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El objetivo principal de la ideológica, socialista y manipuladora “Ley de la memoria histórica” era construir una “verdad oficial” a la que todos deberían rendir pleitesía. Intelectualmente debería haberse producido una contestación general a la pretensión de una parte sectaria de la clase política de imponer a una serie de temas, que deben ser objeto de investigación científica, que ya sólo deberían ser historia, unas conclusiones a priori a las que adaptar cualquier tipo de trabajo; pero para acallar la siempre dúctil conciencia estaba el ambicioso programa de subvenciones con las que sufragar los estudios más nimios que vinieran a secundar los objetivos de la ley. Así nos encontramos con la discriminación que supone abordar cualquier tipo de estudios referidos al período de la II República, la guerra y el régimen de Franco: si se hace en consonancia con la “memoria histórica” de la izquierda se obtiene una cuantiosa subvención, si no se está en consonancia el trabajo lo tiene que sufragar el investigador de su bolsillo. Y al igual que hace unos años para progresar en determinados ambientes se tenía que rendir pleitesía a las tesis prehechas del desprestigiado Tuñón de Lara hoy, para progresar curricularmente, se tienen que loar las falsedades de la “memoria histórica”.

La ley de la “memoria histórica” tiene su antecedente en la condena parlamentaria al mal denominado “golpe” de julio de 1936. Condena a la nada, porque el 18 de julio no fue, en realidad, un golpe de Estado o un golpe militar. Precisemos, lo fue en su concepción pero no en su realidad en desarrollo. Es más, si hubiera sido sólo eso, un golpe militar, los republicanos lo hubieran aplastado en pocos días. Dejémoslo claro, el 18 de julio de 1936, y el 19, y el 20 y el 21, lo que se produjo fue una auténtica sublevación popular; sin esa aportación traducida en decenas de miles de voluntarios para la lucha, con una movilización en retaguardia de cientos de miles, insisto, el “golpe militar” hubiera sido vencido. Ahora bien, ese carácter popular, destruye el mito de la izquierda, también grato ahora al centro-derecha, del enfrentamiento entre el siempre temible y dictatorial ejército y un pueblo desarmado que lucha heroicamente en defensa de la libertad y la democracia.

Ya lo alumbraba la condena parlamentaria y lo confirma la “ley de la memoria histórica”. Dice esta nueva verdad oficial: en julio de 1936 se produjo un golpe militar o fascista, según los gustos, contra la democracia, algo que curiosamente admiten como cierto en muchas tertulias diputados populares cuando se les plantea este tema. Pero, ¿en 1936 existía la democracia en España?

Confundir la democracia con la II República e incluso identificar la forma de gobierno republicana con la II República es un error y una falsificación de la realidad. Dejémoslo claro: la II República intentó ser en sus inicios una democracia excluyente. En la mentalidad de los republicanos el régimen era concebido de forma patrimonial, de tal modo que sólo los partidos republicanos y los de izquierda tenían derecho a detentar el poder y todos los demás eran considerados antirrepublicanos y por tanto debía negárseles la legitimidad para gobernar, independientemente del resultado de las urnas.

La II República dejó de ser, en su desarrollo, una democracia: mantuvo, por ejemplo, un régimen de censura de prensa y cuando quiso se permitió cerrar periódicos fundamentalmente derechistas, lo que resulta incompatible con la democracia; proscribió la libertad de educación, prohibiendo los colegios religiosos; persiguió a los católicos… y discriminó a los españoles en función de sus creencias… Pero, además, una parte importante de los que trajeron la República, formada por la mayor parte del PSOE y los anarquistas -porque los comunistas eran muy pocos hasta 1936-, siempre consideraron la República, o mejor dicho la democracia liberal, como un estadio hacia la revolución. Reiterémoslo, el objetivo político de los anarquistas, del PCE, de la inmensa mayoría del PSOE (el sector socialdemócrata era ínfimo y despreciado), del POUM, era hacer la revolución, poner fin a la democracia e instalar el comunismo libertario o la dictadura del proletariado. Pero la izquierda lleva cincuenta años intentando borrar que entonces su objetivo era derribar la democracia y para ello cuenta con la inestimable ayuda de la cobardía moral del centroderecha hispano, de los periodistas paniaguados y de la censura ejercida contra quienes sostienen tesis distintas. Y la izquierda continua dictando la “memoria” sin renunciar a exaltar el valor de la revolución, evitando siempre cualquier condena a sus desmanes y a su intento real de destruir la democracia. En esta línea, resulta curioso que se reconozca como válido y se legitime el “derecho a la revolución” -la izquierda nunca considera violencia su violencia-, pero al mismo tiempo se condene el derecho de los demás a defenderse de dicha agresión.

