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20151212104650-image.jpegLa otra cara de los cuarenta años después de Franco.



¡España, 40 años sin Franco! Esa era la idea primigenia de este artículo adaptándonos a lo pedido, pero como prólogo, después de ver las portadas dela finos de los periódicos o a artículos referidos al cuarenta aniversario de la muerte de Franco, ahora que ya no es el "anterior Jefe del Estado", de asomarme a la idea del diario El Mundo de vestir a un señor mayor, con cierto parecido, de Francisco Franco y pasearlo por Madrid y, sobre todo, con la memoria personal viva, como escritor y comentarista, de gran parte de estas cuatro décadas, casi me tendría que preguntar: ¿De verdad son 40 años sin Franco?

A veces el comentarista, el escritor, el lector atento de nuestra realidad, tiene la impresión de que muchos, especialmente los antifranquistas retrospectivos, todavía no han digerido -pensar que lo ignoran sería un exceso- que Francisco Franco falleció en una cama de la Seguridad Social -creada para los trabajadores por él mismo- hace cuarenta años. Raro es el día que su nombre no sale a colación en tertulias, artículos, debates y hasta forma parte de las campañas políticas como si aún formara parte de nuestra realidad -ahí está el no debate sobre la falsaria "memoria histórica" de la actual-. Más allá del recurso al insulto, porque al final Franco es presentado como el arquetipo de la derecha reaccionaria que vive en el PP y hasta como peligroso socialdemócrata o socialista -así lo definió la señora Aguirre-, algún psicólogo debería plantearse estudiar lo que podríamos denominar el “complejo ante el franquismo”.
En este ambiente, no sin curiosidad, hemos visto en la España de los recortes en los derechos laborales como no pocos han difundido por ahí listas con los beneficios sociales instaurados durante el régimen de Franco, para sonrojo de los que aplican a los mismos la tijera (Marcelino Camacho llegó a decir que con el Estatuto de los Trabajadores, allá por los inicios de la Transición, los trabajadores habían perdido muchos de los derechos logrados en el franquismo). O, ya puestos, en el colmo de los dislates, afirmar que el deseo de muchísimos españoles de tener una vivienda propia es una herencia del pensamiento fascista y retrógrado del franquismo, porque lo moderno y lo social es vivir de alquiler. Por no mencionar, cuando alguien ante el drama de los desahucios a las familias lo ha recordado, que estaba prohibido que se embargara la vivienda familiar. O que en esta España actual las colas ante los comedores sociales -la mayoría por cierto vinculados a la Iglesia Católica- son una realidad al igual que las chabolas, cuando el régimen franquista los redujo hasta su casi inexistencia.
Hasta hace relativamente poco era suficiente con recordar que España accedió a la democracia para acallar cualquier voz crítica ante la realidad social, para ocultar los errores y para, llegado el caso, convertir lo negativo en positivo. Como si la Transición, que hace mucho tiempo que se cerró, y los sucesivos gobiernos que han estado en el poder desde 1977, no tuvieran nada negativo, nada censurable o nada oscuro que recordar y todo fuera bonito y de color de rosa. Hasta la inmaculada figura, tejida a través de la propaganda oficial y oficiosa, del sucesor a título de rey de Francisco Franco, Juan Carlos I, ha dejado de gozar del consensuado aprecio público (lo que le llevó a la abdicación), siendo ampliamente cuestionada, no siéndolo más por el manto de silencio y autocensura con el que se ha acabado cubriendo su vida como regio jubilado; blindado aún por sus silencios y por el escudo de haber sido el artífice del régimen constitucional nacido en un diciembre de 1978. Sería imposible en este breve artículo con sentido de ensayo, con la necesaria precisión en la argumentación, con los datos en la mano, recorrer estos cuarenta años dejando constancia, con la profesionalidad del notario, de todo aquello que queda en la trastienda de estos cuatro décadas, pero sí al menos podemos dar unas breves pinceladas que queden como testimonio.


Más separatismo, más independentismo.
Resulta tentador, dada la situación en la que como nación nos ha acabado colocando el desarrollo del sistema engendrado por la Constitución de 1978, fundamentado en el catastrófico título VIII, responsable final de que hoy nos encontremos ante un proceso secesionista abierto en Cataluña de cuyas consecuencias seremos víctimas todos los españoles, volver la vista atrás para recorrer lo acontecido desde un 20 de noviembre de 1975.

Nadie va a negar que en 1975 existieran nacionalistas e independentistas y terroristas que aunaban el marxismo, el nacionalismo y el independentismo. Los había entre las oligarquías políticas burguesas en Cataluña y en el País Vasco, los había en sectores de la izquierda radical y no tradicional que andaban influidos por el marxismo revolucionario sesentero, pero no tenían el aparente amplio respaldo popular que hoy tienen. Ahí están las encuestas de opinión. El independentismo que nos ha puesto de cara ante un proceso de ruptura de la nación española era sociológicamente muy reducido en 1975 y en los primeros años de la Transición. No es producto de ningún movimiento pendular en respuesta al centralismo del régimen de Franco. ¡No! Ha sido creado artificialmente, hinchado, desde arriba, merced a la decisión suicida de los gobiernos socialistas y populares de entregar a los nacionalistas los mecanismos de propaganda, control y educación, pero también los financieros con los que ha creado una importante red clientelar corrupta, con ellos y desde el poder se ha creado la masa independentista que hoy no se puede negar que exista. Es la renuncia política al mantenimiento y difusión de la idea y el concepto de España de todos los gobiernos desde 1977 la que ha permitido que aparezca esa base social independentista que es producto del régimen de 1978.

Afortunadamente el terrorismo, tras décadas de sangre, ha dejado de actuar en España. Esperemos que para siempre. Pero no está de más recordar que en 1975 las organizaciones terroristas estaban prácticamente desarticuladas y que revivieron merced a los errores de la Transición. Una Transición y un régimen al que entonces molestaban los muertos y los enterraba en silencio, aunque ya al filo del siglo XXI cambiara el tercio para recordarlos como víctimas al tiempo que, finalmente, se plantea hoy, abiertamente, una especie de “punto y final” que permita a los terroristas no cumplir íntegras sus condenas y dejar sin resolver unos doscientos asesinatos cada vez más molestos para el poder.


