Cuando yo, por sentido del deber, hice la mili -historias que aún podemos contar algunos millones de españoles-, frisando el inicio de los años noventa, en las maniobras se tenía un enemigo. Por el lugar de las mismas el supuesto táctico, dentro del marco europeo, contemplaba como tal una hipotética acción de los ejércitos del Pacto de Varsovia encabezados por la URSS. ¡Casi nada! Me viene a la memoria aquella situación al leer que el actual Ministro de Defensa -peaje pagado de Mariano- ha decidido dar una vuelta de tuerca restrictiva a la ya de por sí cercenada libertad de expresión de los militares. Dado que ahora no podemos tener enemigos, porque me parece que el Ministerio no tiene ni para hacer supuestos tácticos, parece que el señor Morenés ha encontrado un nuevo enemigo: los correos electrónicos, los blogs, Facebook y otras armas de destrucción masiva.

Recuerdo que durante la transición, además de aquello del “ruido de sables”, al ejército se le denominó el “gran mudo”, cuando debido a la tan alabada como nefasta labor de un sacralizado Manuel Gutiérrez Mellado debió de llamársele el “gran amordazado”.  Durante dos décadas cada opinión vertida por un militar, que naturalmente no gustara al gobierno de turno, aun cuando fuera sobre cuestiones meramente profesionales, se pagaba con arrestos. Era la plasmación de la gran contradicción que supone por un lado considerar la libertad de expresión como un absoluto y por otro limitar/eliminar este derecho para determinados grupos, fundamentalmente los militares.

La eliminación de la libertad de expresión para los militares se justificaba porque en la necesidad de tener enemigos, en los inicios de la Transición, la izquierda consideró a los mandos militares como el principal enemigo de la libertad y al centro-derecha le gustó jugar con la amenaza golpista para autoprotegerse. Es evidente que, como en otras muchas profesiones, debido a su naturaleza, la libertad de expresión para los militares no es un absoluto. Al igual que un médico o un abogado no pueden hablar sobre determinadas cuestiones, los militares no pueden hacerlo; pero esta autolimitación poco tiene que ver con la mordaza que todos los gobiernos prefieren aplicar sobre ellos. En el fondo porque lo que a todo gobierno gustaría sería censurar a cualquiera que le llevara la contra.

Tengo para mí que, por debajo de toda la hojarasca publicitaria, el silencio impuesto por sanción a los militares tenía como objetivo evitar que aflorare la crítica al nuevo modelo de Fuerzas Armadas, pergeñado por el equipo de Manuel Gutiérrez Mellado, y a la transformación de las mismas en un ejército profesional cuya realidad poco tiene que ver con lo anunciado. Muy pocas han sido las voces, todas ellas de un modo u otro perseguidas, que se han levantado en las dos últimas décadas para denunciar la situación real de nuestras Fuerzas Armadas, el desmantelamiento de unidades vitales, las deficiencias logísticas y las limitaciones operativas que no cubren las necesidades objetivas de nuestra defensa nacional. Situación a la que han contribuido la mayor parte de los nefastos ministros que han ocupado esta cartera como las cúpulas militares que cada uno se ha fabricado para que actuaran como silenciosos palmeros.

Llegados a este punto, cuando el gobierno actual parece dispuesto, amparándose en la necesidad de acometer recortes, a poner en marcha un proceso que limite el ejército español a unas pocas unidades operativas, reduciendo el número de efectivos y enviando los aparatos al almacén, se necesita más que nunca el silencio de los militares.  De ahí que el gobierno haya optado, enfundado en esas reformas propagandísticas que de poco sirven pero que a menudo se exhiben a modo de inventario de la gran actividad gubernativa, por ampliar la mordaza con un nuevo “régimen disciplinado de las FAS”.

Ciertamente, hasta ahora, a los militares, como a otros grupos, les estaba prohibido realizar manifestaciones políticas de carácter partidista, pero ello no implica que un militar no pueda dar su opinión con respecto a cuestiones concretas o sobre temas que son consustanciales con su profesión.  ¿En base a qué se podría imponer una sanción a un militar por mostrarse a favor de la unidad de España, por protestar ante las injurias a los símbolos nacionales o  por denunciar la vulneración de la propia Constitución cuando constitucionalmente tiene la misión de ser garante de ambas? ¿Cómo se podría sancionar a un militar por denunciar en público o por conducto reglamentario o por comentarlo con otros compañeros el estado de abandono y la falta de medios de su unidad? ¿Es que no es competencia y responsabilidad suya el mantenimiento de su unidad en condiciones de operatividad? ¿Por qué un militar no puede decir que el Ministro es un perfecto inútil cuándo todos podemos calificar de inútiles a nuestros ilustrados ministros?

Tenemos, según se nos dice reiteradamente, un ejército altamente profesionalizado donde lo fundamental es su competencia técnica. Y ante este modelo, alejado de mitos e inventos involucionistas, ¿cómo se puede elaborar un proyecto de nuevo régimen disciplinario para las FAS de carácter retrógrado y cercenador de la libertad individual? Si las filtraciones son ciertas, y no me cabe duda que lo son por el origen de las mismas, lo que el actual Ministro pretende es acabar con la libertad individual de los militares, pues será merecedora de sanción cualquier opinión que no se ajuste a la disciplina en las redes sociales, en blogs, etc… e incluso en los correos electrónicos enviados. Lo que a mi juicio no sólo es, en algunos casos, una intolerable intromisión en la intimidad sino que además tal disposición pudiera llegar a ser considerada como constitutiva de un delito gravísimo en cualquier régimen de libertades.

Lo que más me asombra es que ante tamaño dislate guarden silencio sepulcral las vestales de la libertad.

 

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