que lo que más daño le hace es su faz antisocial, el sentimiento mayoritario de que se gobierna de espaldas a la mayoría de la población, se incrementan las desigualdades sociales y se ciegan las esperanzas. De ahí que el señor Montoro y los altavoces mediáticos del gobierno y del PP, tipo La Razón, los hayan presentado como la muestra del giro social del gobierno por el incremento relativo del denominado gasto social. No siendo economista -certeros a la hora de estudiar lo que ha pasado pero con muchos peros en sus futuribles-, leyendo los avances de los PGE, yo diría que tienen más ruido que nueces.

No discutiré la lógica del razonamiento que los sustenta pero tampoco es bueno apartar de la memoria el cuento de la lechera. Los PGE2016 parten de una ecuación sencilla: más empleo, menos paro, más cotizaciones, más recaudación, menos intereses a pagar es igual a más fondos para el Estado. Y ello se apoya a su vez en la idea de que los elementos externos que impulsan la recuperación económica, por encima de los aciertos o desaciertos del gobierno, se van a mantener: crecimiento del turismo a lomos de los problemas de los competidores, factura energética baja por los bajos precios de los hidrocarburos, política del BCE y mantenimiento de un Euro bajo.

Nadie puede negar el incremento de algunas partidas sociales pero todo ello es muy matizable y además pueden tener a la larga un efecto bumerán. Porcentualmente la realidad es que con respecto a 2015 el crecimiento no es tal aunque lo sea en números absolutos, y ahí está el primer desengaño (de un 53.9% a un 53.5%). Tampoco el destino de muchas de las partidas es asimilable a lo que el ciudadano entiende por gasto social. Yo destacaría como real el destinado a la dependencia.

Menos real es el incremento de las pensiones que el gobierno y el PP van a vender como muestra de su preocupación. Recordemos que por obra del gobierno, empeñado de dexindesar los salarios del IPC, las pensiones se revalorizan por ley y ya estaba fijado el mínimo que era de un 0.25 que es lo que se ha aplicado en los PGE2016, luego no es que suban las pensiones sino que se aplica la ley que de hecho reducía el poder adquisitivo de los pensionistas. Crece el gasto total, pero es porque habrán más pensionistas. Este es el segundo desengaño. El gobierno sigue sin acometer este tema y me temo que seguirá echando mano de la hucha.

Reconocen indirectamente los Presupuestos que las Comunidades Autónomas siguen siendo un agujero negro. El gobierno ha preferido aparcar el tema de la reforma de la financiación en esta legislatura, entre otras razones porque no sabe qué hacer. Las CCAA seguirán incumpliendo los objetivos marcados -lo que es un problema para la credibilidad- y el gobierno inyectando dinero político. No varían en esto mucho, por ejemplo, las partidas de inversión. Siguen creyendo que el problema territorial y el secesionismo se combate con dinero. Así pues tendremos más trasferencias monetarias a las CCAA y no hace falta señalar cuáles serán las más beneficiadas. Tercer desengaño.

Por más que me lo vendan yo sigo sin ver una decidida orientación en los PGE2016 hacia el cambio de modelo económico-productivo. Cierto es que se incrementa la I+D+i, pero no parece que el sistema de subvención y no de objetivos de grandes resultados, ni sea el más eficaz. Puede que la partida destinada a la LOMCE fomente un cambio de cualificación laboral, pero de momento no conocemos un plan coherente de renovación y modernización sino mantener lo de siempre. Algo similar tendríamos que decir sobre las inversiones públicas y el problema energético. Ya veremos en el debate parlamentario sino estamos ante más de lo mismo.

Los PGE2016 ocuparán el discurso político hasta las próximas elecciones. Salvo la intención general, los "presupuestos más sociales", las cifras absolutas y la subida del 1% a los funcionarios, referida solo a los del Estado, las medidas de impacto electoral van a cobrar vida en esa mejora ya prevista por Montoro para el trámite, convertido así en uno de los puntales de la campaña del gobierno para las elecciones. A la idea de que si el gobierno pierde las elecciones se acabará la recuperación se sumará la idea de que si el gobierno no gana las elecciones nada de lo prometido, avance de futuras mejoras, se hará.

El Talón de Aquiles o la ruptura del cántaro de la lechera es que el PP no va a reeditar su mayoría absoluta en las próximas elecciones. Ello le obligará a pactar con Ciudadanos para mantenerse en el poder, porque la vieja alianza con los nacionalistas se me antoja tan insuficiente como inviable. Eso supondrá variar ostensiblemente estos Presupuestos después o aceptar en el trámite las enmiendas que Albert Rivera haga desde la calle porque no está en el Parlamento, por ello deberemos estar atentos a sus declaraciones y las respuestas, ellas nos darán la clave del precio del pacto. Y si el PP no consigue mantenerse en el poder mucho me temo que los PGE2016 sean papel mojado porque los miles de millones destinados a disminuir el déficit acabarán pagando cualquier ocurrencia.

Ahora, lo importante es saber qué peso tendrá ese asumido Talón de Aquiles en eso que se llaman los mercados, aunque de momento lo que más preocupa es la bufonada de Atur Mas, porque no es la primera vez que un bufón al que se deja hacer no provoca un desastre.


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No sé ya cuál es el límite del hartazgo ni cuándo se produce el cansancio de los buenos. Ignoro hasta dónde las excusas, las justificaciones, el recurso al eufemismo pueden llegar a convencer o al menos permitir el autoengaño a eso que llaman las derechas. Hasta ahora ese fenómeno calificado sociológicamente y políticamente como la desafección sólo parece darse en la izquierda o a favor de la izquierda y para sorpresa de los conservadores, de los timoratos conservadores que todo lo ven lleno de peligrosos rojos, la desafección de los suyos, la de quienes se desengañan del partido, del gobierno y del sistema, acaban recalando en las aguas del enemigo surgido del catodismo mediático.

Se afirma con una excesiva categorización que los españoles están hartos, cuando la realidad es que sólo una parte de los españoles están hartos. Si seguimos las encuestas resulta evidente que entre el 45% y el 55% de los electores siguen confiando en el duopolio PP-PSOE que ya amenaza con reconvertirse por interés nacional -¡Qué poco te queda Pedrito como no cambies!-, por interés de los mercados y de la oligarquía, en la ecuación irresoluta de PP+PSOE=x+y. Se habla de los millones de votos que momentáneamente han huido de estas opciones, pero muy poco de los millones que por conformismo, por formar parte del sistema corrupto clientelar del que viven desarrollado por el bipartidismo, o por aspirar a colocarse en la pomada que forman los amigos políticos y los familiares políticos, están encantados con el duopolio; encantados con ser más peperos o socialistas que nadie, más de derechas o de izquierdas que nadie, para en el fondo ser los más conservadores porque no quieren cambios en el sistema que les aúpa a la cúspide social aunque sea en alternancia. Y entre ellos destacan todos los que presumen de una ideología que utilizan como coartada para mantener su posición de privilegio, porque para ellos y solo para ellos gobierna el partido que deja las migajas para los demás, compartiendo esa mentalidad que, por ejemplo, nos dice que es mejor trabajar un poco con salario mísero que no trabajar, la misma filosofía que lleva a convertir a los niños en esclavos de los textiles o del calzado en el Tercer Mundo.

No sé repito cuál es límite del hartazgo entre esas gentes, aunque creo que, pese a los esfuerzos por iluminarlos de los bienintencionados, ese hartazgo no existe porque después se conforman con los caramelos que reparten de casa en casa a través de las servidumbres comunicativas de informativos y tertulianos de todo pelaje y condición. Esos que se exaltan con la reiteración de la maldad del contrario, PP-PSOE y viceversa, pero que se pirran por el acuerdo PP+PSOE para salvar a los españoles de ellos mismos.

¡Qué se puede esperar de unos electores que hoy -para ustedes probablemente ayer o antes de ayer- se indignan por un rato con la liberación del asesino múltiple Santi Potros o la excarcelación de Plazaola! Ha sucedido, por enésima vez, con un gobierno de mayoría absoluta de la derecha. Pero ya se sabe que excusas siempre existen y las cuentas de las jaculatorias peperas son casi infinitas. Por ello la idolatrada lideresa, la aspirante, el corazón de las derechas, se puso antes la venda mediática, porque sabía que la herida se iba a producr, diciendo que quiere que los terroristas estén en la cárcel recordando el "lamentable" caso Bolinaga. Excusas que permiten argumentar, con mayor pena que gloria, al club de los enfadados que lo que pasa es que no son verdaderamente de derechas, pese a que hasta hace dos días apoyaban, se conformaban o miraban hacia otro lado ante esa política. Y ahí están los del si votaste a Espe o a José María nos tienes que votar a nosotros cuando el rosario de excarcelaciones comenzó en los idolatrados tiempos de Josemari cuando estaban encantados de haberse conocido.

A esas gentes de derechas este tema, el de la liberación de los asesinos múltiples, como el del aborto o la corrupción solo les importa en el bar o para quejarse diciendo en voz alta: ¡Ah, si hubiera un partido... si se unieran! Para a renglón seguido, tras el desahogo, pensar el el bolsillo del burgués y mantener, porque si no vienen los rojos, su sacrosanta fidelidad en este caso al PP porque por el otro lado parece que el juguete ha comenzado a quedarse sin pilas.

Podría yo aquí repasar las veces que en público o en debates entre amigos, todos ellos por supuesto de derechas y fieles votantes del PP, los que se ufanan en tirar de carné y blasonan de ser el núcleo duro al que harán caso cuando lleguen mejores tiempos -¡es que nos gobiernan los tibios, son las circunstancias, llegará un día...!-, he denunciado el recurso al eufemismo, la utilización del desconocimiento de que lo que aparentemente son sinónimos cuando en realidad son antónimos. ¡A cuántos he explicado que cumplimiento íntegro de las penas no significa nada, que es un engaño! No es más que la gran mentira, comprada sin mucho esfuerzo, utilizada por el PP para que nada cambie. No recuerdo las veces que he explicado que ese cumplimiento significa que los terroristas tendrán que estar entre rejas treinta ó cuarenta años, pero que nunca los cumplirán porque gozarán de reducción y beneficios penitenciarios; que por la ley española da lo mismo a un terrorista matar a uno que a treinta y cinco -caso de Santi Potros-; que condenar a alguien a 3000 años de cárcel es una boutade y un mal chiste de humor negro con el que tranquilizar a una opinión pública que respira aliviada con un "se ha hecho justicia". La realidad es que 35 asesinatos se saldan con unos meses por cabeza ya que con 28 años de cárcel se sale a la calle para recibir los homenajes de esos que nos decía el tándem Rajoy-Cospedal que iban a ilegalizar en cuanto llegaran al poder. ¡Cuán grande es el valor en los mítines y en los titulares y en qué poco resta cuando se llega al poder y priman las encuestas y la conveniencia política! Pero siempre hay una excusa, una culpa no propia: son cosas de la Justicia, de nuestro ordenamiento legal, de ese nido que es la Audiencia Nacional, de la independencia de los poderes, de la ley penitenciaria... ¡Córcholis!, por no decir un taco en recio castellano. Esas leyes inicuas, moralmente execrables, las hicieron ustedes, el duopolio PP-PSOE (uno las hace y el otro no las cambia). Y ustedes se benefician políticamente de su aplicación porque en la hoja de ruta está la liberación de los etarras y el consenso de dejar dormir el sueño de los justos la larga lista de asesinatos de los terroristas sin resolver. Después, eso sí, sus hooligans ponen el grito en el cielo porque el chico de la coleta habla de hacer lo mismo que están haciendo., pero ya se sabe lo poco grato que es el refrán de la paja, la viga y el ojo. Mariano sabe que los terroristas van a salir a la calle merced a las reducciones y a aplicaciones más que cuestionables de los huecos de la ley, que medio centenar de asesinos van a seguir la estela de Santi Potros... Pero, Mariano, como de costumbre se pondrá de perfil y dejará que el tiempo eche serrín sobre el vómito. ¡Qué bien vienen a la política algunas decisiones judiciales y que el juez Marlasca inclinara la decisión a favor de las tesis de los terroristas! ¡Cómo no recordar aquello de la sensibilidad ante el polvo del camino! ¡Cómo no recordar que si el señor Mas ha hecho lo que ha hecho, por muchas denuncias que se acumulen, es porque los socialistas eliminaron el delito cometido del código y Mariano, que para esto es un lumbreras, acongojado, no lo restauró para evitar tener que aplicarlo no fuera a perder un futuro socio!

Por cierto, en qué estaría yo pensando, si mi propósito era hablar de los imputados, los aforados, los sospechosos, los dimitidos con la conciencia tranquila, de la corrupción de alta y baja intensidad, de los becarios y hasta de la Pantoja y el pequeño Nicolás que ha acabado siendo la pimienta del sarao que tiene como cantaores, guitarristas, palmeros y danzantes a la casta política, mientras que los que asisten al espectáculo pagan la cuenta y, como en las buenas pero crapulosas tabernas, de paso les roban el reloj y la cartera. Sin obviar que me desayuno con la noticia de la oferta de acuerdo al señor Urdangarín para que al final no haya juicio no sea que las alfombras comiencen a levantarse y la cosa se complique con una infanta de por medio.