La factura.
¡Cuánto hemos cambiado los españoles! ¡Ya somos modernos y disfrutamos de una situación de riqueza sin par en nuestra historia! Claman una y otra vez a derecha e izquierda del arco político-mediático. Cierto, el progreso es inherente al paso de los años salvo catástrofe; se han modernizado infraestructuras, pero también despilfarrado el dinero en obras tan megalómanas como inútiles (aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, autopistas sin terminar, pabellones para no se sabe qué cosas…) y tenemos más coches, más carreteras, más aviones, más teléfonos… que en 1975. Pero eso no es más que una percepción vital. Lógica, pero percepción.
En 1975 la mayoría de los televisores no eran en color y hoy lo son, no había teléfonos móviles y hoy tocamos a dos o tres por cabeza, solo habían dos cadenas de televisión y hoy tenemos para dar y regalar (anotemos que la cantidad no es sinónimo de calidad). Y ya puestos a recordar, si, como nos contaban los antifranquistas retrospectivos de finales de los setenta, hasta con el apoyo de algún hoy ilustre profesor universitario, don Francisco esclerotizaba a la oposición y acababa con las protestas y las manifestaciones poniendo un partido de fútbol a la semana y alguna corrida de toros -lo que dejaba en muy mal lugar a los opositores al franquismo y su conciencia y entrega a la causa-, ahora tenemos fútbol todos los días de la semana (a veces más de un partido) con lo que deduzco que la necesidad de anestesiar al personal debe ser mayor hoy que entonces.

Eso sí, una cosa son las percepciones y otra las realidades. Lo cierto es que desde el punto de vista económico la Transición, con una pésima gestión económica, supuso un atraso, una ruptura con los ritmos de crecimiento y modernización de los años sesenta y principios de los setenta. Aunque los errores comenzaron a acumularse allá por 1974, cuando los reformistas del franquismo comenzaron a mirar hacia el día después y preferían no entrar en el tema económico por su posible coste político, atrasando la necesidad de iniciar los ajustes y cambios que el modelo industrial y la distribución del PIB español demandaban tras quince años de crecimiento continuo ante la nueva realidad económica que se iba dibujando y el tiempo de cambio en los sectores industriales que se estaba produciendo. Los datos son los datos y lo que mide el índice económico de un país es la comparativa. España fue en los años sesenta y principios de los setenta la octava potencia industrial y hoy andamos situados sobre el puesto 12. Visto así es un retroceso, aunque, para ser ecuánimes, debemos subrayar que la incorporación de otras economías que no contaban en aquellos años nos situaría en una situación casi equivalente. Lo que no se puede negar es que se desaprovechó el tiempo y eso provocó un retroceso en el avance hacia la convergencia con los países de la UE, de tal modo que el punto en el que estábamos situados al morir Francisco Franco no lo recuperamos hasta los años de José María Aznar, es decir a finales de los noventa.
Tampoco podemos prescindir en el recorrido de otros elementos a mi juicio importantes. El cambio socioeconómico español que arranca a mediados de los cincuenta, con sus crecimientos y con todos los errores que se quieran señalar, implicó una transformación sin igual en nuestra historia, pues condujo al país de las estructuras propias de las sociedades atrasadas a las sociedades modernizadas. La desaparición del proletariado, de los millones de jornaleros sin tierra sumidos en la pobreza y en la falta de horizontes, la aparición de un nuevo tipo de obrero industrial que cada vez se alejaba más de la idea clásica del proletariado y de una clase media en constante crecimiento, junto con el acceso a la educación, a la sanidad… fueron obra de las políticas del régimen de Franco -lo que naturalmente no gusta a los antifranquistas-. El caminar hacia un PIB moderno, con un importante sector industrial, con la reducción del sector primario (más de 25 puntos entre 1950 y 1975) y el desarrollo paralelo del sector servicios nos colocó en una situación óptima para entrar en el club de las potencias industriales y aguantar los embates de la deslocalización. De haber continuado en esa senda, hoy estaríamos situados en una realidad muy distinta a la actual, con un sector industrial que debería estar sobre el 30% asegurándonos la estabilidad laboral con empleos realmente recurrentes. Pero se prefirió otra vía. Los gobiernos, ya no de la Transición sino los posteriores a 1982, escogieron otra camino, el de aceptar que el sector industrial español debía desaparecer por falta de competitividad, en vez de hacerlo más competitivo. Era la imposición externa que se cierra con la entrada claudicante en la Comunidad Económica Europea en su prehistoria y en el camino hacia el Euro después. Ello supuso, como alternativa a la aceptada destrucción de una parte del sector industrial, unas transferencias en el PIB del sector secundario al terciario que dio origen a una administración mastodóntica que ha lastrado y lastra el desarrollo económico (ahí está el origen de la hiperinflación del funcionariado o, básicamente, del personal contratado debido a la puesta en pie de ese agujero negro que es el Estado de las Autonomías). Se aceptó el papel de economía de servicios y no industrial a cambio de las subvenciones estructurales y de la venta del patrimonio acumulado para cubrir la deuda generada por la deficiente gestión económica hasta mediados de los noventa. Esa decisión nos condenó como nación a tener que vivir con un paro estructural elevado, con un paro que se dispara hacia niveles de más del 20% cuando la economía se tambalea. El resultado es una economía con importantes deficiencias estructurales y una abultada deuda que lastra cíclicamente el incremento real del nivel de vida entre los españoles, quebrando así algo tan básico en la idea de progreso como es conseguir que los hijos vivan mejor que los padres (mejora que por cierto fue una constante en el franquismo). No es necesario recordar que hoy se tiene la conciencia de que por primera vez los hijos vivirán peor que sus padres.


Las tendencias y los comportamientos.
Teóricamente primero, con muchísimas dificultades a la hora de hacerlo realidad por la situación y también por la resistencia de las estructuras oligárquicas, y en la praxis después, el régimen de Franco sí dejo una serie de pautas de comportamiento entre los españoles.

Clave de lo anterior es, por ejemplo, el cambio revolucionario en las mentalidades que nos lleva de casi aceptar una situación social basada en la desigualdad extrema imperante en la mayor parte de la sociedad en los años treinta a la asunción del concepto de igualdad como elemento positivo, hoy ampliamente cuestionado de forma directa o indirecta por todo el arco político que va desde el centro a la derecha, son excluir algunos de los sectores de eso que se llama la ultraderecha.