La realidad es que la democracia había dejado de existir en España en julio de 1936. De hecho se estaba viviendo en una pendiente hacia la revolución caracterizada por la subversión del orden constitucional a través de los recovecos de la ley, el Estado de derecho había dejado de existir. Pero es más, es que días antes de la sublevación, la izquierda, a través de sus milicias, con participación de miembros de la escolta armada miliciana de Indalecio Prieto, que había actuado en Cuenca como agentes de orden con tolerancia del gobierno civil, había pretendido asesinar a los principales dirigentes de la oposición: José María Gil Robles, José Calvo Sotelo… pero sólo encontraron al diputado monárquico.

La democracia dejó de existir como ficción formal el 18 de julio de 1936 en la zona controlada por el gobierno, por lo que no cabe hablar de lucha entre demócratas y no demócratas. Aunque hoy se oculte, y sobre todo lo borre de la memoria el centroderecha político español que prefiere alinearse con sus adversarios, esa sublevación cívico-militar, y pongo delante el cívico a conciencia, tuvo el apoyo político de los partidos políticos de esa tendencia a través de sus principales dirigentes: José María Gil Robles, líder de la CEDA, con mucha distancia el equivalente al PP, junto con numerosos diputados apoyaron la sublevación; igualmente lo hizo Alejandro Lerroux, líder del partido radical, que podría representar en términos actuales a los republicanos de derechas; miembros de la Lliga, que sería el equivalente a parte de lo que hoy es CiU... Pero no se trata sólo de declaraciones políticas, es que la España que sociológicamente dio apoyo a esos partidos formó entre los sublevados aportando, tal y como indicaba, miles de voluntarios constituyendo la base del Ejército Nacional, lo que José María Gil Robles denominó “el pueblo del movimiento”. De hecho hubo más voluntarios en las filas nacionales que en las republicanas. El problema es que el actual centroderecha quiere borrar lo que considera un baldón y un “pecado original”, presa de ese miedo cerebral que tiene ante la pretendida superioridad democrática de la izquierda. Por ello admite la “memoria histórica” y escupe sobre el sacrificio de decenas de miles de los que hubieran sido sus votantes. Ellos son la más clara traducción práctica del celebérrimo “París bien vale una misa” que iniciara José María Aznar cuando cantó las bondades de Manuel Azaña situándolo como uno de sus modelos políticos e intelectuales.

No basta sin embargo el anterior razonamiento para explicar lo que fue el 18 de julio. Una interpretación somera, con escasa profundidad, subrayaría las negaciones que dieron ese aliento popular para luchar contra la II República, que no contra la república como forma de gobierno. Pero el 18 de julio tuvo en su desarrollo una carga propositiva. Los que lucharon lo hicieron también por crear una nueva España capaz de superar la crisis nacional y poner coto a las injusticias sociales que caracterizaban la España vieja. La idea de restaurar la nación y alumbrar un Nuevo Estado que proscribiera de una vez por todas las razones para la revolución.

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No vayan a alarmarse mis sufridos lectores, ni me han afectado los muchos grados que marcan las temperaturas ni estoy pidiendo un nuevo “Alzamiento Nacional” contra la crisis y el gobierno, aunque la protesta cívica debiera ser mucho más evidente y plural de lo que es. Es que -utilizando la muletilla de Bono-, pensando en la fecha, he reflexionado sobre la gran pregunta que se hace nuestra casta política, ¿cómo obtener dinero para que el Estado pueda mitigar sus deudas y la casta política seguir pagando con nuestro dinero sus ocurrencias?

Mirando el calendario, en esta tarde veraniega, me ha venido la inspiración recordando un articulo debido a un enfadado César Vidal -enfadado porque le han metido en el mismo saco histórico que a Pío Moa, o sea en la “ultra” y no le gusta-, en el que acababa echando en última instancia la culpa a Franco del paro que tenemos, porque el actual sistema de relaciones empresario-trabajador es obra del franquismo, ya que para los gurús liberalotes, incluyendo a la aclamada Esperanza Aguirre, ahora resulta que  don Francisco era un socialdemócrata peligroso, por lo que estos corsés deben ser eliminados, entre otras razones, por franquistas.