Viendo lo escrito me asalta la idea de si lo acontecido, la enésima liberación de terroristas, no será también muestra del grado de corrupción en que nos hemos acostumbrado a vivir. Acaso cabe mayor corrupción moral que la de un sistema que ha creado un entramado legal, de estúpida ideología progresista -pobrecitos delincuentes resultantes de las injusticias y vicios de la sociedad, prístinos en el origen y contaminados por la vida-, que permite a un asesino múltiple salir a la calle ciscándose en las víctimas que fueron condenados por sujetos como Santi Potros o Plazaola a la cadena perpetua de la muerte física. Esos que se permiten decir que ellos no asesinaban sino que ejecutaban. E insisto, ¡qué bien vienen a la política del gobierno estas liberaciones y que otro sea el responsable mientras emulan a Pilatos!

Una corrupción más en un mar de corrupciones reales y morales no tiene importancia -piensan-. Ahora toca sacar pecho y decir que la Justicia está actuando, que no se tiene nada que ocultar. Después vienen los sonrojos, las charlas, las componendas y los intermediarios, incluyendo los conseguidores que sacan soluciones de la chistera para hacer carrera en la larga lista de pícaros que abonan el estiércol de la realidad. Pero de eso, por falta de espacio, tendré que hablar otro día porque firmo y pongo rúbrica a estas líneas el festivo día de la Constitución que este año se transforma en el día del centro comercial, el del mismo mercadeo que nos muestra al augusto Felipe VI conduciendo llevando a la vera al mismísimo Arturo Mas con encantadora sonrisa.

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Confieso que soy uno de esos españoles que no entienden parte de las medidas económicas que adopta el gobierno. Mi visión particular es que Moncloa anda pagando facturas y aprovechando la situación para cambiar, por donde no debiera, aspectos esenciales de lo que ha sido nuestro modelo socioeconómico en los ámbitos de la microeconomía, de aquello que realmente afecta a la economía de las personas, porque las personas parecen preocupar muy poco a unos detentadores del poder que viven pendientes de sus clientelas políticas.

Reconozco que no soy economista y que solo entiendo algo de historia económica, aunque no me resisto a pontificar sobre el escaso valor demiúrgico que otorgo a las recomendaciones de unos economistas que, educados en las mismas teorías, las de los Chicago-boys y la Escuela de Viena, que han decretado la muerte de Keynes, un socialdemócrata peligroso según los dictadores del ultra liberalismo económico y algunos tontuelos de la derecha de pose y beneficio, que palidecen ante la idea del Estado social, tienen solo diferencias de matiz.

Probablemente por desconocimiento económico y por plantear las alternativas de forma imaginativa desde fuera de esa ortodoxia no consigo entender los parabienes de muchas de las medidas que adopta el actual gobierno de España.

Mariano Rajoy, aprovechando el inicio de la molicie estival, acaba de recurrir, en un alarde de valor y decisión que a muchos nos extraña, al Decreto-Ley para dar a luz sin epidural un paquete de medidas para que nuestra economía gane en competitividad y eficiencia, fomentando así, según el lenguaje oficial, el crecimiento económico en el que según nos cuentan hemos entrado. Revisando alguna de las propuestas no puedo por menos que preguntarme sobre la realidad del pretendido beneficio.

Todo el mundo sabe que las PYMES son la base de nuestra economía productiva y yo, en mi cortedad, no alcanzo a descubrir en las medidas el impulso para su expansión que demandan ni el fomento de su incremento a través de la innovación: abrir bares y peluquerías está bien pero no es lo que necesitamos. Tampoco veo que se beneficie a un sector comercial que parecía estar comenzando, tras no pocos sacrificios, tras mantener puestos de trabajo con pérdidas, a recuperarse. De hecho se les ha ocurrido -podemos colegir por qué- autorizar el incremento de las comisiones bancarias -el atraco perfecto que diría yo- que deberán asumir los comerciantes por los pagos con tarjeta reduciendo los márgenes de beneficio u obligando a subir los precios.

Si no he perdido la costumbre de leer mucho me temo que con estas medidas se pierde soberanía en materia aérea y portuaria. Igualmente grave me parece que brille por su ausencia la decisión de desarrollar un sector energético estratégico propio con un replanteamiento de la autoproducción y las renovables, y ahora, tras la rendición ante las eléctricas, recompensada con jubilaciones de oro en consejos de administración, le llega el turno a la factura del gas. No menor sonrojo me causa el descubrir la aparición de entes burocráticos que, naturalmente, beneficiarán a los amigos políticos cuando todos hablan del necesario adelgazamiento de la administración.

Y remata Mariano con su apuesta para luchar contra el paro juvenil mediante lo que serán mini salarios en la práctica y subvenciones empresariales, en vez de alentar cambios en el sistema productivo. El estrambote con sarcasmo lo pone la transformación casi en organismos públicos de las neoesclavistas ETTs.

Mariano ha aprobado este paquete, que encantará a los ultraliberales y a los mercados, aprovechando la expansión del empleo, cantada cual serafín por el ubicuo Marhuenda, mucho más Ministro de Propaganda que el mismísimo Joseph Goebbels, al viento de una prometedora temporada de sol y playa. Quizás por eso, con la coartada perfecta, Mariano haya decidido dar una vuelta de tuerca que empobrecerá a unos, los más, y beneficiará macroeconómicamente a quienes ven España como un tierno corderillo a devorar.

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Es fácil que acaben acusándote de demagogo cuando no te pones una venda ante los ojos para prescindir de la realidad social que nos circunda, o no vives encerrado en los datos y en la comodida del que carece de necesidad. Sin  admitir que casi cualquier cosa se puede justificar desde un punto de vista teórico, descalificando, en el camino, a quienes se sienten más próximos a los ciudadanos que a los datos macroeconómicos.

Una vez más el gobierno ha cedido ante los detentadores reales del poder: ese conjunto etéreo que denominamos los mercados. La inescrutable e incomprensible factura de la luz, que recoge las tres partidas que determinan su precio, subirá al amparo de las luces de Navidad y el dispendio -cada vez menor para una parte significativa de españoles- de la aparente felicidad de los regalos, esperando que así el desatino se olvide rápido. Pero dejemos constancia que a lo largo de este año lo que se ha producido es la subida constante de la factura energética de los españoles comunes. Ahora se anuncia un incremento real que en enero podría situarse entre el 6% y el 7%.

El gobierno lleva justificando estas subidas, producto de la deuda generada por la diferencia entre el precio de venta y el precio de coste, alegando, implícitamente, que en esta situación de crisis ya no es posible sostener artificialmente los precios merced al tramo de los mismos que fija el ejecutivo. Pero oculta que la reforma del sector es un peaje más al que nos obligan en Europa y no nos explica cómo es posible que en España la luz tenga una de las tarifas más altas del continente.

El gobierno ha cedido ante las poderosas eléctricas y no se le ha ocurrido plantear abiertamente que el modelo es equivocado, que la gestión del sector no parece que haya sido la más eficaz y acertada y que, en definitiva, estamos pagando la ausencia de un sector estratégico energético nacional.

El gobierno, una vez más, rompe sus promesas. No ya las electorales sino las realizadas hace unas semanas. El Ministro de Industria -ya podía dedicar sus esfuerzos a industrializar el país- afirmó que el tramo de la factura que es responsabilidad del gobierno no subiría. Y, como es usual, cada vez que el presidente o alguien del gobierno dice que eso no sucederá acaba invariablemente pasando.

La luz sube cuando, según se nos informaba, ante la llegada del invierno, unos tres millones de hogares no podrán utilizar la calefacción adecuadamente o, simplemente, no podrán encenderla; cuando hemos visto reportajes televisivos de la gente volviendo a quemar en casa madera para calentarse; cuando en todas las parroquias se recoge, además de alimentos, dinero para poder pagar las facturas impagadas de la luz... Por toda respuesta el gobierno argumenta que 2.5 millones de españoles se benefician del "bono social" eléctrico, pero de poco vale el bono cuando el precio de la luz sube y previamente el dinero que se obtiene va a cubrir otras necesidades básicas.

Pero lo peor es que otra vez se busque, con ese lenguaje falsario y pletórico de eufemismos, a que nos ha acostumbrado el gobierno de Mariano Rajoy, tranquilizar a los españoles diciéndonos que es una subida transitoria, que a partir de abril de 2014 se producirá un reajueste y la factura bajará. Lo que no nos dicen es que en el proyecto legal de reforma gubernativo se contempla la subida automática para evitar que se produzca un nuevo déficit. Déficit que naturalmente acaban estableciendo las propias eléctricas y pagando todos los españoles para mejorar sus cuentas de resultadas.

 

 

 

 

 

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Si lamentable fue la salida de tono del Presidente del Gobierno cuando le preguntaron por su opinión ante la sentencia y la liberación de etarras, evitando conscientemente pronunciarse, más falaz ha sido la maniobra, fruto sin duda de los fontaneros de la Moncloa, para intentar zafarse de la polémica y el daño político, de trasladar la responsabilidad de la liberación inmediata de la asesina múltiple Inés del Río a la Audiencia Nacional.

El mensaje del gobierno y del PP en este tema es nítido: estamos obligados a cumplir la sentencia, con dolor eso sí, y los encargados de velar por el proceso son los magistrados de la Audiencia Nacional o en llegado el caso el Supremo; por lo tanto, no tenemos responsabilidad alguna. Lo que además, pues de todo se puede sacar algo positivo, infiere centrar las críticas de la aplicación universal de una sentencia individual en el Ministerio que dirige Alberto Ruíz Gallardón.

Naturalmente que todavía existen mentes virginales que se creen aquello de la Independencia del Poder Judicial. A otros, simplemente, nos resulta mucho más sencillo creer en el misterio de la Santísima Trinidad.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, se ha quejado amargamente de quiénes, políticos incluidos, han “contribuido a esta injusticia”. Y, ciertamente, la mayor parte de la clase política, de forma colectiva, tiene una alta responsabilidad en lo acontecido. La tiene, porque cegada con la idea de negociar con ETA, que ha estado presente en todos los gobiernos hasta el presente, que parece haber asumido esa estupidez léxica que denominan “proceso de paz” -¡como si alguna vez hubiera existido una guerra!- que por su propia definición legitima las acciones terroristas de los últimos cuarenta años, los sucesivos gobiernos han orillado reformar el Código Penal en lo referente a los delitos de terrorismo, asesinato y violaciones; negándose a tratar el tema de la cadena perpetua o el cumplimiento real de las penas (si son 800 años que cumplan 800 años).

Desde los lejanos tiempos de la UCD, maestra a la hora de enterrar a los asesinados a horas intempestivas, cerrando los funerales a la protesta popular, se evitó a conciencia una reforma que garantizara el cumplimiento real de las penas. En los años de gobierno socialista y oposición popular, no pocos dejamos claro que cuando se pedía el “cumplimiento íntegro” de las penas se usaba un subterfugio léxico, porque el “íntegro” no significaba ni total, ni real. Los terroristas podían disfrutar del régimen de beneficios para reducir pena y muchos reclamamos, desde los setenta, que ese privilegio desapareciera para estos asesinos. Pero era fundamental mantenerlo si se quería negociar pues una de las reclamaciones de los terroristas era la liberación de sus presos. Política que se mantuvo intacta hasta el siglo XXI refugiándose, hipócritamente, en el argumento de que aplicaban el Código Penal franquista de 1973, cuando el terrorismo, sin embargo, podía ser juzgado por Consejo de Guerra y en el Código se contemplaba la posibilidad de aplicar la pena de muerte.

Responsabilidad retroactiva de una clase política que fue, durante décadas, absolutamente insensible al dolor de las víctimas y que prefirió mantener abiertos los recovecos que le permitieran negociar con los asesinos. La denominada “doctrina Parot” fue el hueco en el sistema encontrado para mantener en prisión a los terroristas y forzar a ETA a la negociación. Una doctrina que tenía fecha de caducidad. Una doctrina considerada como un escollo en el “proceso de paz” aceptado e impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero, como lo era la Ley de Partidos. La Ley de Partidos es hoy papel mojado y al gobierno ni tan siquiera se le ocurre volver a sus planteamientos para, como prometió, proceder a la ilegalización de los partidos que son la voz de los terroristas. La “doctrina Parot” ha sido tumbada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con el concurso solícito de un juez español nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, al final, la sentencia viene bien a todo el mundo porque puede facilitar el “proceso de paz”.

Cabría preguntarse pues, ¿por qué el gobierno español, ante un proceso que ha durado unos cuatro años, no ha jugado a fondo la carta política? ¿por qué no ha buscado los necesarios apoyos en un ambiente que se mueve en razón de la presión que ejercen los “lobbys”? ¿por qué no se ha dejado claro y nítido que el juez español que forma parte del Tribunal no representaba la opinión nacional dejando de dar la impresión de que era la propia España la que pedía el fin de lo que constituye la razón iniciática de la doctrina Parot? ¿por qué se da por hecho que la sentencia, la más rápidamente analizada y leída del mundo, impone la libertad inmediata de los terroristas que planteen recursos ante la Audiencia Nacional? ¿por qué el gobierno no ha instado a plantear abiertamente que los beneficios penitenciarios no son parte de la pena y por tanto, sin desdecir la sentencia, alargar automáticamente los plazos de cumplimiento de pena lo que llevaría, nuevamente, el caso a su punto de partida permaneciendo los terroristas en prisión? Alguien podría alegar que ello no hubiera dado resultado, pero los votos particulares, contrarios a la sentencia, de varios de los miembros del Tribunal avalan que hubieran podido tener éxito. Pero el gobierno prefirió escudarse y limitarse en la acción ante el Tribunal en el proceso.