Ese cambio revolucionario de mentalidad impulsó el camino hacia el igualitarismo real, hacia la reducción progresiva de las desigualdades sociales con la expansión al compás de la educación y la sanidad, de la redistribución social de la riqueza. Esto es una constante en el discurso programático de Franco que se acentúa, conforme se hace posibilidad, a partir de los años cincuenta. Desde mediados de los noventa lo que se está produciendo en España es lo contrario: el incremento constante de la desigualdad social. Ahí están las estadísticas de la pobreza o de la caída de los niveles salariales que acrecientan la desigualdad invirtiendo la tendencia. El modelo educativo del franquismo, que consigue a finales de los sesenta que todos los niños en edad escolar puedan incorporarse a la escuela, que reduce constantemente los niveles de analfabetismo y que diseña un modelo educativo (Ley de 1970) acorde con el cambio que se está produciendo en el país, es el que permitirá el acceso masivo de los jóvenes al Bachillerato y a la Universidad, en un continuo crecimiento que llega hasta la Transición y que crea eso que se llamó la generación JASP (Joven Aunque Sobradamente Preparado). En la actualidad ese modelo, en vez de continuar expandiéndose, ha quebrado y nos encontramos con un sistema que deja en el camino a porcentajes elevadísimos de estudiantes y que ha creado eso que se llaman los ni-nis. Básicamente por dos razones: por un lado, la Educación se ha transformado en una pieza de transformación ideológica de la sociedad -la ingeniería social de la izquierda-; y por otro, porque los valores educativos del esfuerzo y de su consideración como elemento para la creación de futuro se han subvertido.


La sociedad deconstruida.
Lo que más distante resulta cuando nos situamos ante los dos polos de estos cuarenta años son los componentes morales de la sociedad. El régimen de Franco se caracterizó por su catolicismo y por la recatolización de la sociedad -lo que hoy es presentado como un paradigma negativo-. El actual régimen se caracteriza por la descatolización de la sociedad. Hoy el catolicismo no pasa de ser en la vida pública un referente cultural sin ningún peso moral, sin ningún tipo de influencia real; es más, para muchos, aún siendo católicos de bautismo, práctica o de adscripción a alguna "asociación", constituye un lastre. La sociedad española, en líneas generales, a través de la ingeniería social, no es que se haya secularizado sino que se ha hecho laica y, por ello, comienza a ser no neutral sino refractaria e incluso contraria al hecho religioso católico (hasta tal punto que favorece el multiculturalismo religioso, básicamente al Islam, como arma para debilitar el catolicismo). El nihilismo, el hedonismo y el consumismo han sustituido a todo lo demás y a ello se subordinan los comportamientos sociales. Frente a ello florece un falso discurso sobre la falta de valores, pues se trata de palabras huecas, de valores sin contenido.

El franquismo mantuvo un modelo social basado en la familia cristiana y en ello fue radical, lo que ahora es presentado como negativo. Hoy ese modelo se considera periclitado. La familia cristiana es solo un modelo familiar y no el más importante para los gobernantes. La aprobación del divorcio en España abrió el cambio. Hoy tenemos varios modelos de familia, incluyendo los homosexuales, que tienen igual consideración y los mismos derechos, cuando no se aplica lo que se viene a denominar la “discriminación positiva”. Si las políticas natalistas, las ayudas a la natalidad, caracterizaron al régimen de Franco, estos cuarenta años han estado marcados por las políticas antinatalistas directas o indirectas, lo que nos ha conducido a una crisis demográfica y al envejecimiento progresivo de la población. El culmen ha sido la legalización del aborto, con unas cifras reconocidas de abortos en España que se aproximan a los dos millones de víctimas en lo que muchos no dudan en calificar como un holocausto moderno.

La deconstrucción de la sociedad ha traído otros aspectos negativos tales como el incremento de la denominada violencia de género, los altos índices de delincuencia y el aumento de los delitos de especial gravedad. Pero también la amargura o la desazón que lleva a la aparición de los hombres sin atributos. En esta sociedad deconstruida el enemigo parece seguir siendo el catolicismo y sus valores de ahí ese laicismo radical que hoy es una realidad y que quiere borrar tradiciones y vestigios. Ese que prohíbe Belenes, símbolos religiosos en cementerios o tanatorios y que aspira a poner fin a las procesiones de Semana Santa.


Punto y seguido.
Sería prolijo y muy largo tratar de reflejar en unos pocos párrafos todos esos errores o diferencias entre la España de 1975 y la España de 2015. Hay cosas que no es necesario ni explicar porque están presentes cada vez que abrimos un periódico o escuchamos una tertulia. Todo un libro se podría escribir sobre la etiología de la corrupción. Hasta Paul Preston, notorio antifranquista profesional, ha tenido que reconocer, pese a la insistencia machacona durante décadas en sentido contrario, que la corrupción actual, que es o ha sido -aunque esto último esté por ver- sistémica, es mucho mayor, sin parangón posible, en el actual sistema político y que en esta la izquierda tiene las manos manchadas. Pero no es menos cierto que hasta hace muy poco esto ha importado muy poco a los españoles.

Naturalmente, alguien podría objetar que todo lo dicho está muy bien, pero que en el fondo en 1975 había una dictadura y hoy tenemos una democracia, aunque con muchos defectos, hasta tal punto que ha provocado más que el desencanto la desafección. Y ante ello sobran los argumentos.

Ahora bien, lo que difícilmente alguien podría pasar por alto es que a la altura del final de 2015 bien pudiera ser que la gran resultante de estos cuarenta años transcurridos no fuera otra que el fin de España como nación y de la igualdad entre los españoles, perdiendo estos en el camino no pocos derechos sociales y a casi dos millones de españoles a los que se negó con la ley en la mano la posibilidad de haber podido llegar a ser eso, españoles.



Nota: recuperó este artículo que publiqué hace unas semanas para su edición digital,

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El objetivo principal de la ideológica, socialista y manipuladora “Ley de la memoria histórica” era construir una “verdad oficial” a la que todos deberían rendir pleitesía. Intelectualmente debería haberse producido una contestación general a la pretensión de una parte sectaria de la clase política de imponer a una serie de temas, que deben ser objeto de investigación científica, que ya sólo deberían ser historia, unas conclusiones a priori a las que adaptar cualquier tipo de trabajo; pero para acallar la siempre dúctil conciencia estaba el ambicioso programa de subvenciones con las que sufragar los estudios más nimios que vinieran a secundar los objetivos de la ley. Así nos encontramos con la discriminación que supone abordar cualquier tipo de estudios referidos al período de la II República, la guerra y el régimen de Franco: si se hace en consonancia con la “memoria histórica” de la izquierda se obtiene una cuantiosa subvención, si no se está en consonancia el trabajo lo tiene que sufragar el investigador de su bolsillo. Y al igual que hace unos años para progresar en determinados ambientes se tenía que rendir pleitesía a las tesis prehechas del desprestigiado Tuñón de Lara hoy, para progresar curricularmente, se tienen que loar las falsedades de la “memoria histórica”.