He mirado la fecha y he reparado en la versión oficial sobre el acontecimiento. Versión naturalmente rojiprogre-socialdemócrata en connivencia con la timorata exderecha española y el insondable y metafísico centro político. Nos dicen los medios, casi todos los medios, que se ha cumplido, con baja intensidad, el 75º Aniversario del golpe fascista-franquista que nos condujo a la noche de los tiempos apartándonos de la luz de la historia y el progreso, retrotrayéndonos hasta casi la edad de piedra mientras el mundo nos escupía por aguantar a un dictador bajito (lo de ser bajo o gordo es para la sociedad actual casi un pecado), mediocre y prácticamente tonto de remate. Y ya puestos, culpable en última instancia de la actual crisis económica por engañarnos con el fantasma de un desarrollismo inútil que llevaba en su seno la última venganza del general que ahora todos estamos pagando. ¡Casi nada!

Entre las muchas injusticias y desafueros cometidos por don Francisco figuran algunos que deben ser, de una vez por todas, proscritos por franquistas. A don Francisco se le ocurrió que los españoles debían de ser dueños de su vivienda y, coherentemente, tuvo la ocurrencia de poner los medios necesarios para que así fuera y los españolitos pudieran adquirir una casa en propiedad, pagarla en un tiempo razonable y hasta poder vivir y de paso poner coto a la especulación inmobiliaria. ¡Qué cosas tenia este intolerable fascista!

Otra cosa que se le vino a ocurrir, ¡que ya es manía!, es que los españoles tuvieran seguridad en el trabajo, que los contratos fueran mayoritariamente fijos… la consecuencia de ello fue la creación de un mercado laboral rígido cuyo efecto debía ser, como nos dicen nuestros expertos anticrisis, el incremento del paro y la inviabilidad del crecimiento económico… Bueno ya se sabe que el paro fue durante el franquismo galopante, que la presión intervencionista hacia inviable crear empresas y que sólo se creció durante catorce años en tasas del 6% al 12%.

Como además don Francisco tenía que evitar que los trabajadores salieran a la calle a protestar ante la feroz represión los encadenó dándoles seguridad en el trabajo, creando la Seguridad Social y el sistema de pensiones, las vacaciones pagadas (que antes no existían), permitiendo la compra a crédito, dando créditos baratos a través de la banca pública, convirtiéndolos en clase media, alienándolos mediante la televisión poniendo todas las semanas un partido de fútbol y retransmitiendo las corridas de el Cordobés en una televisión que sólo emitía unas horas… y, sobre todo, instaurando la paga del 18 de Julio para que los españoles pudieran irse de vacaciones… Y así, entre ser propietarios, tener coche, irse de vacaciones, pagar las letras y hacer frente a la hipoteca se estaban quietecitos y de vez en cuando gritaban aquello de “¡Franco, Franco, Franco!” Repito, ¡intolerable abuso fascista!

Por eso, se me ocurre, que dado que hoy florecen los antifranquistas el gobierno pida a todos que renuncien a esa paga conmemorativa del “glorioso Alzamiento Nacional”, instituida no lo olvidemos por don Francisco Franco, entregándola este año al Estado como prueba máxima de la repulsa al odioso dictador y eliminándola el próximo para facilitar la rebaja de los costes de la masa salarial en los balances del Estado y las empresas. Así, ahora mismo, varios miles de millones entrarían en las arcas públicas y daríamos ejemplo a Europa, demostrando, como dice Rajoy, que los españoles saben salir de situaciones difíciles. El único problema sería que a la hora de la verdad sólo existieran un puñado de concienciados antifranquistas. No creo; estoy seguro que los españoles de la “memoria histórica” correrán presurosos y orgullosos a tirar este dinero manchado por la larga mano de Francisco Franco.

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Seamos francos al PSOE, a la pomposa y parcial “Comisión de Expertos” de no sabemos qué, que tiene como flor y coartada a un melindre de derechas, y a los vividores de la Memoria Histórica, que se reparten euros a tanto por barba para fines mucho menos limpios que el de dar sepultura digna a los españoles que no la tengan, los restos de Francisco Franco les importan un pimiento. Entre otras razones porque su heroico antifranquismo retrospectivos es de nómina e instrumental.

