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La legalización de SORTU o la puerta hacia la impunidad.

Dudo que alguien en España crea en la independencia del Poder Judicial y mucho menos de ese organismo que debiera reformarse o desaparecer denominado Tribunal Constitucional. Un tribunal de cuota como éste, de nombramiento político, a tanto por partido, rara vez disentirá de lo que en cada momento es conveniente. Cualquiera que haya seguido su historia, especialmente a raíz de la retirada de la paralización de la ley recurrida, habrá percibido como la tónica habitual de este Tribunal es dejar que transcurra el tiempo -no se caracteriza por su celeridad- convirtiendo la aplicación de la ley recurrida en un elemento de presión para que se admita su constitucionalidad o, en el mejor de los casos, se indique la necesidad de implementar algunos cambios que no afecten la continuidad de la misma. Es lo que ha sucedido con la aparentemente incomprensible e increíble legalización de SORTU, la nueva marca de Batasuna.

Recordemos que SORTU es un grupo que se limita a teóricas y difuminadas condenas de toda la violencia, que no reconoce el mal causado por el terrorismo al enmarcarlo dentro de una lucha legítima y que aspira a crear un Estado Vasco. Y muchos pensamos que SORTU ha sido legalizado porque así convenía a la política pretendidamente antiterrorista del momento presente. En este sentido el TC se ha limitado a dar carta de legalidad a una realidad evidente: la presencia de los batasunos en las instituciones a través de AMAIUR. Y que pese a las protestas verbales está políticamente normalizada. Así pues, si AMAIUR existe, si sus representantes actúan en política con total impunidad exaltando el terrorismo y a los terroristas, presentando a los terroristas como víctimas, ¿por qué razón SORTU debería permanecer en la ilegalidad cuando de hecho está legalizada?

Quienes tienen memoria -la desmemoria es habitual últimamente cuando se mientan las promesas olvidadas del gobierno- a buen seguro recordarán los anuncios de inmediatas ilegalizaciones de Amaiur en cuanto se llegara al poder, las palabras sobre la imposibilidad de que los terroristas estuvieran en las instituciones, etc, etc. Quienes tienen memoria recordarán cómo el partido que hoy gobierna apoyó las movilizaciones de las Víctimas del Terrorismo porque le permitían desgastar al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy, la realidad es que las Victimas se manifiestan solas, está sobre la mesa la impunidad para los terroristas no juzgados y se está aplicando, a través de esa estupidez denominada “vía Nanclares” una amnistía encubierta para los terroristas. Todo ello para facilitar el acuerdo con los terroristas que según nos dicen por activa y por pasiva nunca se producirá.

Tengo la impresión de que en el seno del gobierno se ha impuesto la línea de aquellos que estiman que para poner fin definitivo a ETA es necesario que el brazo político de los terroristas juegue con libertad absoluta a la política. Quizás porque en el seno del gobierno abunden los generales de César, que eran jóvenes y atrevidos en la Galia y orondos, acomodaticios y comprados por el sistema cuando se convirtieron en senadores. Piensan que una vez que los “políticos” de Batasuna vean los beneficios de la “política” se dejen de extremismos reales y se acomoden en la palabrería virtual. La misma tesis que impera en la inmensa mayoría del aparato socialista y que ahora embandera el ínclito Pachi López.

Estamos cansados de declaraciones formuladas al uninoso -que diría un personaje de Jardiel-  por los titulares de Interior y de Justicia. Ni creo en lo que diga el señor Fernández ni en lo que diga el señor Gallardón. Nos ha dicho Gallardón que no habrá amnistías. Pero eso no es nada nuevo. Legalmente es imposible, pero sí cabe, como ha dicho Gallardón, el perdón individual que hace posible la “vía Nanclares” para la excarcelación de etarras -en realidad todos los gobiernos han excarcelado etarras-; lo que en castellano real viene a ser lo mismo. Y nos lo ha dicho Pachi de forma meridianamente clara: “el objetivo es la reinserción, pero ese es un camino individual, porque no habrá amnistías ni concesiones generales”.