La ley de la “memoria histórica” tiene su antecedente en la condena parlamentaria al mal denominado “golpe” de julio de 1936. Condena a la nada, porque el 18 de julio no fue, en realidad, un golpe de Estado o un golpe militar. Precisemos, lo fue en su concepción pero no en su realidad en desarrollo. Es más, si hubiera sido sólo eso, un golpe militar, los republicanos lo hubieran aplastado en pocos días. Dejémoslo claro, el 18 de julio de 1936, y el 19, y el 20 y el 21, lo que se produjo fue una auténtica sublevación popular; sin esa aportación traducida en decenas de miles de voluntarios para la lucha, con una movilización en retaguardia de cientos de miles, insisto, el “golpe militar” hubiera sido vencido. Ahora bien, ese carácter popular, destruye el mito de la izquierda, también grato ahora al centro-derecha, del enfrentamiento entre el siempre temible y dictatorial ejército y un pueblo desarmado que lucha heroicamente en defensa de la libertad y la democracia.

Ya lo alumbraba la condena parlamentaria y lo confirma la “ley de la memoria histórica”. Dice esta nueva verdad oficial: en julio de 1936 se produjo un golpe militar o fascista, según los gustos, contra la democracia, algo que curiosamente admiten como cierto en muchas tertulias diputados populares cuando se les plantea este tema. Pero, ¿en 1936 existía la democracia en España?

Confundir la democracia con la II República e incluso identificar la forma de gobierno republicana con la II República es un error y una falsificación de la realidad. Dejémoslo claro: la II República intentó ser en sus inicios una democracia excluyente. En la mentalidad de los republicanos el régimen era concebido de forma patrimonial, de tal modo que sólo los partidos republicanos y los de izquierda tenían derecho a detentar el poder y todos los demás eran considerados antirrepublicanos y por tanto debía negárseles la legitimidad para gobernar, independientemente del resultado de las urnas.

La II República dejó de ser, en su desarrollo, una democracia: mantuvo, por ejemplo, un régimen de censura de prensa y cuando quiso se permitió cerrar periódicos fundamentalmente derechistas, lo que resulta incompatible con la democracia; proscribió la libertad de educación, prohibiendo los colegios religiosos; persiguió a los católicos… y discriminó a los españoles en función de sus creencias… Pero, además, una parte importante de los que trajeron la República, formada por la mayor parte del PSOE y los anarquistas -porque los comunistas eran muy pocos hasta 1936-, siempre consideraron la República, o mejor dicho la democracia liberal, como un estadio hacia la revolución. Reiterémoslo, el objetivo político de los anarquistas, del PCE, de la inmensa mayoría del PSOE (el sector socialdemócrata era ínfimo y despreciado), del POUM, era hacer la revolución, poner fin a la democracia e instalar el comunismo libertario o la dictadura del proletariado. Pero la izquierda lleva cincuenta años intentando borrar que entonces su objetivo era derribar la democracia y para ello cuenta con la inestimable ayuda de la cobardía moral del centroderecha hispano, de los periodistas paniaguados y de la censura ejercida contra quienes sostienen tesis distintas. Y la izquierda continua dictando la “memoria” sin renunciar a exaltar el valor de la revolución, evitando siempre cualquier condena a sus desmanes y a su intento real de destruir la democracia. En esta línea, resulta curioso que se reconozca como válido y se legitime el “derecho a la revolución” -la izquierda nunca considera violencia su violencia-, pero al mismo tiempo se condene el derecho de los demás a defenderse de dicha agresión.

La realidad es que la democracia había dejado de existir en España en julio de 1936. De hecho se estaba viviendo en una pendiente hacia la revolución caracterizada por la subversión del orden constitucional a través de los recovecos de la ley, el Estado de derecho había dejado de existir. Pero es más, es que días antes de la sublevación, la izquierda, a través de sus milicias, con participación de miembros de la escolta armada miliciana de Indalecio Prieto, que había actuado en Cuenca como agentes de orden con tolerancia del gobierno civil, había pretendido asesinar a los principales dirigentes de la oposición: José María Gil Robles, José Calvo Sotelo… pero sólo encontraron al diputado monárquico.

La democracia dejó de existir como ficción formal el 18 de julio de 1936 en la zona controlada por el gobierno, por lo que no cabe hablar de lucha entre demócratas y no demócratas. Aunque hoy se oculte, y sobre todo lo borre de la memoria el centroderecha político español que prefiere alinearse con sus adversarios, esa sublevación cívico-militar, y pongo delante el cívico a conciencia, tuvo el apoyo político de los partidos políticos de esa tendencia a través de sus principales dirigentes: José María Gil Robles, líder de la CEDA, con mucha distancia el equivalente al PP, junto con numerosos diputados apoyaron la sublevación; igualmente lo hizo Alejandro Lerroux, líder del partido radical, que podría representar en términos actuales a los republicanos de derechas; miembros de la Lliga, que sería el equivalente a parte de lo que hoy es CiU... Pero no se trata sólo de declaraciones políticas, es que la España que sociológicamente dio apoyo a esos partidos formó entre los sublevados aportando, tal y como indicaba, miles de voluntarios constituyendo la base del Ejército Nacional, lo que José María Gil Robles denominó “el pueblo del movimiento”. De hecho hubo más voluntarios en las filas nacionales que en las republicanas. El problema es que el actual centroderecha quiere borrar lo que considera un baldón y un “pecado original”, presa de ese miedo cerebral que tiene ante la pretendida superioridad democrática de la izquierda. Por ello admite la “memoria histórica” y escupe sobre el sacrificio de decenas de miles de los que hubieran sido sus votantes. Ellos son la más clara traducción práctica del celebérrimo “París bien vale una misa” que iniciara José María Aznar cuando cantó las bondades de Manuel Azaña situándolo como uno de sus modelos políticos e intelectuales.

No basta sin embargo el anterior razonamiento para explicar lo que fue el 18 de julio. Una interpretación somera, con escasa profundidad, subrayaría las negaciones que dieron ese aliento popular para luchar contra la II República, que no contra la república como forma de gobierno. Pero el 18 de julio tuvo en su desarrollo una carga propositiva. Los que lucharon lo hicieron también por crear una nueva España capaz de superar la crisis nacional y poner coto a las injusticias sociales que caracterizaban la España vieja. La idea de restaurar la nación y alumbrar un Nuevo Estado que proscribiera de una vez por todas las razones para la revolución.

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No vayan a alarmarse mis sufridos lectores, ni me han afectado los muchos grados que marcan las temperaturas ni estoy pidiendo un nuevo “Alzamiento Nacional” contra la crisis y el gobierno, aunque la protesta cívica debiera ser mucho más evidente y plural de lo que es. Es que -utilizando la muletilla de Bono-, pensando en la fecha, he reflexionado sobre la gran pregunta que se hace nuestra casta política, ¿cómo obtener dinero para que el Estado pueda mitigar sus deudas y la casta política seguir pagando con nuestro dinero sus ocurrencias?