La fantasmada lacrimógena del abuelo de Zapatero, en un partido plagado de hijos de franquistas (Chaves, Bono, Fenández de la Vega, Guerra, Belloch…), a los que incluso hemos visto acudir a beatificaciones de los mártires de la Cruzada, no pasa de ser un barniz para disfrazar la realidad. A ellos, ni Franco ni los muertos, de izquierdas o de derechas, les interesan más allá de los réditos electorales que de sus huesos puedan obtener.

Estamos, subrayémoslo, ante un antifranquismo retrospectivo instrumental. Huérfana de referentes ideológicos la izquierda está construyendo una mitología encaminada a blanquear un pasado en el que abunda la sangre y la destrucción. Uno, quizás el único, de esos mitos es la exaltación de la II República, porque el patético intento de algunos individuos como Santiago Carrillo de ver lo bueno de Stalin no pasa de ser una página tragicómica de una vejez que rememora su exaltación juvenil. Este nuevo universo mitológico, este referente, es para ellos algo vital para poder mantener la movilización permanente de los propios dentro de las coordenadas de lo que marcan los gurús de la demoscopia y la sociología electoral: cuando la gestión es nefasta sólo queda recurrir a lo ideológico.

El problema es que la izquierda actual no cuenta en su haber con elementos ideológicos unificadores y diferenciadores al compartir con la derecha muchos planteamientos y comportamientos sociales y económicos; a lo que se suma la imperceptible diferencia en materia cultural, familiar o moral. De ahí que para la movilización electoral la izquierda necesite referentes mitológicos con los que retener un electorado que, conforme se deshacen los tópicos generacionales, comienza a tener comportamientos volátiles. Por ello es preciso rearmar los tópicos y ¿qué mejor modo que recurrir a Franco cuando derecha ya no equivale, para muchos, a maldad política y la vergüenza pública?

Antaño bastaba con llamar franquistas a los dirigentes del Partido Popular, lo que por otro lado tampoco podía extrañar a un partido fundado por siete ministros de Francisco Franco, hoy, con varias generaciones sin “memoria histórica”, resulta casi cómico. Por eso han tenido que recurrir a edificar una mitología de buenos y “malísimos”, demonizar a través de la insidia y la mentira el Valle de los Caídos y, ahora, poner sobre la mesa la posibilidad cierta de sacar de su tumba el cadáver de Francisco Franco. El objetivo no era hacer una pretendida “justicia histórica”, aunque no pase de ser algo más que una grotesca y cobarde revancha/venganza, que en algunos casos es más contra sus propios progenitores que contra Franco. El objetivo es, simplemente, intentar debilitar electoralmente al Partido Popular. Era lógica la escalada, porque el PP no sólo no ha entrado al trapo sino que, a su modo, ha acabado dejando al PSOE jugar con su inventillo de la “memoria histórica” que sólo ha cosechado una oposición mediática limitada. Sin embargo, para algunos analistas, la aplicación de la "memoria histórica", la percepción de lo que realmente es, ha acabado mostrando a muchos electores la cara sectaria de la izquierda que el felipismo había conseguido maquillar, actuando de forma negativa sobre el cuerpo electoral centrista.

El PSOE y toda la izquierda quieren ejecutar su venganza sacando los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, en el que reposa por decisión de un tal Juan Carlos I, pero quiere hacerlo simplemente por razones electorales. El señor Pérez, apoyado por el taimado Jáuregui, ha diseñado su estrategia electoral discursiva de cara a las próximas elecciones: más radicalismo izquierdista, para recuperar la posible fuga de votos hacia Izquierda Unida (el ingenuo Cayo Lara está cayendo en la trampa sin darse cuenta); más demagogia izquierdista, para ganar votos entre el espacio sociológico secuestrado por el inventillo de los indignados y, sobre todo, restar votos como sea al PP. Por ello, el señor Pérez ha gritado como un poseso: “¡Franco, Franco, Franco! El caudillo nos dará la victoria”. Pérez piensa que si el PP se opone, aunque sea muy poquito, de aquel modo que tiene Rajoy de oponerse a las cosas, aunque sea diciendo que el “PSOE sólo mira al pasado y nosotros al futuro”, podrá agitar el espantajo de la derecha rancia, dictatorial y franquista, lo que será bueno para reafirmar su identidad izquierdista y quizás cambie el voto de algún incauto. Quizás Rubalcaba sueñe, por el tancredismo habitual de Rajoy, con una defección de la masa votante que admira a Franco y vota al PP que le cause la pérdida de algunos diputados.