No pocos pensamos -y ello explicaría muchas cosas- que el gobierno ha hecho suya la tesis del “proceso de paz” de Rodríguez Zapatero y que por ello es preciso mantener una política de gestos que allane el camino. Gestos como la liberación de Bolinaga o tolerar definitivamente la presencia política de los representantes de los terroristas. Gestos, estiman, que tienen un coste político muy limitado. Sin embargo, ahora, tras la sentencia, lo que se plantean en la Moncloa es: ¿podemos asumir un goteo de liberaciones con la consiguiente protesta de las Víctimas? ¿es preferible una liberación rápida que evite ese desgaste? Y, sobre todo, ¿podemos controlar o minimizar los daños políticos causados por un rebrote de la “rebelión cívica” apoyada por el PP cuando estaba en la oposición para desgastar al gobierno de Zapatero y abandonarla una vez llegado al poder? Ese es el dilema real de Rajoy y de ahí el intento de desactivar o moderar las protestas de las víctimas.

La sentencia de Estrasburgo, y la atención a la petición de la representación política de los etarras de que no se pongan obstáculos a las excarcelaciones, suponen en la práctica la anulación parcial de la “doctrina Parot”, una de las cláusulas del “proceso de paz”. Ya tenemos encima de la mesa la petición de revisión de medio centenar de terroristas que podrían elevarse en breve hasta el centenar; como daño colateral queda la posibilidad de que salgan a la calle otros cincuenta asesinos y violadores. Ahora le toca turno a Trotiño, autor material de la matanza de República Dominicanda. Y en plazo brevísimo la asesina de Hipercor, Mercedes Ernaga que saldrá a la calle en diciembre. Para compensar, eso sí, sobre todo a efectos propagandísticas, Mariano Rajoy ha sacado del cajón donde dormía el sueño de los justos un “Estatuto de las Víctimas”, que aún debe concluirse, para reconocer unos derechos que de no ser por la falta de vergüenza de la clase política hace mucho que deberían tener. No sé si con ello logrará anestesiarlas en el conformismo pero al menos el mariachi mediático progubernamental tendrá algo en lo que refugiarse.

 

 

Nota: En la foto la terrorista Inés del Río, en libertad pese a tener las manos manchadas con la sangre de 24 víctimas. 

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Depende de cómo transcurra la semana, de los sobresaltos que produzcan las evaluaciones de los organismos internacionales, de los repuntes y pespuntes de los quebrados y tobogánicos vectores de la economía española, de cómo vaya la sempiterna pelea entre De Guindos y Montoro, de la calma que azote a la fiera alemana, de la evolución de la prima de riesgo, de las facturas políticas que el gobierno tenga que pagar, porque cree -equivocadamente- que con euros podrá comprar a Arturito Plus, y sobre todo de la afamada cachaza de Mariano Rajoy, nos desayunamos con los más negros de los augurios o con, más que brotes, selvas verdes que anuncian que por fin estamos saliendo del agujero, que la destrucción de empleo se desacelera y el horizonte de crear empleo está cada vez menos lejano. O dicho de otro modo, cómo ha previsto el increíble González Pons -en frases este hombre atildado es capaz de superar al tándem magnífico de la Vega-Pajín y sus acontecimientos interplanetarios- “al final del túnel veremos la luz”, encandilando así a los rendidos de antemano tertulianos nocturnos de 13-TV.

El gobierno, tras los nubarrones de hace unas semanas, tras presentar unos datos y previsiones que invitaban más que al desencanto a la rebelión, se quedó sin aliento porque no cabía mayor reconocimiento del fracaso -Arriola no estuvo ducho a la hora de plantear la estrategia de comunicación con un soberano “prepárense para lo peor-, ni mayor susto al día siguiente entre unos dirigentes populares acostumbrados a repetir lo que dicta con membrete del PP la nota diaria sobre lo que tienen que opinar. Los datos gubernativos de hace unas semanas  venían a demostrar que el ejecutivo es incapaz de hacer frente a los tres problemas fundamentales de nuestra economía que afectan al ciudadano de a pie: la falta de palanca productiva industrial y lo que es peor sin capacidad de innovación; la retracción continua del consumo que es el problema base de la economía moderna a nivel de calle y el incremento del paro. Al mismo tiempo, con silencio y procurando no darle mucha luz, se van desgranando los primeros balances de las grandes empresas, del sector bancario –no confundir con el conjunto de cajas-bancos satrapado por la clase política popular y socialista y que son las que han precisado el rescate- y de alguno más que, a río revuelto, han conseguido la añorada ganancia de pescadores (para ellos si ha funcionado la reforma laboral pudiendo reducir costes e incrementar beneficios cambiando trabajadores caros por baratos). Tan pasmado se quedó el gobierno que sus aleccionados y supongo que recompensados periodistas orgánicos corrieron presurosos desde sus altavoces favoritos, La Razón y 13-TV, a explicarnos que habían dado unas previsiones muy negativas, pesimistas, de cara a Europa pero que en realidad los datos al final serían positivas. Y más de uno se lo creyó.

Faltaba la guinda, que no podía dar De Guindos, y cómo no, como si no hubiera transcurrido el tiempo desde los ínclitos días del trío Zapatero-Garmendía-Corbacho, Mariano salió a sacar pecho a costa de lo habitual: el descenso del paro producto del inicio de las contrataciones de la temporada estival, que si no se tuerce la situación va a dar un respiro al gobierno para que pueda seguir vendiendo por unos meses selvas verdes. Todo ello bien agitado con la última barrera defensiva del Partido Popular: “nuestras medidas comienzan a dar resultado, teníamos que poner orden y conseguimos evitar la catástrofe de la intervención”. Y, sobre todo, vender en positivo que ahora van a tener que recortar 18.000 millones menos para, a renglón seguido, con esa práctica tan habitual de los propagandistas, dejar de mencionar que van a seguir recortando. Pero la realidad es que frente al 27% de paro, frente a la sensación de que nuestro sistema de asistencia (sanidad+pensiones+paro) está tocado de muerte y malvive en un desesperado salvemos lo que podamos, ante ese 50% de jóvenes de menos de 24 años en paro a los que debe sumarse una larga lista de subempleados, frente a los desahucios, frente al bloqueo de un crédito bancario que prefiere la deuda para salvar el trasero al gobierno en vez de impulsar el crecimiento, la propaganda del gobierno, porque eso es lo que hace el presidente que habla sin preguntas y por televisión, se torna ineficaz salvo para los holigans peperos, los periodistas de La Razón y los comentaristas de 13-TV.

Convertidos en auténticos especuladores de la desesperanza, son ya muchos los españoles que han dejado de creer tanto en el gobierno popular como en la oposición socialista. No es sólo que el PP se hunda en intención de voto dejándose en el camino diez puntos sino que el PSOE continúa cayendo. Lo cierto, lo que los barómetros nos indican es que el 50% de los españoles está dando la espalda al duopolio popular-socialista aunque el desencanto que conduce a la abstención maquille las futuras cifras electorales.

Cierto es que, de momento, poco preocupa esto a los dos grandes partidos. Continúan respirando tranquilos a sabiendas de que, si no se produce una eclosión alternativa a derecha e izquierda del duopolio y no dentro del duopolio, nada cambiará porque a los españoles que votan no les quedará más remedio que votarles para que no gane el odiado enemigo; porque muchos al no encontrar opción se quedarán en casa; porque el crecimiento de otros grupos no hará que la sangre llegue al río; porque los radicales de izquierda y sus nuevos vientos revolucionarios no conseguirán más allá de dos o cuatro diputados. Por ello, el gobierno y su mariachi mediático continuará extrayendo réditos especulando sobre el final de la crisis, sobre el crecimiento del empleo, sobre la recuperación en unos años del nivel de vida anterior, para poder mantener el mínimo del voto de sus holigans, porque el resto de los españoles, sencillamente, ha dejado de creer en que Mariano Rajoy y el PP sean esos gestores milagrosos preñados de eslóganes para llegar al poder; porque, en definitiva, Mariano es ese hombre que vive entre dos cuentos: aquel “que viene el lobo” y el del “traje del rey”. Pero los españoles están ya muy creciditos para creer en el cuento de la lechera.

Es evidente que en un momento, y es posible que tras sucesivas caídas ya hayamos llegado a él, la recesión-crisis tocará fondo. Es lo que los asesores económicos, tanto del gobierno Zapatero como del de Rajoy, han venido diciendo al oído del dueño de las posaderas que se asientan en el sillón de la Moncloa. Es posible repito, porque no tenemos nunca acceso a todos los datos y el político sólo suele dar aquellos que publicitariamente le conviene, que estemos en ese punto de inflexión. Aquel en el que si se cae más se produce el caos, la quiebra definitiva del sistema. Es lo que indican los augurios del ejecutivo. El problema es saber cuánto tiempo vamos a estar ahí. El gobierno estima que serán unos meses, camuflados por la temporada veraniega, por lo que el paro volverá a incrementarse cuando la temporada se cierre, pero ello le permitirá seguir sacando pecho hasta 2014 esperando que la subordinación a Europa del pedigüeño se transforme en maná salvador.

El gobierno continuará especulando con la desesperanza; vendiendo el humo del milagro económico que no llega. Continuaremos con las portadas delirantes de La Razón explicándonos que el “milagro del 96” –que no fue tal pero esto es otra historia- se realizó con una presión fiscal mayor así que mejor que no nos quejemos; pero desayunándonos con titulares económicos internacionales que ya hablan de la insolvencia de un Estado que ha pasado, merced a la política de Mariano Rajoy, a tener una deuda equivalente al 100% de su PIB. Pero lo que es peor es que seguimos sin un proyecto de crecimiento. Entre otras razones porque el gobierno sabe que para ello es necesario bajar los impuestos, embridar el insostenible e inviable Estado Autonómico, redirigir la inversión pública –poca o mucha- hacia los sectores de futuro. Medidas que por supuesto, por afectar al sistema que mantiene las “sociedades para la explotación del voto”, que diría Onésimo Redondo, que son PP y PSOE, el gobierno no está dispuesto a tomar. Así que los españoles están condenados, para sobrevivir, a ser más pobres y cuando lleguemos a ese estado por supuesto que tendremos los brotes verdes de la miseria para una mayoría de los españoles. Ese será el éxito de los especuladores con la desesperanza que les permitirá continuar formando parte de la casta del privilegio.

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Seguir manteniendo, cuando tenemos prácticamente seis millones de parados, que la reforma laboral -necesaria reforma estructural para salir de la crisis nos dijeron- ha sido un acierto no deja de tener una gracia siniestra. Cierto es que el gobierno se curó en salud advirtiendo que en 2012 el paro crecería -así ha sido!, para que luego digan que el gobierno no calcula bien- en unas seiscientas mil personas, pero que 2013 sería el año en el que merced a la reforma se crearía empleo. El gobierno y sus acólitos mediáticos afirman ahora, ante la realidad de los datos, que los efectos positivos se retrasarán hasta el último trimestre de este año, pero los analistas menos partidistas ven difícil que esto suceda antes del 2014.

Frente a la realidad de los números el argumentario de los populares -ese que envían a todos sus dirigentes y amigos de la prensa- se ha convertido en un indescifrable galimatías entre el “digo” y el “dije” aireado con cara de pristina inocencia por la inefable Fátima Bañez. Como la reforma laboral, por más que se empeñen, no ha creado empleo ahora nos dicen que su éxito radica en que la destrucción de puestos de trabajo, merced a la flexibilidad introducida, no ha alcanzado cifras mayores salvándose muchas empresas del cierre. Es posible en algunos casos pero puestos a decir tonterías no podemos dejar de lado las declaraciones de Javier Arenas, exministro de Trabajo, explicándonos que desde que tenemos esta reforma “somos más europeos”.

El gobierno, en especial sus titulares económicos, enfrascado en la búsqueda de “brotes verdes”, como si el optimismo zapaterista aún pululara por los salones de la Moncloa, nos dice que la reforma está consiguiendo la “desaceleración” -otro eufemismo idiota- en la destrucción de empleo. Lo que puede afirmar porque nadie recuerda algo tan simple como que al tener una cifra tan alta de desempleados la destrucción es cada vez menor.

La realidad que no se quiere ver es que el problema económico de España no es la rigidez de su sistema laboral, ni la solución está en liberalizarlo aún más. Son muchos los países de Europa con sistemas teóricamente menos rígidos por con coberturas y prestaciones mayores que las que reciben los trabajadores españoles, y éstas también son costes salariales. El problema estructural español es de sistema productivo. Y como el gobierno es incapaz de entrar en este vital apartado prefiere especular con los beneficios derivados de un empleo más barato y con unos trabajadores con menos prestaciones.

Cualquier estudiante de económicas sabe que es imposible generar empleo con previsiones de crecimiento negativo o sobre el cero y las previsiones para 2013 se mueven en esos parámetros. Para crear empleo de verdad la economía española tiene que crecer a un ritmo superior al 1.5% y de momento es difícil que esto suceda en 2014. Ahora bien, si no se ponen hoy las bases de un nuevo modelo productivo nuestras tasas de paro continuaran enquistadas en niveles altísimos.