Mirando el calendario, en esta tarde veraniega, me ha venido la inspiración recordando un articulo debido a un enfadado César Vidal -enfadado porque le han metido en el mismo saco histórico que a Pío Moa, o sea en la “ultra” y no le gusta-, en el que acababa echando en última instancia la culpa a Franco del paro que tenemos, porque el actual sistema de relaciones empresario-trabajador es obra del franquismo, ya que para los gurús liberalotes, incluyendo a la aclamada Esperanza Aguirre, ahora resulta que  don Francisco era un socialdemócrata peligroso, por lo que estos corsés deben ser eliminados, entre otras razones, por franquistas.

He mirado la fecha y he reparado en la versión oficial sobre el acontecimiento. Versión naturalmente rojiprogre-socialdemócrata en connivencia con la timorata exderecha española y el insondable y metafísico centro político. Nos dicen los medios, casi todos los medios, que se ha cumplido, con baja intensidad, el 75º Aniversario del golpe fascista-franquista que nos condujo a la noche de los tiempos apartándonos de la luz de la historia y el progreso, retrotrayéndonos hasta casi la edad de piedra mientras el mundo nos escupía por aguantar a un dictador bajito (lo de ser bajo o gordo es para la sociedad actual casi un pecado), mediocre y prácticamente tonto de remate. Y ya puestos, culpable en última instancia de la actual crisis económica por engañarnos con el fantasma de un desarrollismo inútil que llevaba en su seno la última venganza del general que ahora todos estamos pagando. ¡Casi nada!

Entre las muchas injusticias y desafueros cometidos por don Francisco figuran algunos que deben ser, de una vez por todas, proscritos por franquistas. A don Francisco se le ocurrió que los españoles debían de ser dueños de su vivienda y, coherentemente, tuvo la ocurrencia de poner los medios necesarios para que así fuera y los españolitos pudieran adquirir una casa en propiedad, pagarla en un tiempo razonable y hasta poder vivir y de paso poner coto a la especulación inmobiliaria. ¡Qué cosas tenia este intolerable fascista!

Otra cosa que se le vino a ocurrir, ¡que ya es manía!, es que los españoles tuvieran seguridad en el trabajo, que los contratos fueran mayoritariamente fijos… la consecuencia de ello fue la creación de un mercado laboral rígido cuyo efecto debía ser, como nos dicen nuestros expertos anticrisis, el incremento del paro y la inviabilidad del crecimiento económico… Bueno ya se sabe que el paro fue durante el franquismo galopante, que la presión intervencionista hacia inviable crear empresas y que sólo se creció durante catorce años en tasas del 6% al 12%.

Como además don Francisco tenía que evitar que los trabajadores salieran a la calle a protestar ante la feroz represión los encadenó dándoles seguridad en el trabajo, creando la Seguridad Social y el sistema de pensiones, las vacaciones pagadas (que antes no existían), permitiendo la compra a crédito, dando créditos baratos a través de la banca pública, convirtiéndolos en clase media, alienándolos mediante la televisión poniendo todas las semanas un partido de fútbol y retransmitiendo las corridas de el Cordobés en una televisión que sólo emitía unas horas… y, sobre todo, instaurando la paga del 18 de Julio para que los españoles pudieran irse de vacaciones… Y así, entre ser propietarios, tener coche, irse de vacaciones, pagar las letras y hacer frente a la hipoteca se estaban quietecitos y de vez en cuando gritaban aquello de “¡Franco, Franco, Franco!” Repito, ¡intolerable abuso fascista!

Por eso, se me ocurre, que dado que hoy florecen los antifranquistas el gobierno pida a todos que renuncien a esa paga conmemorativa del “glorioso Alzamiento Nacional”, instituida no lo olvidemos por don Francisco Franco, entregándola este año al Estado como prueba máxima de la repulsa al odioso dictador y eliminándola el próximo para facilitar la rebaja de los costes de la masa salarial en los balances del Estado y las empresas. Así, ahora mismo, varios miles de millones entrarían en las arcas públicas y daríamos ejemplo a Europa, demostrando, como dice Rajoy, que los españoles saben salir de situaciones difíciles. El único problema sería que a la hora de la verdad sólo existieran un puñado de concienciados antifranquistas. No creo; estoy seguro que los españoles de la “memoria histórica” correrán presurosos y orgullosos a tirar este dinero manchado por la larga mano de Francisco Franco.

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Seamos francos al PSOE, a la pomposa y parcial “Comisión de Expertos” de no sabemos qué, que tiene como flor y coartada a un melindre de derechas, y a los vividores de la Memoria Histórica, que se reparten euros a tanto por barba para fines mucho menos limpios que el de dar sepultura digna a los españoles que no la tengan, los restos de Francisco Franco les importan un pimiento. Entre otras razones porque su heroico antifranquismo retrospectivos es de nómina e instrumental.

La fantasmada lacrimógena del abuelo de Zapatero, en un partido plagado de hijos de franquistas (Chaves, Bono, Fenández de la Vega, Guerra, Belloch…), a los que incluso hemos visto acudir a beatificaciones de los mártires de la Cruzada, no pasa de ser un barniz para disfrazar la realidad. A ellos, ni Franco ni los muertos, de izquierdas o de derechas, les interesan más allá de los réditos electorales que de sus huesos puedan obtener.

Estamos, subrayémoslo, ante un antifranquismo retrospectivo instrumental. Huérfana de referentes ideológicos la izquierda está construyendo una mitología encaminada a blanquear un pasado en el que abunda la sangre y la destrucción. Uno, quizás el único, de esos mitos es la exaltación de la II República, porque el patético intento de algunos individuos como Santiago Carrillo de ver lo bueno de Stalin no pasa de ser una página tragicómica de una vejez que rememora su exaltación juvenil. Este nuevo universo mitológico, este referente, es para ellos algo vital para poder mantener la movilización permanente de los propios dentro de las coordenadas de lo que marcan los gurús de la demoscopia y la sociología electoral: cuando la gestión es nefasta sólo queda recurrir a lo ideológico.

El problema es que la izquierda actual no cuenta en su haber con elementos ideológicos unificadores y diferenciadores al compartir con la derecha muchos planteamientos y comportamientos sociales y económicos; a lo que se suma la imperceptible diferencia en materia cultural, familiar o moral. De ahí que para la movilización electoral la izquierda necesite referentes mitológicos con los que retener un electorado que, conforme se deshacen los tópicos generacionales, comienza a tener comportamientos volátiles. Por ello es preciso rearmar los tópicos y ¿qué mejor modo que recurrir a Franco cuando derecha ya no equivale, para muchos, a maldad política y la vergüenza pública?