Lo que curiosamente nadie ha advertido al señor Pérez es que también pudiera producirse el efecto contrario; que, aunque se convirtiera en ídolo del rojerío callejero y mediático ultraizquierdista encabezado por el diario Público, los votantes moderados de izquierdas, entre los que por cierto, según las encuestas, también existen personas con una visión positiva de Francisco Franco, pudieran volverle aún más la espalda por cobarde, tonto e inútil. Pero, insisto, Franco les importa un pimiento.

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No parece que cese, transcurrida una semana desde que se desatara, desde medios de izquierda autodefinidos como antifranquistas, que, en muchos casos, hacen del antifranquismo retrospectivo un elemento esencial de su corpus ideológico, un interesado e interesante debate sobre la definición del régimen de Francisco Franco iniciado a raíz de la noticia de que, el prestigioso historiador, Luís Suárez Fernández, en la entrada biográfica de Francisco Franco en el Diccionario Biográfico Español, obra de la Real Academia de la Historia, defina dicho sistema como régimen autoritario y no totalitario, en vez de recurrir al usual calificativo de dictadura.

El profesor Suárez Fernández, como ha explicado reiteradamente en estos días, ha utilizado una definición científica para rotular un régimen político que calificado como dictadura, desde un punto de vista meramente conceptual y sin mayor definición, hubiera reflejado, a la larga y no coyunturalmente, una pobreza intelectual que no estaría acorde ni con la pretensión de la obra, ni con el prestigio del autor, ni con la naturaleza de la institución que la ha impulsado.

La izquierda antifranquista, tanto política como mediática, que también ha hecho de la mal llamada “memoria histórica”, que en muchos de sus aspectos es una simple falsificación histórica cuyo objetivo es, siguiendo las pautas del irracionalismo, dotar de un universo mitológico atractivo a una izquierda que ha perdido sus mitos, como no podía ser de otro modo, se ha movilizado para pedir, por más justificaciones que se busquen, la aplicación de la censura y la retirada de ésta y otras biografías que, simplemente no cuadran con su universo mitológico. A ello se han sumado quienes, por cobardía moral ante la posibilidad cierta de que también les acusaran por ello de franquismo, no han tenido el valor de salir en defensa de la libertad. De ahí la errática toma de postura de algunos medios de comunicación adscritos al centro-derecha, simbolizados en el contenidos de los editoriales y artículos de opinión del diario EL MUNDO que, en uno de sus editoriales ha acabado abogando, disfrazándolo de rectificación, por la aplicación de la censura. Y, ante la falta de respuesta, tanto desde los medios conservadores como desde el mundo científico, el PSOE ha acabado pidiendo la retirada inmediata de la obra y la creación de una Comisión que corrija lo que los hombres de Rubalcaba denominan “imprecisiones e incorrecciones históricas” o lo que es lo mismo el sometimiento de la historia a la versión de la izquierda merced a la creación de un auténtico comisariado político.

Arquetípico de la posición intermedia en el debate es el largo artículo publicado en la Tribuna del diario EL MUNDO por el catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de dicho diario, Jorge de Esteban. Mal empieza y mal acaba cuando, como casi todos, desacredita la idoneidad del catedrático Luís Suárez Fernández acusándole de subjetividad y cierra, como argumento de su defensa de la calificación de dictadura, recordando, como aval la represión contra la oposición ejemplificada en que se “decretaron varias penas de muerte poco ante de morir Franco. Digo mal acaba, porque este recurso, por otra parte muy habitual, es una distorsión de la realidad utilizada por su efectismo. Se refiere el catedrático de Derecho Constitucional a las sentencias ejecutadas de varios terroristas no por oponerse a Franco sino por cometer actos de terrorismo, que hoy parece que se entienden, por algunos, como justificables.

Afirma Jorge de Esteban que dada la proximidad del personaje, como sucede en otros casos en el Diccionario, la objetividad es difícil y que debiera haberse buscado, especialmente en este caso, otro autor ya que el profesor Suárez Fernández está descalificado, pese a su obra, por su “simpatía hacia el personaje al que conoció personalmente y al que le unen demasiados vínculos afectivos”. Es posible que tenga razón, pero la misma razón en sentido contrario podría esgrimirse para vetar al 99% de los historiadores que muestran un indisimulado antifranquismo que en sentido inverso, debido a la antipatía que les suscita el personaje, se dejan llevar por la animosidad.