Mientras, la realidad es que la reforma laboral está sirviendo para que las grandes empresas reduzcan costes salariales y cambien trabajadores caros por otros más baratos. No es necesario citar nombres porque están ahí. Casos como el de un gran grupo que ha rebajado el sueldo a sus trabajadores en porcentajes importantes para evitar despidos pero que, al mismo tiempo, ha invertido 65 millones de euros en la compra de otro grupo. Asustaría e indignaría poner en negro sobre blanco los nombres de estos grupos que amparándose en pérdidas irreales -reducción de beneficios sobre lo que tenían previsto- han aprovechado la reforma del gobierno para reducir costes salariales… Así las alabadas medidas de flexibilidad acaban sirviendo para cambiar unos empleados por otros más baratos.

Y lo mejor es que tras las cifras, con una tasa de paro del 26.2%, el gobierno ha elaborado como complemento un Plan Anual de Empleo,  anuncia una Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (no está mal que se lo plantee con un paro juvenil del 60%) y de paso busca transferir a las agencias de empleo privadas -a tanto por ciento de comisión por el trabajador colocado- el servicio que debiera hacer ese registro de parados llamado INEM. Así, aunque lamentablemente las cifras sigan diciendo que vamos mal, el gobierno y su mariachi mediático podrán seguir diciendo que nunca en tan poco tiempo han hecho tantas cosas.

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Por más que se empeñen más que de la España de la rebelión tendríamos que hablar de la España del hastío. En nuestras calles se expanden, como una densa niebla, las brumas de la consternación, del conformismo, del no hay nada de que hacer, salvo quedarse en casa, que extendieron como epígono de la tragedia los escritores del noventa y ocho. Nos lo dicen una y otra vez: dada la coyuntura lo asombroso es que las protestas, más o menos radicales, no sumen más allá de unos miles de participantes.  Los españoles, nos recuerda de vez en cuando uno de los habituales contertulios de las mil y una cadenas, son buena gente, como sinónimo del conformismo habitual que nos invade, expresión última del pesimismo que nos contiene.

A quince días vista de una nueva huelga general, por más que los sindicatos amarillos, correa de transmisión de los partidos de izquierda a los que un día sí  y otro también rinden pleitesía en comunidad de intereses, se dice que no existe ambiente y que los piquetes se las van a ver y desear para llevar a la huelga a unos españoles que también les vuelven la espalda. A la próxima huelga, independientemente de la guerra de cifras, del cierre obligado por intimidación en las primeras horas y de la sempiterna batalla a las puertas de los Carrefour, los Corte Inglés y las cocheras de lo autobuses de toda España, que marcan para los sindicalistas el triunfo de las huelgas de siete a once (después, ya resacosos, los piquetes se retiran a otras labores pues se tienen que multiplicar para acudir a las manifestaciones locales), le falta credibilidad. Lo cierto es que pese a la incapacidad evidente del gobierno para impulsar la creación de empleo o al menos acabar con la destrucción del mismo, los españoles también tienen motivos para hacerles huelga a los convocantes de la huelga.

Las cifras sobre el paro y Condiciones de Vida publicadas en las vísperas de Todos los Santos son para helar el ánimo de cualquier optimista patológico y teóricamente deberían impulsar a los españoles a expresar realmente su indignación, pero hasta los indignados carecen de credibilidad, pues no son más que la manipulación orquestada de una ultraizquierda que cada vez gana más peso político en España (mérito que de seguir así las cosas también será atribuible a Mariano).

Un país con 5.778.100 desempleados, cifra que no alcanza los seis millones por efecto de la nueva emigración española y de los procesos de retorno de emigrantes; con provincias en las que la tasa de paro supera el 30%; con una destrucción de empleo en el tercer trimestre el año, uno de los que teóricamente menos duros debía de ser debido a los efectos temporales del turismo, que se acerca a los cien mil puestos de trabajo; con más de un millón de ciudadanos que ya pueden ser calificados directamente como pobres; con un 40% de personas que viven con lo justo habiendo prácticamente agotado sus ahorros, es una nación al borde de la catástrofe social. Pero esos mismos españoles, cuando alzan la vista, más que resignarse lo que hacen es simplemente volver la espalda; contestar espetando a la cara de sindicalistas y políticos, “¡ahí os quedáis con vuestro chiringuito!”.

A Mariano Rajoy, el hombre que prometió con palabras calculadas, fotografiándose con aire de oportunista e indudable asimilación del “en política todo vale” ante la cola del INEM, que cuando gobernara bajaría el paro, le cabe el dudoso honor de batir el record histórico del número de desempleados en España. Y ante la realidad de las cifras sólo cabe el recurso manipulativo del coro de los tertulianos progubernativos que, cuando se ven acorralados, al igual que antaño se refugiaban en los escasos meses de gobierno y en la herencia recibida, ahora intentan controlar a la audiencia afirmando que un año aún es poco tiempo para que los “brotes verdes” del PP afloren. Nadie osa recordar, salvo los desprestigiados sindicatos, que Mariano Rajoy embanderó una reforma laboral que, según los peperos, serviría para asegurar los puestos de trabajo y generar empleo, pero desde que esa reforma existe el número de parados se ha incrementado en cerca de setecientas mil personas (el gobierno preveía seiscientas mil hasta final de año), los ERES arrecían junto con el juego de sustituir empleados con mucha antigüedad por otros con contratos precarios y niveles salariales bajos.

Los datos hechos públicos en la última semana de octubre, como un rosario de espinas, ponen en evidencia la debilidad de los “Presupuestos del milagro” que ha anunciado en esas mismas fechas el inefable Montoro. El incremento del paro, que no parece que se vaya a detener en el último trimestre, ya supera las previsiones del gobierno para todo el año, lo que se traducirá en un incremento de los costes del paro y del déficit de la Seguridad Social derrumbando de golpe las primeras previsiones de unos Presupuestos que tendrán que ser reformados una y otra vez. Aunque al gobierno aún le quede en la recámara esa petición de rescate que tendría como paganos a los españoles de a pie.

Ante este panorama sólo los acérrimos, que calculados a la baja (políticos+asesores+personal laboral digital+familiares+paniaguados+holigans) pueden situarse sobre el millón y medio de ciudadanos, son capaces de negar la incapacidad del gobierno a la hora de hacer frente a la sangría del paro, generando un estado de opinión en el que la culpa acaba sociológicamente teniéndola la “difícil situación”. Y a ello contribuye el hecho de que si bien el desgaste electoral del gobierno existe mucho más profundo es el hundimiento y el descrédito de la oposición socialista y sindical. Por eso la calle está tranquila, por muchas manifestaciones que inquieten a la delegada del gobierno en Madrid mientras el paro y la pobreza crecen.  

 

 Nota.- Eso sí, Montoro no miente cuando nos dice que la crisis remitirá a finales del próximo año porque teóricamente, para entones, estima el gobierno que el número de parados habrá tocado fondo (6 millones) y lógicamente se creará empleo o simplemente dejará de destruirse. Pero eso no es más que jugar a la botella medio llena o medio vacía.

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Cuando, en la entrevista propagandística perpetrada en la primera cadena de televisión española, escuché a Mariano Rajoy aquello de que “nadie quiere que alguien se muera en la cárcel” -palabras aproximadas- asumí que al Partido Popular le daba absolutamente igual el teórico desgaste electoral que pudiera suponer una nueva pseudonegociación con ETA y que el presidente está dispuesto a ofrecer a la hidra aberzale, como gesto de buena voluntad para que convenza a ETA de que ha llegado la hora de la disolución, la liberación-excarcelación de los terroristas. Por ello, hoy, el asesino de la organización ETA, jaleado por el universo aberzale, héroe indiscutible para la inmensa mayoría de los representantes y votantes de Bildu y Amaiur, Josu Uribetxeberria Bolinaga es un hombre libre; porque el gobierno así lo ha decidido y buscado. Como de costumbre el poder político ha buscado los resquicios de un Código Penal lleno de agujeros pensados para tener siempre una vía de escape, utilizando como fútil excusa exculpatoria la “misericordia humanitaria” de la ley. Un Código y las leyes de régimen penitenciario en los que, por decisión política, se ha obviado algo tan fundamental como que los terroristas deben tener en el mismo un “tratamiento” distinto en el que no caben beneficios penitenciarios.

Con su gesto misericordioso, que pocos entienden y comparten fuera de los ámbitos de poder (esta mañana escuchaba a un pepero irredento en una tertulia explicar que esto debería haberse hecho en silencio, sin tanta algarada, como siempre se ha hecho en una aplicación irritante del “¡todo vale si no produce ruido!” que tanto gusta a los políticos), Mariano Rajoy y quienes han contribuido a la liberación de un asesino han vuelto a matar a sus víctimas. Para ellos, en definitiva son más importantes los verdugos que los familiares de las víctimas a los que solo queda el derecho a la protesta callejera. Pero han hecho algo más, han dado una nueva victoria a ETA y alas para que ahora los presos, desde el último terrorista a Otegui asuman que la victoria es posible. Ellos, los presos, etarras y aberzales, se pusieron en huelga de hambre para conseguir la liberación (dejemos a un lado el eufemismo pelotero de la excarcelación) del asesino y lo han conseguido. La lectura que se hará en el exultante mundo aberzale, el de Bildu y Amaiur, pero también en parte del denominado “nacionalismo civilizado” del PNV, es que este gobierno cede ante la presión.

El presidente del gobierno se ha escudado en las razones humanitarias y pocos han osado realmente llevarle la contra aunque a algunos dirigentes populares les guste jugar a aquello del “poli bueno” y el “poli malo” no sea que algunos electores abran los ojos. Hoy, sin duda, Baisagoiti, ese político con cara de niño repelente, estará contento; pese a sus consignas para mantener la llama que evite que los votantes vascos del PP se queden en su casa ante lo que para ellos comienza a ser una traición, el vasallo de su señor sabe que su única oportunidad es conseguir un pacto con el PNV haciéndose amable para los nacionalistas moderados y ¿qué mejor baza que ofrecer la liberación de quien en las calles es transmutado de asesino sanguinario en héroe? Por el contrario, los españoles de bien, se preguntan: ¿por qué razón un asesino no puede morir en la cárcel? ¿es que tuvo él algún signo de piedad? ¿cómo estarán las familias de los asesinados? ¿en qué quedan las promesas de cadenas perpetuas y de cumplimiento íntegro -falacia que oculta que nunca será total- de las penas? ¿qué sesudo experto demoscópico -probablemente el inefable Arriola- le ha dicho a Mariano eso de que nadie quiere que un asesino muera en la cárcel?

Al español medio, ajeno a los vericuetos de la ley, todo esto le huele a sucia maniobra, a cocina política. No tiene más que abrir los periódicos: un enfermo terminal que hace unos días mejora; médicos que dicen que no existe riesgo de muerte inminente; un Fiscal que se opone a la liberación; informes forenses que dicen que de morirse mañana nada de nada; informes entre los que se escoge el que más conviene; visitas de paripé al asesino. Y hemos oído al presidente de la VCT lamentarse de que el PP les haya engañado después de haber pedido públicamente el voto para esta formación en las últimas elecciones. ¡A veces me sorprende la candidez de algunos! Y hemos visto a la presidenta de la AVT salir amargada de la reunión con un Ministro del Interior que se ha escaqueado a la hora de comprometerse con la ilegalización de Bildu. Un ministro que puede acabar pasando a la historia como Fernández el “liberador”. Y he visto, con profundo dolor, a la hija de uno de los guardias civiles asesinados recordar a voz en grito que con su padre no hubo “humanitarismo” alguno. Y, mientras, los políticos del PP siguen afirmando que siempre estarán con las víctimas.

ETA ha vuelto a ganar y el mundo aberzale está envalentonado. Asumen que la guerra continúa y tienen en la recámara a más de diez terroristas con enfermedades graves sobre los que el gobierno tendrá que decidir. El éxito consistirá en que, como el asesino Bolinaga, salgan a la calle sin mostrar arrepentimiento alguno, aun cuando esta exigencia no pase de ser un mero trámite que nadie se cree y que sólo sirve para que el gobierno de turno lave su conciencia y el Ministro del Interior acabe visitando a su director espiritual.

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“¡Ahora se van a enterar!”, pensaban con respecto a los miembros de ETA los crédulos votantes del núcleo duro del PP. “¡En cuanto estemos en el poder ilegalizaremos a todos los partidos de los terroristas!”, creyeron esos mismos votantes. Los miembros de la AVT, las víctimas del terrorismo, que vieron como el PP directa o indirectamente apoyaba sus marchas contra Zapatero, tenían la esperanza de que por fin su voz fuera oída antes de decidir sobre el futuro de los terroristas y que no se mandaran a los estantes del archivo los trescientos asesinatos sin responsables aparentes. Todos aplaudieron cuando Mariano deshojó la margarita y nombró a Jorge Fernández Díaz, hombre de derechas de toda la vida, Ministro del Interior. Pero…

Se engañaban, inexplicablemente, aquellos que pensaban que la política antiterrorista con respecto a los presos de ETA iba a variar. Tanto el PP como el PSOE son partidarios de la reinserción, de que en definitiva, usando la ley, los terroristas acaben saliendo a la calle merced a una legislación penitenciaria que les beneficia.  De ahí que el PSOE se haya lanzado presuroso a apoyar la decisión del gobierno de otorgar el tercer grado al asesino de tres guardias civiles y carcelero de Ortega Lara, Josu Uribetxeberria Bolinaga. Por ello tiene razón Jorge Fernández al mostrarse extrañado ante la protesta por la decisión cuando, siendo Mayor Oreja ministro del Interior de los gobiernos de Aznar, con la misma excusa, se pusieron en libertad a 16 angelicales terroristas sin que los peperos protestaran ardientemente. No es pues el PP el que engaña a sus votantes, son sus votantes los que se autoengañan o se dejan seducir con ese juego tan manido del “poli bueno” y el “poli malo” que han practicado, con buenos réditos electorales, personajes como el citado Mayor Oreja o Esperanza Aguirre.