Antaño bastaba con llamar franquistas a los dirigentes del Partido Popular, lo que por otro lado tampoco podía extrañar a un partido fundado por siete ministros de Francisco Franco, hoy, con varias generaciones sin “memoria histórica”, resulta casi cómico. Por eso han tenido que recurrir a edificar una mitología de buenos y “malísimos”, demonizar a través de la insidia y la mentira el Valle de los Caídos y, ahora, poner sobre la mesa la posibilidad cierta de sacar de su tumba el cadáver de Francisco Franco. El objetivo no era hacer una pretendida “justicia histórica”, aunque no pase de ser algo más que una grotesca y cobarde revancha/venganza, que en algunos casos es más contra sus propios progenitores que contra Franco. El objetivo es, simplemente, intentar debilitar electoralmente al Partido Popular. Era lógica la escalada, porque el PP no sólo no ha entrado al trapo sino que, a su modo, ha acabado dejando al PSOE jugar con su inventillo de la “memoria histórica” que sólo ha cosechado una oposición mediática limitada. Sin embargo, para algunos analistas, la aplicación de la "memoria histórica", la percepción de lo que realmente es, ha acabado mostrando a muchos electores la cara sectaria de la izquierda que el felipismo había conseguido maquillar, actuando de forma negativa sobre el cuerpo electoral centrista.

El PSOE y toda la izquierda quieren ejecutar su venganza sacando los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, en el que reposa por decisión de un tal Juan Carlos I, pero quiere hacerlo simplemente por razones electorales. El señor Pérez, apoyado por el taimado Jáuregui, ha diseñado su estrategia electoral discursiva de cara a las próximas elecciones: más radicalismo izquierdista, para recuperar la posible fuga de votos hacia Izquierda Unida (el ingenuo Cayo Lara está cayendo en la trampa sin darse cuenta); más demagogia izquierdista, para ganar votos entre el espacio sociológico secuestrado por el inventillo de los indignados y, sobre todo, restar votos como sea al PP. Por ello, el señor Pérez ha gritado como un poseso: “¡Franco, Franco, Franco! El caudillo nos dará la victoria”. Pérez piensa que si el PP se opone, aunque sea muy poquito, de aquel modo que tiene Rajoy de oponerse a las cosas, aunque sea diciendo que el “PSOE sólo mira al pasado y nosotros al futuro”, podrá agitar el espantajo de la derecha rancia, dictatorial y franquista, lo que será bueno para reafirmar su identidad izquierdista y quizás cambie el voto de algún incauto. Quizás Rubalcaba sueñe, por el tancredismo habitual de Rajoy, con una defección de la masa votante que admira a Franco y vota al PP que le cause la pérdida de algunos diputados.

Lo que curiosamente nadie ha advertido al señor Pérez es que también pudiera producirse el efecto contrario; que, aunque se convirtiera en ídolo del rojerío callejero y mediático ultraizquierdista encabezado por el diario Público, los votantes moderados de izquierdas, entre los que por cierto, según las encuestas, también existen personas con una visión positiva de Francisco Franco, pudieran volverle aún más la espalda por cobarde, tonto e inútil. Pero, insisto, Franco les importa un pimiento.

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No parece que cese, transcurrida una semana desde que se desatara, desde medios de izquierda autodefinidos como antifranquistas, que, en muchos casos, hacen del antifranquismo retrospectivo un elemento esencial de su corpus ideológico, un interesado e interesante debate sobre la definición del régimen de Francisco Franco iniciado a raíz de la noticia de que, el prestigioso historiador, Luís Suárez Fernández, en la entrada biográfica de Francisco Franco en el Diccionario Biográfico Español, obra de la Real Academia de la Historia, defina dicho sistema como régimen autoritario y no totalitario, en vez de recurrir al usual calificativo de dictadura.

El profesor Suárez Fernández, como ha explicado reiteradamente en estos días, ha utilizado una definición científica para rotular un régimen político que calificado como dictadura, desde un punto de vista meramente conceptual y sin mayor definición, hubiera reflejado, a la larga y no coyunturalmente, una pobreza intelectual que no estaría acorde ni con la pretensión de la obra, ni con el prestigio del autor, ni con la naturaleza de la institución que la ha impulsado.

La izquierda antifranquista, tanto política como mediática, que también ha hecho de la mal llamada “memoria histórica”, que en muchos de sus aspectos es una simple falsificación histórica cuyo objetivo es, siguiendo las pautas del irracionalismo, dotar de un universo mitológico atractivo a una izquierda que ha perdido sus mitos, como no podía ser de otro modo, se ha movilizado para pedir, por más justificaciones que se busquen, la aplicación de la censura y la retirada de ésta y otras biografías que, simplemente no cuadran con su universo mitológico. A ello se han sumado quienes, por cobardía moral ante la posibilidad cierta de que también les acusaran por ello de franquismo, no han tenido el valor de salir en defensa de la libertad. De ahí la errática toma de postura de algunos medios de comunicación adscritos al centro-derecha, simbolizados en el contenidos de los editoriales y artículos de opinión del diario EL MUNDO que, en uno de sus editoriales ha acabado abogando, disfrazándolo de rectificación, por la aplicación de la censura. Y, ante la falta de respuesta, tanto desde los medios conservadores como desde el mundo científico, el PSOE ha acabado pidiendo la retirada inmediata de la obra y la creación de una Comisión que corrija lo que los hombres de Rubalcaba denominan “imprecisiones e incorrecciones históricas” o lo que es lo mismo el sometimiento de la historia a la versión de la izquierda merced a la creación de un auténtico comisariado político.

Arquetípico de la posición intermedia en el debate es el largo artículo publicado en la Tribuna del diario EL MUNDO por el catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de dicho diario, Jorge de Esteban. Mal empieza y mal acaba cuando, como casi todos, desacredita la idoneidad del catedrático Luís Suárez Fernández acusándole de subjetividad y cierra, como argumento de su defensa de la calificación de dictadura, recordando, como aval la represión contra la oposición ejemplificada en que se “decretaron varias penas de muerte poco ante de morir Franco. Digo mal acaba, porque este recurso, por otra parte muy habitual, es una distorsión de la realidad utilizada por su efectismo. Se refiere el catedrático de Derecho Constitucional a las sentencias ejecutadas de varios terroristas no por oponerse a Franco sino por cometer actos de terrorismo, que hoy parece que se entienden, por algunos, como justificables.

Afirma Jorge de Esteban que dada la proximidad del personaje, como sucede en otros casos en el Diccionario, la objetividad es difícil y que debiera haberse buscado, especialmente en este caso, otro autor ya que el profesor Suárez Fernández está descalificado, pese a su obra, por su “simpatía hacia el personaje al que conoció personalmente y al que le unen demasiados vínculos afectivos”. Es posible que tenga razón, pero la misma razón en sentido contrario podría esgrimirse para vetar al 99% de los historiadores que muestran un indisimulado antifranquismo que en sentido inverso, debido a la antipatía que les suscita el personaje, se dejan llevar por la animosidad.