Dejando a un lado las disquisiciones sobre la idoneidad del autor y del problema subjetividad que él mismo plantea en la mitad de su artículo, entremos, como él hace, en el debate sobre el calificativo. Afirma que la definición de “régimen autoritario, pero no totalitario, no se acomoda con la realidad de los hechos”, siendo partidario de utilizar el término dictadura; es más, que el régimen de Franco “es un ejemplo paradigmático de dictadura” y para ello se vale de una explicación desenfocada -entiendo que un tanto superficial por razón de espacio- de la evolución institucional del régimen a través de la revisión de las denominadas Leyes Fundamentales, lo que vendría a ser la Constitución abierta del régimen franquista. Análisis ponderado que se quiebra para convertirse en especulativo al final de su artículo.

En mi modesta opinión el profesor Jorge de Esteban lo que ha hecho es una suerte de florilegio tratando de dar entidad a lo que no pasa de ser la visión simplista y de manual sintético de Franco y su régimen: una dictadura con una serie de leyes sin otro valor ni entidad que su mera existencia; leyes inaplicadas destinadas a dar un barniz propagandístico y una aparente legitimidad institucional a lo que no era más que la cubierta del deseo y la ambición del general Franco de mantenerse y ejercer el poder. Visión simplista a la que, evidentemente, la definición que mejor cuadra es la de dictadura personalista. No siendo, en ningún caso, posible definirlo como régimen autoritario o totalitario.

Recordemos, porque a veces se olvida con suma facilidad, que estamos ante un debate científico o que, al menos, debería haberse sostenido dentro de esos márgenes, que se ha transformado, por impulso de la izquierda política y mediática, en debate ideológico y político. A veces se olvida que para la inmensa mayoría de los ciudadanos dictadura y autoritario vienen a ser lo mismo; y aunque el término totalitario es menos usual, una rápida encuesta probablemente nos dijese que en la práctica es una voz sinónima. ¿Por qué entonces sacar el debate del área de lo científico como se está haciendo?

Creo que por que a todos conviene. No es que, como se ha dicho y escrito, la utilización de la definición del régimen de Franco como autoritario y no totalitario le haga mejor o peor, ni que con ello se buque blanquear la figura de Francisco Franco, como interpretaba, también en el diario EL MUNDO, que en su haber debe incluirse el facilitar a los lectores el acceso a todas las opiniones, el dibujante Ricardo, es, sencillamente que con el término dictadura se busca ocultar o aminorar la importancia de dos realidades fundamentales: primera, que el régimen de Franco contó con un importante y amplio apoyo social y popular, entre otras razones porque era producto de una rebelión que, más allá del golpe fracasado, fue cívico-militar; segunda, que el régimen de Franco es la resultante de una coalición político-social que equivale a lo que sería en la actualidad el centro-derecha español, con participación entusiasta de lo que se conocen como “los catalanes de Franco” y los aún no estudiados “vascos de Franco”. Realidades que hoy, naturalmente, conviene proscribir porque configuran una realidad muy distante a la imagen simplista de dictadura personalista y opresiva que se quiere transmitir.

Volvamos al artículo del profesor Jorge de Esteban. Decir que el régimen de Franco fue una dictadura, aferrándose al término sólo y en razón de la carga negativa y pervertidora de la realidad antes apuntada, es decir muy poco. Argumentar la validez del término en función de un análisis desenfocado de las Leyes Fundamentales, indicando que en realidad la “auténtica Norma Fundamental fueron las leyes de 1938 y 1939”, que fundaron una dictadura, es contemplar sólo una parte de la realidad.

Nadie niega que el régimen del general Francisco Franco comenzara siendo una dictadura personal. No podía ser de otro modo. Los generales sublevados, en función de las circulares del general Mola, tenían previsto instaurar una “dictadura militar” que entraría dentro de los parámetros de lo que sería -forzando la interpretación- una dictadura comisoria por mandato autoasumido (la dictadura del general Primo de Rivera es una dictadura de este tipo). Por fuerza, como el profesor Jorge de Esteban no ignora, una situación revolucionaria que derriba o carece de aparato jurídico-institucional deriva siempre en una concentración de poderes más o menos temporal, en una dictadura. En qué radica la “originalidad” o la “diferenciación” del franquismo: en la progresiva autolimitación de esos poderes, bien sea en la praxis o en el orden jurídico-institucional. Tanto en la práctica como en la evolución del régimen esa es una realidad difícilmente prescindible. El profesor Jorge de Esteban, para sostener su tesis, estima que la única intención de Franco al hacer eso, la autolimitación del poder, era “tener todos los poderes -entiendo que por ambición de poder- y durar en su cargo de forma vitalicia”. Es posible pero no probable y en todo caso es una interpretación más especulativa que objetiva.