Habituado a dejar de lado el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones, asumiendo que los programas no son un pacto con los electores sino mera publicidad engañosa, el gobierno popular aparentemente dice una cosa y hace otra en materia antiterrorista.

Desde hace décadas sostengo, a la luz de los hechos, que tanto para el PP como para el PSOE, el final del terrorismo pasa por una solución política negociada para unos y más o menos acordada para otros. Tanto unos como otros, aunque con distinto estilo y disposición, han practicado una insensata política de gestos que en teoría deberían convencer a la banda de la bondad del gobierno en el caso de que pongan fin a su existencia. De ahí que el Partido Popular haya abandonado cualquier sueño de ilegalizar Bildu/Amaiur,  aunque amenace con hacer un seguimiento a ambas organizaciones para instar a su posible ilegalización para contentar a su núcleo duro de votantes. De ahí que el Partido Popular haya aceptado como posible punto de acuerdo sobre el futuro de los presos la denominada “vía Nanclares” y busque, como anunció Ruíz Gallardón, salidas individuales a cada caso, tal y como pone de manifiesto la decisión adoptada con respecto al asesino Josu Uribetxeberria Bolinaga. Todo ello, además, condicionado por la convocatoria de elecciones en Vascongadas y la necesidad de hacer al infumable Basagoiti digerible para algún nacionalista moderado.

Al servicio de esa política está el genuflexo Jorge Fernández, quien para justificarse no duda a la hora de mentir. Dejémoslo claro, si Josu Uribetxeberria sale a la calle, porque en aplicación del tercer grado se le da la libertad condicional, es por decisión del gobierno de Mariano Rajoy y no porque la ley obligue a ello. La ley establece una posibilidad y no una obligación. El gobierno ha optado por la concesión y no por la denegación. Jorge Fernández se ha escudado en una falsedad porque sabe que nadie admitiría que a un terrorista se le liberara por razones humanitarias. ¿Qué humanidad tuvo el tal Josu cuando asesinó guardias civiles? Pero es que además tanto el gobierno como Jorge Fernández han pecado de cobardía: temían que el terrorista se les muriera de hambre. Obviando que Josu no estaba dispuesto a morirse de hambre y que cuando llegó la hora de la verdad decidió “priorizar su vida”, según el mismo leo que afirmó.

Está claro que siempre y cuando el jefe, Mariano, se lo diga el Ministro del Interior apoyará la concesión del tercer grado, por una razón o por otra. Aparentemente lo hará porque no le queda más remedio que cumplir con la ley. Pero, si el señor Fernández no fuera un genuflexo convencido podría levantarse y marcharse en nombre de la dignidad al sentir la lógica repugnancia de ser el responsable de la liberación de un asesino. Quizás fuera exigir mucho, porque Jorge Fernández es uno de esos políticos de toda la vida que tendría que empezar una carrera profesional tras décadas en el Parlamento y puede que el sentido de la dignidad no llegue tan lejos.

 

PD.- Ahora resulta que el tal Josu, quien según el ministro tenía una “enfermedad muy grave con padecimientos incurables”, dista de estar terminal y puede ser tratado en la cárcel.

 

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Cuando yo, por sentido del deber, hice la mili -historias que aún podemos contar algunos millones de españoles-, frisando el inicio de los años noventa, en las maniobras se tenía un enemigo. Por el lugar de las mismas el supuesto táctico, dentro del marco europeo, contemplaba como tal una hipotética acción de los ejércitos del Pacto de Varsovia encabezados por la URSS. ¡Casi nada! Me viene a la memoria aquella situación al leer que el actual Ministro de Defensa -peaje pagado de Mariano- ha decidido dar una vuelta de tuerca restrictiva a la ya de por sí cercenada libertad de expresión de los militares. Dado que ahora no podemos tener enemigos, porque me parece que el Ministerio no tiene ni para hacer supuestos tácticos, parece que el señor Morenés ha encontrado un nuevo enemigo: los correos electrónicos, los blogs, Facebook y otras armas de destrucción masiva.

Recuerdo que durante la transición, además de aquello del “ruido de sables”, al ejército se le denominó el “gran mudo”, cuando debido a la tan alabada como nefasta labor de un sacralizado Manuel Gutiérrez Mellado debió de llamársele el “gran amordazado”.  Durante dos décadas cada opinión vertida por un militar, que naturalmente no gustara al gobierno de turno, aun cuando fuera sobre cuestiones meramente profesionales, se pagaba con arrestos. Era la plasmación de la gran contradicción que supone por un lado considerar la libertad de expresión como un absoluto y por otro limitar/eliminar este derecho para determinados grupos, fundamentalmente los militares.

La eliminación de la libertad de expresión para los militares se justificaba porque en la necesidad de tener enemigos, en los inicios de la Transición, la izquierda consideró a los mandos militares como el principal enemigo de la libertad y al centro-derecha le gustó jugar con la amenaza golpista para autoprotegerse. Es evidente que, como en otras muchas profesiones, debido a su naturaleza, la libertad de expresión para los militares no es un absoluto. Al igual que un médico o un abogado no pueden hablar sobre determinadas cuestiones, los militares no pueden hacerlo; pero esta autolimitación poco tiene que ver con la mordaza que todos los gobiernos prefieren aplicar sobre ellos. En el fondo porque lo que a todo gobierno gustaría sería censurar a cualquiera que le llevara la contra.

Tengo para mí que, por debajo de toda la hojarasca publicitaria, el silencio impuesto por sanción a los militares tenía como objetivo evitar que aflorare la crítica al nuevo modelo de Fuerzas Armadas, pergeñado por el equipo de Manuel Gutiérrez Mellado, y a la transformación de las mismas en un ejército profesional cuya realidad poco tiene que ver con lo anunciado. Muy pocas han sido las voces, todas ellas de un modo u otro perseguidas, que se han levantado en las dos últimas décadas para denunciar la situación real de nuestras Fuerzas Armadas, el desmantelamiento de unidades vitales, las deficiencias logísticas y las limitaciones operativas que no cubren las necesidades objetivas de nuestra defensa nacional. Situación a la que han contribuido la mayor parte de los nefastos ministros que han ocupado esta cartera como las cúpulas militares que cada uno se ha fabricado para que actuaran como silenciosos palmeros.

Llegados a este punto, cuando el gobierno actual parece dispuesto, amparándose en la necesidad de acometer recortes, a poner en marcha un proceso que limite el ejército español a unas pocas unidades operativas, reduciendo el número de efectivos y enviando los aparatos al almacén, se necesita más que nunca el silencio de los militares.  De ahí que el gobierno haya optado, enfundado en esas reformas propagandísticas que de poco sirven pero que a menudo se exhiben a modo de inventario de la gran actividad gubernativa, por ampliar la mordaza con un nuevo “régimen disciplinado de las FAS”.

Ciertamente, hasta ahora, a los militares, como a otros grupos, les estaba prohibido realizar manifestaciones políticas de carácter partidista, pero ello no implica que un militar no pueda dar su opinión con respecto a cuestiones concretas o sobre temas que son consustanciales con su profesión.  ¿En base a qué se podría imponer una sanción a un militar por mostrarse a favor de la unidad de España, por protestar ante las injurias a los símbolos nacionales o  por denunciar la vulneración de la propia Constitución cuando constitucionalmente tiene la misión de ser garante de ambas? ¿Cómo se podría sancionar a un militar por denunciar en público o por conducto reglamentario o por comentarlo con otros compañeros el estado de abandono y la falta de medios de su unidad? ¿Es que no es competencia y responsabilidad suya el mantenimiento de su unidad en condiciones de operatividad? ¿Por qué un militar no puede decir que el Ministro es un perfecto inútil cuándo todos podemos calificar de inútiles a nuestros ilustrados ministros?

Tenemos, según se nos dice reiteradamente, un ejército altamente profesionalizado donde lo fundamental es su competencia técnica. Y ante este modelo, alejado de mitos e inventos involucionistas, ¿cómo se puede elaborar un proyecto de nuevo régimen disciplinario para las FAS de carácter retrógrado y cercenador de la libertad individual? Si las filtraciones son ciertas, y no me cabe duda que lo son por el origen de las mismas, lo que el actual Ministro pretende es acabar con la libertad individual de los militares, pues será merecedora de sanción cualquier opinión que no se ajuste a la disciplina en las redes sociales, en blogs, etc… e incluso en los correos electrónicos enviados. Lo que a mi juicio no sólo es, en algunos casos, una intolerable intromisión en la intimidad sino que además tal disposición pudiera llegar a ser considerada como constitutiva de un delito gravísimo en cualquier régimen de libertades.

Lo que más me asombra es que ante tamaño dislate guarden silencio sepulcral las vestales de la libertad.

 

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La guinda del día apoteósico de Mariano -ese hombre que regresó triunfal de Europa- en la jornada de la nueva presentación de sus recortes de verano  fue la de salir corriendo, escoltado por la policía, y por la puerta de atrás de Congreso, para no soportar la vulgaridad de unos centenares de antipatriotas -añorado término acuñado por el denostado Rodríguez Zapatero-, que, lejos de comprender el sacrificio que ha tenido que hacer imponiendo las medidas que le han dictado, le esperaban para cantarle las cuarenta y llamarle como mínimo “atracador”.

Salió huyendo del Congreso -mucho me temo que a partir de ahora se va a tener que acostumbrar a los incómodos silbidos que antes recibía ZP-, llevándose a su pupila más querida, la adorada por las señoras de derechas de toda la vida Soraya Sáenz de Santamaría; no fuera a ser que la intrépida recibiera su parte alícuota en el homenaje popular. Cuentan las crónicas del día que para redondear la jornada a las puertas de Génova se manifestaban los funcionarios que salían de la Audiencia y que no pueden ser confundidos con los habituales y despreciables “rojos”. Y, cómo no, esos amantes de la libertad y la democracia, esos ínclitos representantes de la soberanía popular, se alarman de que la policía no cargara sin contemplaciones y disolviera a tan irresponsables ciudadanos, tal y como se deduce de la indignación del presidente del Congreso, el popular Jesús Posada.

Me alegro hasta el infinito que Mariano en su discurso -perdón en una de las réplicas- nos haya recordado que él es un político de derechas, porque así yo tengo claro que no soy de derechas. Me revienta hasta el infinito la estulticia de los corifeos del presidente que han igualado su discurso, al justificar sus recortes, al famoso de Churchill de “sangre, sudor y lágrimas”. Me indigna la servidumbre de quienes justifican cualquier cosa afirmando que son las circunstancias las que le han obligado a cambiar su discurso; mejor dicho, a no dejar en pie ni una sola de las promesas que hizo durante la pasada campaña electoral. Me enervan los cambalaches de los tertulianos de los medios próximos al gobierno realizados para intentar salvar la cara, aunque no sé muy bien si la que tratan de salvar es la suya o la de Mariano.

El presidente del gobierno ha mentido. No es que haya faltado a la verdad como usualmente dicen los amantes de lo correcto para no molestar, es que ha mentido. Lo ha hecho al negar la evidencia: España es hoy un país que ha perdido soberanía económica, que ni pincha ni corta en el BCE, que está medio intervenido, que obedece a resoluciones extranjeras… con “hombres de negro” que nos van a supervisar cada dos o tres meses. ¿Cabe mayor desastre? Ha mentido cuando nos ha cantado la milonga de que su milagroso paquete de medidas -deben leerse recortes- son para el bien de España, de los españoles, para generar crecimiento y crear empleo… Y los diputados han aplaudido a su jefe, porque también estaban salvando sus jetas, aunque alguno quizás se viera como un gladiador con poco entrenamiento diciendo aquello de “los que van a morir te saludan”.

Y Mariano, como un torrente, por el bien de España, nos sube el IVA para recaudar más, olvidando que tras la última subida cayó la recaudación y aumentó la defraudación. Mariano, lanzado, baja las prestaciones de desempleo aunque con mucho disimulo; quita pagas a los denostados funcionarios, tras el previo calentamiento realizado por sus tentáculos de opinión (el mismo hombre que lleva seis meses lanzando a la cara de Rubalcaba que ellos son los únicos que han bajado el sueldo a los funcionarios); suprime la deducción por vivienda, ahogando a millares de familias; anuncia la reforma de las pensiones (inminente recorte de las mismas, ya lo verán) y deja en penumbra otro puñadito de puñaladas traperas lanzadas al alma de todos aquellos españoles que pagan sus impuestos, tienen controladas sus nóminas y no defraudan a nadie. Las presas favoritas de ese ave de rapiña que se adivina en la sombra del pérfido Cristóbal Montoro.

Pero lo mejor de todo es la justificación: nadie tiene la culpa de nada. Es la crisis, la falta de Europa, son los bancos (se le olvida precisar que son las Cajas fundamentalmente), son las administraciones que no pagan, las instituciones (debe leerse Comunidades Autónomas) que no pueden financiarse. Como si nada tuviera que ver con él o con la mayor parte de las señorías que moran a tiempo parcial en el Congreso de los Diputados. Es el juego del cambalache donde es lo mismo ser un paria que ser honrado.