Dejando a un lado las disquisiciones sobre la idoneidad del autor y del problema subjetividad que él mismo plantea en la mitad de su artículo, entremos, como él hace, en el debate sobre el calificativo. Afirma que la definición de “régimen autoritario, pero no totalitario, no se acomoda con la realidad de los hechos”, siendo partidario de utilizar el término dictadura; es más, que el régimen de Franco “es un ejemplo paradigmático de dictadura” y para ello se vale de una explicación desenfocada -entiendo que un tanto superficial por razón de espacio- de la evolución institucional del régimen a través de la revisión de las denominadas Leyes Fundamentales, lo que vendría a ser la Constitución abierta del régimen franquista. Análisis ponderado que se quiebra para convertirse en especulativo al final de su artículo.

En mi modesta opinión el profesor Jorge de Esteban lo que ha hecho es una suerte de florilegio tratando de dar entidad a lo que no pasa de ser la visión simplista y de manual sintético de Franco y su régimen: una dictadura con una serie de leyes sin otro valor ni entidad que su mera existencia; leyes inaplicadas destinadas a dar un barniz propagandístico y una aparente legitimidad institucional a lo que no era más que la cubierta del deseo y la ambición del general Franco de mantenerse y ejercer el poder. Visión simplista a la que, evidentemente, la definición que mejor cuadra es la de dictadura personalista. No siendo, en ningún caso, posible definirlo como régimen autoritario o totalitario.

Recordemos, porque a veces se olvida con suma facilidad, que estamos ante un debate científico o que, al menos, debería haberse sostenido dentro de esos márgenes, que se ha transformado, por impulso de la izquierda política y mediática, en debate ideológico y político. A veces se olvida que para la inmensa mayoría de los ciudadanos dictadura y autoritario vienen a ser lo mismo; y aunque el término totalitario es menos usual, una rápida encuesta probablemente nos dijese que en la práctica es una voz sinónima. ¿Por qué entonces sacar el debate del área de lo científico como se está haciendo?

Creo que por que a todos conviene. No es que, como se ha dicho y escrito, la utilización de la definición del régimen de Franco como autoritario y no totalitario le haga mejor o peor, ni que con ello se buque blanquear la figura de Francisco Franco, como interpretaba, también en el diario EL MUNDO, que en su haber debe incluirse el facilitar a los lectores el acceso a todas las opiniones, el dibujante Ricardo, es, sencillamente que con el término dictadura se busca ocultar o aminorar la importancia de dos realidades fundamentales: primera, que el régimen de Franco contó con un importante y amplio apoyo social y popular, entre otras razones porque era producto de una rebelión que, más allá del golpe fracasado, fue cívico-militar; segunda, que el régimen de Franco es la resultante de una coalición político-social que equivale a lo que sería en la actualidad el centro-derecha español, con participación entusiasta de lo que se conocen como “los catalanes de Franco” y los aún no estudiados “vascos de Franco”. Realidades que hoy, naturalmente, conviene proscribir porque configuran una realidad muy distante a la imagen simplista de dictadura personalista y opresiva que se quiere transmitir.

Volvamos al artículo del profesor Jorge de Esteban. Decir que el régimen de Franco fue una dictadura, aferrándose al término sólo y en razón de la carga negativa y pervertidora de la realidad antes apuntada, es decir muy poco. Argumentar la validez del término en función de un análisis desenfocado de las Leyes Fundamentales, indicando que en realidad la “auténtica Norma Fundamental fueron las leyes de 1938 y 1939”, que fundaron una dictadura, es contemplar sólo una parte de la realidad.

Nadie niega que el régimen del general Francisco Franco comenzara siendo una dictadura personal. No podía ser de otro modo. Los generales sublevados, en función de las circulares del general Mola, tenían previsto instaurar una “dictadura militar” que entraría dentro de los parámetros de lo que sería -forzando la interpretación- una dictadura comisoria por mandato autoasumido (la dictadura del general Primo de Rivera es una dictadura de este tipo). Por fuerza, como el profesor Jorge de Esteban no ignora, una situación revolucionaria que derriba o carece de aparato jurídico-institucional deriva siempre en una concentración de poderes más o menos temporal, en una dictadura. En qué radica la “originalidad” o la “diferenciación” del franquismo: en la progresiva autolimitación de esos poderes, bien sea en la praxis o en el orden jurídico-institucional. Tanto en la práctica como en la evolución del régimen esa es una realidad difícilmente prescindible. El profesor Jorge de Esteban, para sostener su tesis, estima que la única intención de Franco al hacer eso, la autolimitación del poder, era “tener todos los poderes -entiendo que por ambición de poder- y durar en su cargo de forma vitalicia”. Es posible pero no probable y en todo caso es una interpretación más especulativa que objetiva.

Si el profesor Jorge de Esteban, además de analizar las Leyes Fundamentales, reparara en el planteamiento del propio Franco creo que matizaría su apreciación. El historiador, que debe rehuir el planteamiento especulativo para escapar, dentro de lo posible, a la subjetividad propia o ambiental, no puede obviar, y mucho menos en el caso de la existencia de un poder personal última instancia de las decisiones fundamentales, lo que el protagonista presenta como su proyecto político para valorar si después obra en coherencia con el mismo. Curiosamente las líneas maestra de sus objetivos y actuación subsiguiente las plantea Francisco Franco, pese a que sean numerosos los historiadores que lo minusvaloren, entre 1937 y 1938. El general Franco afirma que su objetivo es crear un “régimen autoritario de integración nacional”, bajo los principios de autoridad y jerarquía, que asume como función primordial la “ingente tarea de reconstrucción espiritual y material” y que en el futuro, cuando esté concluida la obra, será el pueblo el que decida si vuelve a la monarquía, y eso lo hace cuando calificarse como dictador no tenía ninguna carga peyorativa o negativa.

Se equivoca, como se equivocan muchos autores, el profesor Jorge de Estebada no en el análisis del conjunto de las Leyes Fundamentales, cuyo horizonte en el pensamiento de Franco, su razón de ser, no era poner fin a su magistratura vitalicia, aun cuando se aferrara, casi siempre, al estricto cumplimiento de las mismas una vez promulgadas, sino ser la base del régimen que dejaría a un heredero con poderes más limitados: el actual rey. Un rey cuya legitimidad de origen está en Franco y en la sublevación de julio de 1936, sin ambos no existiría la monarquía.  