Batasuna necesitaba urgentemente la cobertura de un partido capaz de transformarse en formación hegemónica de cara a las próximas elecciones y esa era una de sus condiciones para seguir eso que ellos llaman el “camino hacia el fin del conflicto” y que el gobierno traduce como el “fin de ETA”. Sin SORTU los hijos de Batasuna tenían que llegar a acuerdos con Eusko Alkartasuna Aralar y Alternatiba. Sin SORTU los hijos de Batasuna carecían de instrumentos orgánicos de estructuración política territorial. Sin SORTU los hijos de Batasuna no podrían transformar su discurso en matriz ideológica de lo que ellos llaman “bloque soberanista”. Sin SORTU los hijos de Batasuna no podrían transformar su modelo más o menos asambleario en un entramado con una figura representativa. Con la legalización de SORTU los hijos de Batasuna se convertirán en los dirigentes de la izquierda aberzale y probablemente en le grupo político decisorio en Vascongadas.

Lo que va a ser SORTU, el camino táctico y estratégico que seguirá, aunque el TC lo haya ignorado, se ha definido en un largo debate en el que han participado los presos de ETA, que se puede seguir en infinidad de publicaciones más o menos legales. Pero la legalización de SORTU es para los hijos de Batasuna sólo una de sus exigencias. A ésta debe seguir la excarcelación de Arnaldo Otegui, futuro candidato a lendakari, la solución del tema de los presos y el reconocimiento de una impunidad que cada vez se muestra más como el insoslayable precio a pagar. Con ello SORTU considerará que se están cumpliendo las condiciones objetivas que le permitirán trabajar en política por la independencia. La contrapartida, el caramelo, el fin de ETA.

Frente a esta realidad el gobierno, apoyado por sus medios, anuncia a través del Ministro del Interior -poderoso señor es el sillón- que van a seguir de cerca las actividades y declaraciones de SORTU para comprobar que no es ETA. Probablemente el señor Fernández tenga los mismos problemas de visión que el inmortal Rompetechos si aún necesita comprobar que SORTU no tiene nada que ver con ETA. Pero, ¿qué más da? El gobierno necesitaba el titular para sus seguidores más encrespados: “que malo ha sido el Tribunal Constitucional herencia del zapaterismo pero nosotros ataremos en corto su decisión”. Pero, ¿qué pruebas necesitan el señor Fernández y el gobierno para iniciar los procesos de ilegalización, para aplicar la teóricamente aún vigente Ley de Partidos? ¿Es que no hemos oído a representantes de AMAIUR, como Maribi Ugarteburu, afirmar que la política penitenciaria española seguida con los terroristas está basada “en la crueldad, el sufrimiento y la venganza” o que España viola los derechos humanos por su política carcelaria con los etarras? ¿Es que esta misma representante no ha calificado la detención del terrorista Dorronsoro de “flagrante persecución policial a un ciudadano vasco”?

Tengo para mí que tanto el gobierno como la oposición están dispuestos a ceder también en el tema de los presos y en el reconocimiento de un cierto grado de impunidad. Recordemos que Pachi López nos ha explicado que en esta materia “en lo fundamental estamos todos de acuerdo” pero que la diferencia con Rajoy estriba en los tiempos de aplicación. Que nadie se escandalice, de hecho en España existe ya una cierta política de cesión a la impunidad. Oficialmente 314 asesinatos de ETA no han sido juzgados. Otros 78 quedaron impunes cuando se promulgó la Ley de Amnistía en 1977. Según se ha publicado en muchos casos ni tan siquiera tenemos proceso y en otros se busca aplicar la prescripción. El camino que ofrece el gobierno y la oposición a los presos es la “reinserción individualizada” con un humillante y disfrazada petición de perdón a las víctimas. Es normal que las Víctimas del Terrorismo se sientan defraudadas y que existe una cada vez más amplia presión para que se acepte la idea de que también los terroristas son víctimas.

 

2 comentarios

Francisco Torres -

Estimado amigo, pues precisamente por eso, porque así le salvan algunas papeletas y puede echarle la culpa a un TC hechura socialista.

José Ramón Benito Mendoza -

¿Por qué Rajoy no ha renovado el TC y, de acuerdo con Rubalcaba, ha permitido que los mismos que legalizaron Bildu hayan legalizado Sortu?

http://loqueveoenelcamino.blogspot.com.es/2012/06/el-tribunal-constitucional-el-ppsoe-y.html