Pero vamos a ver: ¿Quiénes gobiernan en la inmensa mayoría de las administraciones locales y autonómicas que no pagan, que nos han conducido al agujero de las facturas y que han llevado a la quiebra técnica a miles de empresas y autónomos? ¿Es que no las gobiernan los hombres del PP o del PSOE? ¿Es que no han sido los hombres del PP o del PSOE los que no han pagado? ¿Es que no han sido los hombres del PP o del PSOE los que se han endeudado?

Pero, ¿Cómo que tenemos instituciones que no pueden financiarse? ¿Se refiere a Cataluña y a Valencia? ¿Y quiénes son los responsables de que se haya llegado a esa situación? ¿Es que no ha gobernado en Valencia el PP con mayorías absolutísimas?  Y en este sentido lo que no nos ha explicado Mariano es ¿por qué en vez de intervenir estas autonomías se va a arbitrar una línea de crédito para que sobrevivan? ¿Por qué tenemos que pagar todos los despilfarros de las traducciones al catalán, de las embajadas autonómicas, de la inmersión y de las mil y una tonterías del señor Mas? ¿Por qué no dicta condiciones, como a él se las han dictado, al nacionalismo catalán y de paso hace un favor a España?

Y, ¿Cómo que esto es culpa sólo de los problemas del sector financiero? ¿Es que la quiebra de una parte de nuestro sector financiero, básicamente las Cajas, no es responsabilidad de la clase política? ¿Es que las Cajas no estaban bajo el control de los “amigos políticos”? ¿Quién señor Rajoy ha mandado o mangoneado en Caja Madrid primero y en Bankia después? ¿Es que no recordamos ya las luchas de poder por el control de la entidad entre el Partido Popular y Esperanza Aguirre? ¿Es que no ha estado gobernada por los hombres del Partido Popular?

Eso sí entre el cambalache y la milonga, géneros que Mariano interpreta como nadie, nos ha colado las compensaciones para que hoy los de derechas, sus corifeos, tengan algo con lo que contentarse: rebajará a partidos y a los odiados sindicatos un 20% en las subvenciones. No, no y mil veces no. Lo que tiene que hacer el gobierno es poner punto y final a esas subvenciones y que los partidos y los sindicatos los paguen sus afiliados, poniendo así fin al antidemocrático concepto de la democracia subvencionada. Ha anunciado entre grandes aplausos que rebajará el número de concejales, obviando que mucho me temo que serán los concejales de los pequeños pueblos que naturalmente no cobran.

Mariano ha pedido sacrificios a los ciudadanos, pero… ¿Por qué no ha anunciado que desde mañana mismo cesan todos los asesores que tienen los gobernantes populares a cualquier nivel (más de doscientos la señora Botella) invitando a la oposición a sumarse a la medida? ¿Por qué no ha anunciado que sus Comunidades Autónomas devuelven competencias al Estado? ¿Por qué no ha entrado en algo tan vital para nuestra economía como es poner fin al actual modelo autonómico?... y así, como diría un personaje de Disney, “hasta el infinito y más allá del infinito”. Pero, claro eso sería poner fin al sistema clientelar de los partidos que es el que mantiene protegidos los asientos de sus señorías. Es por ahí por donde se tiene que empezar a reconstruir económicamente España.

Los españoles no pagamos el sueldo a Mariano Rajoy para que se dedique a la improvisación, para que recurra a lo fácil a reducir la masa salarial y a recaudar más para cuadrar las cuentas, porque en el fondo todas esas medidas son para cuadrar unas cuentas que no hacen más que descuadrase. Le pagamos para que planifique, para que sea imaginativo, para que deje de improvisar mientras mira con cara de lechuga los triángulos que hacen las curvas macroeconómicas y, sobre todo, para que haga reformas estructurales que conduzcan a crear riqueza, a poner en marcha tejido industrial y no a repartir la miseria de lo que la clase política con su nefasta administración nos ha dejado.

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Dudo que alguien en España crea en la independencia del Poder Judicial y mucho menos de ese organismo que debiera reformarse o desaparecer denominado Tribunal Constitucional. Un tribunal de cuota como éste, de nombramiento político, a tanto por partido, rara vez disentirá de lo que en cada momento es conveniente. Cualquiera que haya seguido su historia, especialmente a raíz de la retirada de la paralización de la ley recurrida, habrá percibido como la tónica habitual de este Tribunal es dejar que transcurra el tiempo -no se caracteriza por su celeridad- convirtiendo la aplicación de la ley recurrida en un elemento de presión para que se admita su constitucionalidad o, en el mejor de los casos, se indique la necesidad de implementar algunos cambios que no afecten la continuidad de la misma. Es lo que ha sucedido con la aparentemente incomprensible e increíble legalización de SORTU, la nueva marca de Batasuna.

Recordemos que SORTU es un grupo que se limita a teóricas y difuminadas condenas de toda la violencia, que no reconoce el mal causado por el terrorismo al enmarcarlo dentro de una lucha legítima y que aspira a crear un Estado Vasco. Y muchos pensamos que SORTU ha sido legalizado porque así convenía a la política pretendidamente antiterrorista del momento presente. En este sentido el TC se ha limitado a dar carta de legalidad a una realidad evidente: la presencia de los batasunos en las instituciones a través de AMAIUR. Y que pese a las protestas verbales está políticamente normalizada. Así pues, si AMAIUR existe, si sus representantes actúan en política con total impunidad exaltando el terrorismo y a los terroristas, presentando a los terroristas como víctimas, ¿por qué razón SORTU debería permanecer en la ilegalidad cuando de hecho está legalizada?

Quienes tienen memoria -la desmemoria es habitual últimamente cuando se mientan las promesas olvidadas del gobierno- a buen seguro recordarán los anuncios de inmediatas ilegalizaciones de Amaiur en cuanto se llegara al poder, las palabras sobre la imposibilidad de que los terroristas estuvieran en las instituciones, etc, etc. Quienes tienen memoria recordarán cómo el partido que hoy gobierna apoyó las movilizaciones de las Víctimas del Terrorismo porque le permitían desgastar al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy, la realidad es que las Victimas se manifiestan solas, está sobre la mesa la impunidad para los terroristas no juzgados y se está aplicando, a través de esa estupidez denominada “vía Nanclares” una amnistía encubierta para los terroristas. Todo ello para facilitar el acuerdo con los terroristas que según nos dicen por activa y por pasiva nunca se producirá.

Tengo la impresión de que en el seno del gobierno se ha impuesto la línea de aquellos que estiman que para poner fin definitivo a ETA es necesario que el brazo político de los terroristas juegue con libertad absoluta a la política. Quizás porque en el seno del gobierno abunden los generales de César, que eran jóvenes y atrevidos en la Galia y orondos, acomodaticios y comprados por el sistema cuando se convirtieron en senadores. Piensan que una vez que los “políticos” de Batasuna vean los beneficios de la “política” se dejen de extremismos reales y se acomoden en la palabrería virtual. La misma tesis que impera en la inmensa mayoría del aparato socialista y que ahora embandera el ínclito Pachi López.

Estamos cansados de declaraciones formuladas al uninoso -que diría un personaje de Jardiel-  por los titulares de Interior y de Justicia. Ni creo en lo que diga el señor Fernández ni en lo que diga el señor Gallardón. Nos ha dicho Gallardón que no habrá amnistías. Pero eso no es nada nuevo. Legalmente es imposible, pero sí cabe, como ha dicho Gallardón, el perdón individual que hace posible la “vía Nanclares” para la excarcelación de etarras -en realidad todos los gobiernos han excarcelado etarras-; lo que en castellano real viene a ser lo mismo. Y nos lo ha dicho Pachi de forma meridianamente clara: “el objetivo es la reinserción, pero ese es un camino individual, porque no habrá amnistías ni concesiones generales”.

Batasuna necesitaba urgentemente la cobertura de un partido capaz de transformarse en formación hegemónica de cara a las próximas elecciones y esa era una de sus condiciones para seguir eso que ellos llaman el “camino hacia el fin del conflicto” y que el gobierno traduce como el “fin de ETA”. Sin SORTU los hijos de Batasuna tenían que llegar a acuerdos con Eusko Alkartasuna Aralar y Alternatiba. Sin SORTU los hijos de Batasuna carecían de instrumentos orgánicos de estructuración política territorial. Sin SORTU los hijos de Batasuna no podrían transformar su discurso en matriz ideológica de lo que ellos llaman “bloque soberanista”. Sin SORTU los hijos de Batasuna no podrían transformar su modelo más o menos asambleario en un entramado con una figura representativa. Con la legalización de SORTU los hijos de Batasuna se convertirán en los dirigentes de la izquierda aberzale y probablemente en le grupo político decisorio en Vascongadas.

Lo que va a ser SORTU, el camino táctico y estratégico que seguirá, aunque el TC lo haya ignorado, se ha definido en un largo debate en el que han participado los presos de ETA, que se puede seguir en infinidad de publicaciones más o menos legales. Pero la legalización de SORTU es para los hijos de Batasuna sólo una de sus exigencias. A ésta debe seguir la excarcelación de Arnaldo Otegui, futuro candidato a lendakari, la solución del tema de los presos y el reconocimiento de una impunidad que cada vez se muestra más como el insoslayable precio a pagar. Con ello SORTU considerará que se están cumpliendo las condiciones objetivas que le permitirán trabajar en política por la independencia. La contrapartida, el caramelo, el fin de ETA.

Frente a esta realidad el gobierno, apoyado por sus medios, anuncia a través del Ministro del Interior -poderoso señor es el sillón- que van a seguir de cerca las actividades y declaraciones de SORTU para comprobar que no es ETA. Probablemente el señor Fernández tenga los mismos problemas de visión que el inmortal Rompetechos si aún necesita comprobar que SORTU no tiene nada que ver con ETA. Pero, ¿qué más da? El gobierno necesitaba el titular para sus seguidores más encrespados: “que malo ha sido el Tribunal Constitucional herencia del zapaterismo pero nosotros ataremos en corto su decisión”. Pero, ¿qué pruebas necesitan el señor Fernández y el gobierno para iniciar los procesos de ilegalización, para aplicar la teóricamente aún vigente Ley de Partidos? ¿Es que no hemos oído a representantes de AMAIUR, como Maribi Ugarteburu, afirmar que la política penitenciaria española seguida con los terroristas está basada “en la crueldad, el sufrimiento y la venganza” o que España viola los derechos humanos por su política carcelaria con los etarras? ¿Es que esta misma representante no ha calificado la detención del terrorista Dorronsoro de “flagrante persecución policial a un ciudadano vasco”?

Tengo para mí que tanto el gobierno como la oposición están dispuestos a ceder también en el tema de los presos y en el reconocimiento de un cierto grado de impunidad. Recordemos que Pachi López nos ha explicado que en esta materia “en lo fundamental estamos todos de acuerdo” pero que la diferencia con Rajoy estriba en los tiempos de aplicación. Que nadie se escandalice, de hecho en España existe ya una cierta política de cesión a la impunidad. Oficialmente 314 asesinatos de ETA no han sido juzgados. Otros 78 quedaron impunes cuando se promulgó la Ley de Amnistía en 1977. Según se ha publicado en muchos casos ni tan siquiera tenemos proceso y en otros se busca aplicar la prescripción. El camino que ofrece el gobierno y la oposición a los presos es la “reinserción individualizada” con un humillante y disfrazada petición de perdón a las víctimas. Es normal que las Víctimas del Terrorismo se sientan defraudadas y que existe una cada vez más amplia presión para que se acepte la idea de que también los terroristas son víctimas.

 

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He tenido la santa paciencia de revisar prácticamente toda la información sobre el “rescate”, “ayuda financiera”, “préstamo”, “intervención enmascarada” que Luis de Guindos, con cara de pocos amigos y balbuceo en alguna respuesta, anunció en la histórica fecha del nueve de junio de 2012.

Histórica, porque sólo el tiempo dirá si es un punto y final o un punto y seguido; histórica, porque no sabemos si es el primer día de la cuenta atrás que, pese a su mayoría absoluta, llevará a la sustitución de Mariano Rajoy; histórica, porque hemos perdido un poco más de soberanía, aunque esto a muy pocos importe. Hoy, domingo mientras veo jugar a la selección española, no sabemos a ciencia cierta si España está medio intervenida o no, ni tan siquiera si estamos rescatados o no, ni si tenemos suficiente rescate o hará falta más. Lo cierto es que cuando todos, incluido el gobierno, esperaban atrasar cualquier tipo de intervención-rescate hasta después de las elecciones griegas y la próxima revisión de las cuentas por parte de la Unión Europea, el Eurogrupo, cansado de lo que para ellos es un grave problema, pues estamos hablando de la cuarta economía europea cuya situación está afectando gravemente a la estabilidad del Euro, ha hecho público un más que evidente “¡Hasta aquí hemos llegado!”. Y lo ha hecho, para desesperación de Mariano, cuando convenía al Euro y no cuando convenía al presidente del gobierno español especialista en retrasar las decisiones a ver si escampa.