Para el profesor Jorge de Esteban estas leyes son fruto de la necesidad de Franco de acomodarse a las circunstancias políticas exteriores e interiores. Interpretación que no se ajusta a la realidad global, pero muy eficaz a la hora de mantener la ficticia imagen del dictador que lo hace todo, lo controla todo y lo dicta todo. La realidad es que todas esas leyes fueron fruto de un largo y enconado debate político entre las diversas fuerzas políticas que convivieron en el régimen de Franco. Un debate fundamental que los historiadores prefieren reflejar en un segundo plano: el de la institucionalización del régimen (incluyendo a los que no querían que se institucionalizase y fuera una simple dictadura más o menos transitoria). En este proceso es Franco quien toma la decisión final y resulta que ésta estuvo siempre condicionada por su decisión de sacrificar la celeridad, que dados sus poderes fundacionales era prescindible, al consenso. De ahí que escogiera el modelo de Constitución abierta.

No repara el profesor Jorge de Esteban en un hecho clave, las leyes de 1938 y 1939, incluyendo el fundamental Decreto de Unificación de 1937, que olvida, son resultado de la pretensión totalitaria de Ramón Serrano Suñer. Construcción totalitaria que el propio Franco acaba desechando y que abre un proceso de institucionalización distinto. Olvida el profesor Jorge de Esteban que, además del debate, que existió y muy fuerte, entre cada Ley Fundamental, aparecen una serie larga de leyes que van construyendo el aparato institucional del régimen. No son las Leyes Fundamentales, como parece inferirse del artículo, entes aislados que aparecen en función de las circunstancias, son colofón de esos procesos. Y es, en el periodo 1937-1942, en las leyes y decretos que son responsabilidad última absoluta de Franco, en el que se desecha la vía totalitaria, siendo el colofón la Ley de Cortes de 1942. Todo ello sucede en simultaneidad al debate sucesivo sobre dos proyectos constitucionales completos, convertidos en algo así como el uno contra todos, diseñados por Ramón Serrano Suñer y por Eduardo Aunós.

¿Qué sucede a partir de aquí, de la proscripción de la vía totalitaria? Pues lo que el profesor Fernández Carvajal denominó la aparición de una “dictadura constituyente”, que busca crear un aparato institucional propio con un horizonte de permanencia, como régimen político estable, más allá del propio Franco. Un régimen que en ese proceso asume como objetivo el desarrollo económico y social, de ahí la definición de “dictadura de desarrollo”, uno de cuyos efectos es la aparición de esa “clase media como nunca había existido en España” que cita el profesor Jorge de Esteban, pero que no aparece, como podría inferirse de su escrito, como un ectoplasma a pesar del régimen sino que es impulsada por éste.

La resultante de ese proceso es la aparición del “régimen autoritario de pluralismo limitado” definido por le politólogo Juan Linz, que es lo que inicialmente se proponía el propio Franco y, probablemente, la definición descriptiva más ajustada a lo que fue el régimen. Una definición con tanta validez científica como otras y que no implica un juicio moral sobre el mismo. Lo contrario es la interpretación especulativa que conlleva la subjetividad ideológica del antifranquismo retrospectivo que tantos lleva dentro y que aflora cuando surgen este tipo de debates.

 

Nota: Este artículo aparece en

http://www.diarioya.es/content/la-definición-del-régimen-de-franco-polémica-debate-trasfondo-y-realidad

http://bitacorapi.blogia.com/2011/060801-la-definicion-del-regimen-de-franco-polemica-debate-trasfondo-y-realidad..php

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Por más que lo he intentado, de ahí mi tardanza en comentarlo, no he podido acceder al texto completo que el profesor Luis Suárez Fernández ha realizado para la entrada biográfica de Francisco Franco incluida en el diccionario biográfico preparado por la Real Academia de la Historia. Lo que en principio no debiera haber sobrepasado los márgenes del debate académico, merced a la presión de la pinza izquierdista que forman Izquierda Unida y el diario Público, a la que se han sumado, con desigual intensidad, la mayor parte de los medios, hasta con mensajes contradictorios de un día para otro, como es el caso del diario El Mundo, se ha transformado casi en un problema nacional.

Todo ese conglomerado mediático-político lo que ha propuesto, enmascarado en los más diversos florilegios, sencillamente es la aplicación de la censura buscando la retirada del artículo, desatando una auténtica caza de brujas a la que se han sumado los rencores de algunos historiadores que no perdonan a Suárez Fernández su gran obra, en varios tomos, revisada en tres ocasiones, y que está editada en Actas, sobre ese periodo de la historia de España, o su gran tomo biográfico sobre Franco y su más reciente Franco y la Iglesia, que ofrece una visión distinta y distante a la visión oficialista sobre el régimen de Francisco Franco. Visión que, por cierto, aún juzga insuficiente la pléyade de vividores de la memoria histórica. De ahí que hayan tratado de minusvalorar su obra diciendo que es un medievalista o patrono de la Fundación Francisco Franco aprovechando que la mayor parte del público desconoce el peso intelectual de Suárez Fernández.

Todos conocemos cuál es el supremo argumento de estos censores: que Luis Suárez Fernández ha calificado el régimen de Franco como autoritario y no totalitario. Se puede entender que los ilectos y la izquierda española hayan saltado hechos una fiera ante tamaño desafío. Ahora bien, que nadie, desde un punto de vista intelectual, haya subrayado algo tan evidente como que estamos ante un debate conceptual sobre la calificación de un régimen político, parece increíble.

Cualquier lector medio de historia, de filosofía política y de historia de las ideas, sabe perfectamente que dictadura es un término con muy escasa precisión a la hora de identificar un régimen político complejo, con un aparato institucional amplio, como era el de Francisco Franco. En esa línea de debate cualquiera sabe que dictadura, totalitarismo y autoritarismo son tres conceptos distintos que, al concretarse en un régimen político concreto, tienen características diferentes. Por eso, más allá del término dictadura, la definición exacta del régimen de Franco es la de autoritario. El profesor Suárez Fernández lo que ha hecho es definir desde el rigor intelectual, lo que los demás hacen es poner de manifiesto su amplio analfabetismo intelectual o la ceguera de vivir todavía pendientes de un antifranquismo retrospectivo.

Otros, sin embargo, que no pueden adscribirse a la izquierda que brama contra Suárez Fernández, prefieren el término dictadura para borrar dos cosas fundamentales: primera, el amplio apoyo social que obtuvo el régimen de Franco; segunda, obviar que el régimen de Franco se sostenía sobre una coalición político-social equivalente al centro y la derecha española actual, y que la lentitud en la institucionalización se derivó del deseo de Franco de conseguir un consenso entre los diversos grupos. Pero esto último es mejor no mentarlo.

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