Si el profesor Jorge de Esteban, además de analizar las Leyes Fundamentales, reparara en el planteamiento del propio Franco creo que matizaría su apreciación. El historiador, que debe rehuir el planteamiento especulativo para escapar, dentro de lo posible, a la subjetividad propia o ambiental, no puede obviar, y mucho menos en el caso de la existencia de un poder personal última instancia de las decisiones fundamentales, lo que el protagonista presenta como su proyecto político para valorar si después obra en coherencia con el mismo. Curiosamente las líneas maestra de sus objetivos y actuación subsiguiente las plantea Francisco Franco, pese a que sean numerosos los historiadores que lo minusvaloren, entre 1937 y 1938. El general Franco afirma que su objetivo es crear un “régimen autoritario de integración nacional”, bajo los principios de autoridad y jerarquía, que asume como función primordial la “ingente tarea de reconstrucción espiritual y material” y que en el futuro, cuando esté concluida la obra, será el pueblo el que decida si vuelve a la monarquía, y eso lo hace cuando calificarse como dictador no tenía ninguna carga peyorativa o negativa.

Se equivoca, como se equivocan muchos autores, el profesor Jorge de Estebada no en el análisis del conjunto de las Leyes Fundamentales, cuyo horizonte en el pensamiento de Franco, su razón de ser, no era poner fin a su magistratura vitalicia, aun cuando se aferrara, casi siempre, al estricto cumplimiento de las mismas una vez promulgadas, sino ser la base del régimen que dejaría a un heredero con poderes más limitados: el actual rey. Un rey cuya legitimidad de origen está en Franco y en la sublevación de julio de 1936, sin ambos no existiría la monarquía.  

Para el profesor Jorge de Esteban estas leyes son fruto de la necesidad de Franco de acomodarse a las circunstancias políticas exteriores e interiores. Interpretación que no se ajusta a la realidad global, pero muy eficaz a la hora de mantener la ficticia imagen del dictador que lo hace todo, lo controla todo y lo dicta todo. La realidad es que todas esas leyes fueron fruto de un largo y enconado debate político entre las diversas fuerzas políticas que convivieron en el régimen de Franco. Un debate fundamental que los historiadores prefieren reflejar en un segundo plano: el de la institucionalización del régimen (incluyendo a los que no querían que se institucionalizase y fuera una simple dictadura más o menos transitoria). En este proceso es Franco quien toma la decisión final y resulta que ésta estuvo siempre condicionada por su decisión de sacrificar la celeridad, que dados sus poderes fundacionales era prescindible, al consenso. De ahí que escogiera el modelo de Constitución abierta.

No repara el profesor Jorge de Esteban en un hecho clave, las leyes de 1938 y 1939, incluyendo el fundamental Decreto de Unificación de 1937, que olvida, son resultado de la pretensión totalitaria de Ramón Serrano Suñer. Construcción totalitaria que el propio Franco acaba desechando y que abre un proceso de institucionalización distinto. Olvida el profesor Jorge de Esteban que, además del debate, que existió y muy fuerte, entre cada Ley Fundamental, aparecen una serie larga de leyes que van construyendo el aparato institucional del régimen. No son las Leyes Fundamentales, como parece inferirse del artículo, entes aislados que aparecen en función de las circunstancias, son colofón de esos procesos. Y es, en el periodo 1937-1942, en las leyes y decretos que son responsabilidad última absoluta de Franco, en el que se desecha la vía totalitaria, siendo el colofón la Ley de Cortes de 1942. Todo ello sucede en simultaneidad al debate sucesivo sobre dos proyectos constitucionales completos, convertidos en algo así como el uno contra todos, diseñados por Ramón Serrano Suñer y por Eduardo Aunós.

¿Qué sucede a partir de aquí, de la proscripción de la vía totalitaria? Pues lo que el profesor Fernández Carvajal denominó la aparición de una “dictadura constituyente”, que busca crear un aparato institucional propio con un horizonte de permanencia, como régimen político estable, más allá del propio Franco. Un régimen que en ese proceso asume como objetivo el desarrollo económico y social, de ahí la definición de “dictadura de desarrollo”, uno de cuyos efectos es la aparición de esa “clase media como nunca había existido en España” que cita el profesor Jorge de Esteban, pero que no aparece, como podría inferirse de su escrito, como un ectoplasma a pesar del régimen sino que es impulsada por éste.