Resulta cuanto menos curiosa la capacidad y la facilidad que tienen el gobierno y sus medios afines a la hora de tratar de cambiar la realidad. Lo que es la constatación de un fracaso anunciado se transforma ahora casi en el triunfo de un gobierno que ha obtenido un préstamo a bajo interés; en titulares que más parecen dictados por el señor Arriola, todopoderoso oráculo del gobierno y del Partido Popular, que por quienes se supone que son informadores independientes. Quienes tan sólo hace dos días denunciaban las “maniobras intoxicadoras”, para dañar a España, que alertaban sobre la petición del gobierno español al Banco Central Europeo de fondos para rescatar a los bancos españoles, han tenido que hacer borrón y cuenta nueva tras semejante muestra de servilismo. Medios que dedicaron portadas a alabar la fiereza de Mariano Rajoy cuando anunciaba que no habría intervención, que España no pediría dinero; a exaltar a la carismática Soraya Sáenz de Santamaría cuando, pensando que se dirigía al parlamento domesticado del “y tú más”, se llenó la boca para desmentir las noticias de que en la reunión del Eurogrupo -como así ha sido-  se iba a discutir el rescate de España.

Mariano Rajoy lleva quince días intentando evitar la intervención o mejor dicho intentando que la reforma de la Unión Europea, cediendo soberanía económica, le evite padecer un rescate que pondría fin a su carrera política. Y para ello no ha tenido empacho a la hora de utilizar los discursos de la Casa Real que supervisa el gobierno. La verdad es que, a estas alturas, yo ya no sé si Mariano Rajoy aspira a salvar a España o simplemente a salvar su permanencia en la Moncloa, porque recordemos que su única obsesión desde las elecciones perdidas tras el 11-M era ser presidente. Que nadie olvide que parte de la responsabilidad de la falta de confianza de los mercados es producto de sus decisiones retardatarias (aplazamiento para ganar en Andalucía de los Presupuestos), de lo que en muchas ocasiones no pasa de ser maquillaje y palabras; o de la incapacidad para gestionar una crisis tan grave como la de Bankia que nos ha conducido al punto sin retorno actual, algo sobre lo que muchos han tomado buena nota.

Ciertamente no se puede decir con rigurosidad que España haya sufrido un rescate, pero es un primer aviso. Ciertamente lo que ha hecho el Eurogrupo, por interés de la supervivencia del proyecto del Euro, para evitar la concatenación de problemas en la banca europea, es aprobar un rescate indirecto, parcial que no implique la desestabilización política y social que supondría una intervención muy difícil de articular en una economía de las dimensiones de la española. No sé si es posible sostener, en esos intentos de maquillar la realidad, como rotula algún medio, que se trata de un “rescate sin humillación” cuando lo cierto es que España ha sido obligada a pedir el rescate y Luis de Guindos a tragarse un sapo ante el que Mariano Rajoy ha decidido poner tierra por medio y marcharse a Polonia a salir en la foto del primer partido de la selección española, porque allí, atendiendo a sus sugerencias, con el patrocinio de Coca-Cola vamos a “demostrar a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos”. Y es que Mariano espera como un milagro el efecto propagandístico, anestesiante y dilatador de un triunfo de la selección en la Eurocopa en las encuestas de opinión.

Resulta evidente que el Eurogrupo no estaba dispuesto a tragar con las conveniencias de calendario de Mariano Rajoy, ni a aguantar otra semana durísima de incertidumbre ante lo que diga el informe de las auditorías sobre la realidad del sistema financiero español; ni a que la prima de riesgo española pudiera dispararse otra vez hacia los seiscientos puntos, tal y como se anunciaba; ni a que la cobarde y apátrida fuga de capitales continuara hundiendo las posibilidades de recuperación de España y como Mariano Rajoy es incapaz de generar confianza en los mercados tenia que ser la intervención exterior la que diera un respiro a nuestra economía. Aunque hasta que el acuerdo no esté cerrado continuemos en ese tobogán de subidas y bajadas en el que más de uno se está haciendo rico.

No van a venir, de momento, los hombres de negro tétricamente aireados por el otro responsable económico, plasmación del peaje a los equilibrios partidistas internos que Mariano Rajoy ha tenido que realizar a la hora del reparto del poder, Cristóbal Montoro, pero, pese al torpe intento de Luis de Guindos de ocultar la realidad, de circunscribir el rescate y sus consecuencias al sector financiero, vamos a estar controlados. No habrán supervisores en España nos han dicho, pero el Fondo Monetario Internacional supervisará el programa de ayuda. No habrán condiciones nos ha dicho, pero lo cierto es que tras el anuncio, tras fijar la cuantía final del préstamo, el BCE, el FMI y la Asociación de la Banca Europea establecerán las condiciones que el gobierno español deberá cumplir, porque no es un préstamo a la Banca, es un préstamo a España.

No es lo anterior todo. Luis de Guindos, y supongo que ese será el argumentario del gobierno, tuvo especial esmero a la hora de subrayar que lo que el definió como “ayuda financiera”, lo que no pasa de ser una solemne tomadura de pelo, no afectaría al resto de los ciudadanos. Es claro que el Ministro de Economía buscaba desesperadamente alejar la sospecha que todos los españoles tenemos de que este “rescate” impondrá nuevos ajustes, no tan duros como los que han sufrido los griegos o los portugueses, pero… La realidad es que, sea cual sea la cantidad final que España demande, que bien pudiera situarse sobre los 60.000/70.000 millones de Euros, se incrementará el ya de por sí elevado endeudamiento; que este préstamo, por blando que sea, incrementará el déficit y que el Eurogrupo ya ha recordado a España que una de las contrapartidas es cumplir con los acuerdos sobre el déficit lo que significa que el gobierno tendrá que realizar un nuevo ajuste. Ahí está el regalo envenenado, los hombres de negro camuflados, de este rescate.

Esperemos que ahora el análisis del Fondo Monetario Internacional no quede sepultado por los avatares del rescate y por la necesidad que tiene la casta política de salir de rositas de la crisis. El informe del FMI es claro y rotundo: el hundimiento del sistema financiero español tiene como responsables a los políticos, porque es la nefasta gestión política de las Cajas de Ahorro, obligadas a financiar los desmanes autonómicos, realizada tanto por los representantes del PP como los del PSOE, la que nos ha llevado a esta situación, pero esto es mejor que no lo entiendan los españoles y cada uno siga pensando que los suyos son unos santos y los otros unos demonios.

 

 

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Nos dijeron que en cuanto llegaran al poder generarían confianza y los “mercados”, ese ente abstracto que parece gobernarnos, cambiarían de signo con respecto a España; nos dijeron que las reformas eran el sacrificio que exigían los “mercados” para que España fuera económicamente viable; nos dijeron que tras los cien días de venia y reforma esa espada de Damocles que es la prima de riesgo comenzaría a dejar de preocuparnos; nos dijeron que en cuanto los Presupuestos fueran presentados los “mercados” aplaudirían y gratificarían el sacrificio español; nos dijeron que los poderosos, el eje anglo-alemán, confiaría en España… ¡Nos han dicho tantas cosas! Pero lo cierto es que la prima de riesgo anda por los terroríficos cuatrocientos puntos y la bolsa hispana en caída libre.

Ahora nos dicen que el sacrificio, el ajuste y el recorte realizado es insuficiente, que los Presupuestos presentados hace unos días son papel mojado porque tenemos que recortar otros diez mil millones de euros. Ahora nos dicen que lo que no se podía tocar es necesario tocarlo, porque así lo reforzaremos (¡excusa incomprensible!), que no queda más remedio que recortar en educación y sanidad… mañana nos dirán que nos aprestemos a bajarnos los pantalones de forma pública y notoria.

Cada vez que un experto, un docto economista, dictamina sobre el qué tiene que hacer el gobierno los españoles tenemos que echarnos a temblar. Ya lo dicen sin sordina y en breve el gobierno, a buen seguro, lo incorporará a sus recetas: es necesario recortar las pensiones, reducir los salarios de los funcionarios (eliminando una de sus pagas extras), subir el IVA al 23% (de golpe o en plazos), eliminar reducciones en los impuestos…y hacer de los españolitos una masa pobretona y paleta dispuesta a enjugarse la baba cada vez que vea a uno de esos europeos a los que hasta hace bien poco tosía.

Mientras, Mariano y su gobierno, se escudan, ante el fracaso evidente de unos programas de ajuste incapaces de generar confianza y de ser bendecidos por los “mercados”, con el apoyo y el beneplácito de su mariachi mediático, en decir que ellos, a diferencia de otros, nos dicen la verdad: que estamos muy mal. Se entretienen, y probablemente ya sólo sus leales les crean, en explicarnos, un día sí y otro también, que la culpa la tiene ese engendro del mal llamado José Luis Rodríguez Zapatero que nos colocó donde nos colocó. Y así sus bases pueden distraerse intentando quemar el muñeco roto.

Lo que no nos dice Mariano, lo que no quiere decir Mariano, es que si España no genera confianza es porque ha estado mareando la perdiz con las cifras de nuestro déficit; porque aplazó la necesaria y urgente publicación de los Presupuestos para intentar apoltronar al amado Javier Arenas; porque en esos Presupuestos se cuenta con ingresos que no es posible garantizar (el artificio de la amnistía fiscal encubierta para los defraudadores); porque lo que los “mercados” le dicen a España, por activa y por pasiva, es que el problema no es de crédito, no es de deuda, es del Estado de las Autonomías que es incapaz de generar la más mínima credibilidad.

Para que España genere confianza lo que es necesario es que el Estado sea Estado, que las Autonomías sean entes subordinados y no elementos díscolos o destructores; lo que los “mercados” dicen es que es necesario reformar el Estado y no dedicarse a tratar de desviar la atención prometiendo meter a más niños en las clases para ahorrar unos miles de euros. El problema que tenemos es que eso tocaría directamente al sistema clientelar que garantiza el poder en ocasiones al PP y en ocasiones al PSOE. El problema es que la casta política y sindical, un auténtico ejército de algunas decenas de miles de personas, no quiere renunciar a los coches oficiales, a las bicocas, a los asientos en los consejos de administración, a las direcciones de las empresas creadas en el inútil INI autonómico-municipal, al ejército de asesores que les acompañan, a las tarjetas de crédito, a los móviles y a recompensar a los amigos mediante la subvención. Y como Mariano, producto de la casta, no quiere hacerlo España se puede ir al garete, perder su soberanía, quedar intervenida y don Mariano retirarse tranquilamente, con sueldo público incluido, a meditar en la soledad de un pazo.

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Quizás alguien, llevado por una ingenuidad digna de elogio, bien fuera en la derecha o en la izquierda hispana, pudiera haber pensado que la “huelga general”, en realidad huelga particular, tenía como objetivo único trasladar a la calle la teórica protesta social ante las medidas de ajuste-recorte adoptadas por el gobierno del Partido Popular. Interpretando de este modo los hechos, unos, se han afanado a la hora de exaltar la derrota sindical ya que el seguimiento de la jornada de protesta ha sido globalmente muy limitado y sólo un poco superior a lo que aconteció en la “huelga de mentirijillas” convocada en los infaustos tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero; otros, han procurado trucar las cifras para hablar de porcentajes de seguimiento superiores al 70%, que en realidad sólo se vieron en los sectores industriales y que prosperaron merced a la acción de los piquetes coercitivos, ya que éste debiera ser su verdadero nombre.

En los “mercados”, es decir, en ese conjunto de intereses invisibles que impone ajustes y reformas a los gobiernos, y especialmente al de don Mariano Rajoy, pese a las voces alarmistas del empresariado, feroz defensor de la reforma laboral y que pide a gritos más marcha al gobierno en este campo, que por boca de su presidente nos decía que una huelga repercutiría negativamente en la imagen de España (¿ignora el señor Rosell que en Francia llevan un rosario de huelgas sin que éstas hayan empañado su imagen o credibilidad?), la huelga general, con éxito o sin él, estaba amortizada de antemano. ¿Alguien podría pensar que una reforma que atenta directamente contra los derechos de los trabajadores, que contribuye a la disminución de los salarios, a la inseguridad y al empobrecimiento no tendría una protesta airada en la calle, aunque en esta ocasión fuera una protesta realizada a través de esos organismos extraños en el Estado denominados sindicatos? Como, además, la huelga no ha paralizado el país, aunque sí algunos sectores industriales básicos, tal y como han dicho los mercados aparentemente no existe realmente una oposición social a las reformas capaz de pararlas. Es más, yo diría, que esta errónea tesis abona la posibilidad, tal y como se está viendo, de ampliarlas.