La resultante de ese proceso es la aparición del “régimen autoritario de pluralismo limitado” definido por le politólogo Juan Linz, que es lo que inicialmente se proponía el propio Franco y, probablemente, la definición descriptiva más ajustada a lo que fue el régimen. Una definición con tanta validez científica como otras y que no implica un juicio moral sobre el mismo. Lo contrario es la interpretación especulativa que conlleva la subjetividad ideológica del antifranquismo retrospectivo que tantos lleva dentro y que aflora cuando surgen este tipo de debates.

 

Nota: Este artículo aparece en

http://www.diarioya.es/content/la-definición-del-régimen-de-franco-polémica-debate-trasfondo-y-realidad

http://bitacorapi.blogia.com/2011/060801-la-definicion-del-regimen-de-franco-polemica-debate-trasfondo-y-realidad..php

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Por más que lo he intentado, de ahí mi tardanza en comentarlo, no he podido acceder al texto completo que el profesor Luis Suárez Fernández ha realizado para la entrada biográfica de Francisco Franco incluida en el diccionario biográfico preparado por la Real Academia de la Historia. Lo que en principio no debiera haber sobrepasado los márgenes del debate académico, merced a la presión de la pinza izquierdista que forman Izquierda Unida y el diario Público, a la que se han sumado, con desigual intensidad, la mayor parte de los medios, hasta con mensajes contradictorios de un día para otro, como es el caso del diario El Mundo, se ha transformado casi en un problema nacional.

Todo ese conglomerado mediático-político lo que ha propuesto, enmascarado en los más diversos florilegios, sencillamente es la aplicación de la censura buscando la retirada del artículo, desatando una auténtica caza de brujas a la que se han sumado los rencores de algunos historiadores que no perdonan a Suárez Fernández su gran obra, en varios tomos, revisada en tres ocasiones, y que está editada en Actas, sobre ese periodo de la historia de España, o su gran tomo biográfico sobre Franco y su más reciente Franco y la Iglesia, que ofrece una visión distinta y distante a la visión oficialista sobre el régimen de Francisco Franco. Visión que, por cierto, aún juzga insuficiente la pléyade de vividores de la memoria histórica. De ahí que hayan tratado de minusvalorar su obra diciendo que es un medievalista o patrono de la Fundación Francisco Franco aprovechando que la mayor parte del público desconoce el peso intelectual de Suárez Fernández.

Todos conocemos cuál es el supremo argumento de estos censores: que Luis Suárez Fernández ha calificado el régimen de Franco como autoritario y no totalitario. Se puede entender que los ilectos y la izquierda española hayan saltado hechos una fiera ante tamaño desafío. Ahora bien, que nadie, desde un punto de vista intelectual, haya subrayado algo tan evidente como que estamos ante un debate conceptual sobre la calificación de un régimen político, parece increíble.

Cualquier lector medio de historia, de filosofía política y de historia de las ideas, sabe perfectamente que dictadura es un término con muy escasa precisión a la hora de identificar un régimen político complejo, con un aparato institucional amplio, como era el de Francisco Franco. En esa línea de debate cualquiera sabe que dictadura, totalitarismo y autoritarismo son tres conceptos distintos que, al concretarse en un régimen político concreto, tienen características diferentes. Por eso, más allá del término dictadura, la definición exacta del régimen de Franco es la de autoritario. El profesor Suárez Fernández lo que ha hecho es definir desde el rigor intelectual, lo que los demás hacen es poner de manifiesto su amplio analfabetismo intelectual o la ceguera de vivir todavía pendientes de un antifranquismo retrospectivo.

Otros, sin embargo, que no pueden adscribirse a la izquierda que brama contra Suárez Fernández, prefieren el término dictadura para borrar dos cosas fundamentales: primera, el amplio apoyo social que obtuvo el régimen de Franco; segunda, obviar que el régimen de Franco se sostenía sobre una coalición político-social equivalente al centro y la derecha española actual, y que la lentitud en la institucionalización se derivó del deseo de Franco de conseguir un consenso entre los diversos grupos. Pero esto último es mejor no mentarlo.

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