Convendría a los “mercados”, a los voluntariosos “señores de derechas” a los que cualquier protesta social provoca sarpullidos y erupciones, a los medios al servicio del gobierno que cantan, cual si fueran las gestas de Aquiles, las heroicas y acertadas decisiones de Mariano Rajoy en sus cien días de gobierno, y a tanto bobo metido a opinante orgánico que anda suelto (aquellos que según Gramschi cumplían el papel de legitimar las decisiones del poder), evitar realizar lecturas simplistas e interesadas de la realidad. El fracaso del 29-M como huelga general, como movilización social contra los ajustes-recortes del gobierno, no implica que no exista una amplia situación de descontento; al contrario, lo nos dice el 29-M es que los elementos de control de la frustración, de la indignación, que son los sindicatos y los partidos de izquierda no son aún, como ellos quisieran, los legítimos representantes de la protesta. No es que los españoles, al menos el 56% de los españoles, apoyen las reformas-ajustes-recortes, es simplemente que no otorgan a los sindicatos la legitimidad de la representación de la misma porque los consideran piezas del mismo sistema, sátrapas que tienen el mismo nivel de responsabilidad en la quiebra de España que la casta política. Probablemente, incluyendo el que suscribe, son muchísimos más los españoles que hubieran ido a la huelga de los que  han ido. No lo han hecho sencillamente porque les repugna la manipulación, el mar de banderas rojas, la burocracia burguesa sindical, el ejército de liberados que vive a costa del erario público, la esquilmación del Estado realizada por unos sindicatos devenidos en ricopropietarios en muchas ciudades, el chanchullo y la subvención; porque, por múltiples circunstancias, no pueden permitirse el lujo de perder un día de trabajo; porque el gobierno, sus medios afines, sus opinantes y el inefable mariachi que les acompaña andan desde hace meses empeñados en evitar la identificación de la culpabilidad enfrentando a trabajadores con funcionarios, a funcionarios con funcionarios, a parados con parados, a autónomos con obreros; porque los mismos que se han convertido en los paganos de los caprichos de la casta, aquellos a los que se les está metiendo con total descaro la mano en el bolsillo, son aquellos que siguen creyendo que existe una Patria que no puede permitirse las pérdidas millonarias de un día de huelga.

Pero el 29-M no era en realidad una jornada de protesta contra la reforma-ajuste-recorte. Era la imagen que la izquierda quería dar de sí misma al filo de los cien días de gobierno de Mariano Rajoy, la del poder de la calle. Y no sería prudente ignorar que en toda España proliferaron importantes manifestaciones de izquierda en la tarde de la huelga general. Unas manifestaciones henchidas por lo acontecido en las elecciones andaluzas donde, como se alardea, en menos de tres meses han “parado a la derecha”, representada por ese epígono del señorito andaluz llamado Javier Arenas. Henchidas también porque las elecciones andaluzas han puesto sobre la mesa el rápido desgaste que está sufriendo el gobierno: en tres meses el PP ha perdido en Andalucía la friolera de medio millón de votos. Vociferantes, porque en la hoja de ruta de Pérez Rubalcaba está la posibilidad de que el desgaste del gobierno sea de tal magnitud que Mariano Rajoy no llegue a cumplir los dos años en la Moncloa y él está dispuesto a echar una o dos manos para ello. De ahí esas tímidas voces que hablan de un gobierno que, contando con el apoyo del PSOE, tenga como objetivo hacer frente a la crisis. Aunque otros planteen otro tipo de esperanza si llegado el momento Mariano es incapaz de hacer frente al increscendo de la calle con que amenaza una izquierda deseosa, para recuperar el poder, de ser la única usufructuaria del descontento social.

Se cierra el beneficio de los cien días. Unos, los amigos del gobierno, exaltan las decisiones de un valiente al que pedían más reformas-ajustes-recortes. Otros, cierran la centena con la protesta. Saldado, con aparatosa derrota, el tema andaluz, Mariano ha anunciado nuevos recortes confirmando la tesis de quienes afirmábamos que estaba esperando que se celebraran los comicios para que Javier Arenas pudiera ganar. Lo que, curiosamente, desde la óptica del gobierno, de los mercados y de los medios que le son afines, es la aplicación de la más estricta noción del partidismo anteponiendo la sed de poder a los intereses de España (¿no nos decían que las reformas no se podían atrasar?).

No tiene Mariano Rajoy poetas que le compongan coronas de sonetos en su honor, pero sí un florido ramillete de periodistas, tertulianos y comentaristas que han alabado como grandes hitos su Ley de Estabilidad Presupuestaria, su reforma laboral, la garantía del pago a proveedores, la Ley de Transparencia, la reforma financiera, la propuesta de emprendedores o el ignoto cambio en materia energética… son los mismos que se han apresurado a exaltar la intolerable amnistía fiscal para los dueños del dinero negro, que callan ante la necesaria persecución de la economía sumergida… Y sobre todo aplauden enfervorizados la respuesta de don Mariano a la exaltación izquierdista y a la derrota andaluza: el anunciado incremento del ignoto programa de reformas-ajustes-recortes.

No es suficiente el espacio de un artículo, que ya es excesivamente amplio, para ir desgranando las debilidades, y también las injusticias, de esas reformas-ajustes-recortes. Tiempo habrá.  Ni de recordar al bueno de don Mariano la parte que tiene de la responsabilidad en la situación actual, porque él, que sí sabía que había crisis, no movió un dedo para que sus Comunidades Autónomas (Murcia o Valencia por ejemplo) acabaran con el dispendio. Ni tan siquiera para matizar la última trinchera de sus defensores afirmando que se ha propuesto, como gran heroicidad, no reducir ni las pensiones ni los sueldos de los funcionarios (aunque en realidad sí se ha producido esa reducción a la inversa). Ni de entrar en la querencia a los beneficios del titular que muestra el gobierno, como por ejemplo sucede con una Ley de Transparencia que se queda a medio camino y que en el fondo deja en manos de los políticos la aplicación de la misma, cuando lo que se tenía que hacer era simplemente aplicar los códigos vigentes.

No creo que ni una sola de las medidas aprobadas sirva para impulsar el crecimiento económico que necesitamos en porcentajes significativos, ni que contribuyan a la reactivación del consumo de forma determinante, ni que creen empleo… Mariano ha anunciado que este año perderemos otros seiscientos mil empleos. Estas medidas tienen otro objetivo, el de recaudar más y gastar menos para salvar más que a España a la propia clase política y al destructivo Estado de las Autonomías. Y lo más peligroso, lo que ya se detecta en estos cien días, es que pese a que los amigos políticos continúen diciéndonos que la inmensa mayoría de los españoles confía en la capacidad de gestión económica del gobierno, la indignación, la proletarización y el desasosiego acaben empujando a los españoles a los brazos de la izquierda. Lo he escrito en otras ocasiones: alguien debería recordar a Rajoy que el PP no ganó las elecciones, simplemente el PSOE perdió cuatro millones de votos. Lo que aparentemente puede ser igual pero no es lo mismo.

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Resulta cuanto menos sorprendente la panoplia de justificaciones que está exhibiendo el gobierno para vender como maravillosa, justa y necesaria una reforma laboral que ahora entra en el imprescindible trámite parlamentario. Recordemos: en primera instancia era la reforma necesaria que, por arte de magia, iba a crear empleo en cuanto se pusiera en marcha; después, el sacrificio preciso para salir de la crisis y conseguir que los que no tienen empleo pudieran trabajar aun cuando fuera en precario y, ahora la milagrosa fórmula que no sabemos por qué intrincado conjuro, dentro de un año, más o menos, creará empleo, porque según el gobierno anuncia a lo largo de este año se destruirán seiscientos mil puestos de trabajo y el número de parados, pese al más de medio millón de españoles y extranjeros que han abandonado el país, puede que se aproxime a los seis millones.

Así pues estamos ante una “necesaria” reforma laboral que, según dicen, restará protección a los que tienen trabajo para preocuparse por los que no lo tienen y cuyos efectos positivos no se notarán hasta dentro de nueve o diez meses. Una reforma que, se pinte como se pinte, se disimule como se disimule, contribuirá a la proletarización de las clases medias, la caída de los salarios y la inestabilidad permanente en el empleo. Aderezada además con un recorte de derechos que dependerá en su extensión del grado de bondad y voluntarismo de las personas.

Como contraposición, como nivelador de la balanza, trata de contentarnos el actual titular de Economía con la afirmación de que esta reforma creará un millón de empleos. O sea, más o menos, los que van a desaparecer este año con la reforma en vigor. Lo que no dice el titular de Economía es que por fuerza el próximo año se creará empleo, con reforma o sin ella, porque la economía española habrá tocado fondo y, en buena lógica, cualquier pequeño crecimiento generará empleo, aunque ya veremos como será ese empleo. Por lo que dentro de un año, conformándose con esos pequeños crecimientos, podrá decir que su reforma ha sido “chanchipiruli”, aunque se tope en la calle con un torrente cada vez más amplio de indignados que ya poco tendrán que ver con la manipulación ultraizquierdista, pero del que la izquierda se va a beneficiar.

Dejemos claro que esta reforma laboral es, como la posible subida del IVA o la escalada del precio de los carburantes, una imposición de los mercados y de nuestro entorno. La situación del mercado laboral español, con su alta protección al trabajador, con un exceso de derechos y obligaciones contractuales, es una anomalía con respecto a otros países con la que se quería acabar. Los servidores del mercado, los que no tienen más referente que los vástagos del ultraliberalismo de las últimas décadas, creen a pies juntillas que el sistema de protección del trabajador es una barrera para el crecimiento económico, de ahí el consenso existente sobre la necesidad de la reforma que va desde los sectores más liberales de la socialdemocracia a todo el centro y derecha, incluyendo algunas facciones de lo que habitualmente se denomina extremaderecha.

Por el contrario, resulta curioso, mirando hacia atrás, que España llegara a situaciones de pleno empleo, aunque ciertamente en coyuntura distinta, teniendo un sistema de alta protección del trabajador y escasa flexibilidad del mercado laboral y que ahora se mantenga que esa política es la responsable de la altísima tasa de paro existente en España.

Dejemos claro que la reforma laboral no va a crear empleo en los términos que España necesita. Es la reforma para el reparto de la miseria y no para la creación de la riqueza. Es el parche de los que han aceptado que la economía española tenía que convivir con un paro estructural situado en cifras próximas a los dos millones de trabajadores y no hicieron nada para eliminarlo. Es la opción de los que no fueron capaces de abordar la necesaria reforma estructural de la economía española para que ésta ganara en productividad y competitividad, para que desarrollara un nuevo tejido industrial que hiciera a nuestra economía, como sucede en los países del norte, menos vulnerable a los caprichos interesados de unos mercados dominados por los grupos especulativos. Es la apuesta de los que dieron vida al gran espejismo de una riqueza ficticia basada en la especulación, el dinero fácil, la venta de los ahorros y el maná de los fondos que venían del extranjero. Por ello son tantos los que están dispuestos a aplaudirla, aunque me parece que son muchísimos más los que la vituperan porque ellos son los que van a sufrir sus consecuencias.

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                        Ahora que estamos en plan resaca de los Oscar me viene a la memoria la frase de un personaje, disminuido mentalmente, que a la más mínima ocasión decía: “Mi mamá dice que tonto es el que hace tonterías”. Lo que implica que la tontuna no es de raíz genética sino que es una condición que se adquiere en el ejercicio de la vida.

He recordado la frase al hilo de las últimas acciones del gobierno implementadas por la tríada Rubalcaba-Rodríguez-Blanco: apagar la luz y reducir la velocidad para ahorrar energía. Medidas, rápidas y eficaces, adoptadas ante la “inesperada” subida del precio del barril de petróleo como consecuencia de las revueltas que se están produciendo en el mundo islámico y especialmente en países productores como Libia.

 Es posible que, si nos encontráramos ante una situación sin visos de solución, ante una crisis general sin salida posible, lo que no parece que vaya a suceder, o ante la perspectiva, por ejemplo, de una larga guerra civil en Libia, peligro muy improbable aunque sólo sea por razones geoestratégicas, tuviera Occidente que implementar medidas no reduccionistas sino claramente restrictivas que nada tienen que ver con la tontería de bajar diez kilómetros la velocidad de crucero en autovías y autopistas (tesis de ahorro que ha dejado a muchos expertos absolutamente anonadados). Las medidas adoptadas por el gobierno y la justificación real de las mismas, la aparentemente nueva chapucilla gubernamental, tienen otras razones harto distintas. La realidad es que el gobierno ha adoptado tan ingeniosas respuestas por otros motivos. 

Primero, porque, como de costumbre, los actuales Presupuestos Generales del Estado están hechos de forma tan ajustada, para que cuadraran los números y dieran apariencia de contención, que no se estimó posible que se produjera una variación sensible en el precio del barril, por lo que las partidas destinadas a compensar los imprevistos son insuficientes. No contemplar la posibilidad de una variación importante en el precio del petróleo resulta especialmente grave cuando España tiene que pagar una abultada factura energética porque, en los últimos treinta años, ningún gobierno se ha preocupado de asentar un Plan Energético capaz de reducir dicha factura. 

Segundo, porque con estas medidas, aparentemente enérgicas y eficaces merced a la propaganda, se busca, una vez más, transmitir la sensación de que el gobierno trabaja y de que la culpa de la mala situación económica radica en agentes externos que torpedean la maravillosa gestión socialista. Lo que a un manipulador tan consumado como Rubalcaba le resulta enormemente atrayente haciendo feliz a toda la maquinaría propagandística socialista. 

Tercero, porque soy un mal pensado y pienso que el gobierno busca compensar sus problemas de caja con el rosario de multas que van a sufrir los conductores en las carreteras, porque algunos creemos que más que la seguridad vial lo que preocupa a Rubalcaba es la cuenta de resultados económicos de la recaudación.

 Cuarto, porque seguramente algún “primo” acabará lucrándose merced al inventillo y fabricación de la pegatina imantada que van a colocar sobre miles de señales de tráfico en toda España. Afortunadamente los números no necesitan traducción a las otras lenguas cooficiales.

 Y si alguien se estrella, le atracan o es violado por falta de visibilidad que no se preocupe porque Rubalcaba le colocará una condecoración por los servicios prestados.

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