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Podía haber sido cualquier otra fecha, desde el dos de mayo, en recuerdo de la sublevación que dio origen a la Guerra de la Independencia, a la del matrimonio de Isabel y Fernando, pasando, como sucedió durante casi cuarenta años por el 18 de julio o el día de las Navas de Tolosa o incluso la victoria en Lepanto. Sin embargo, ninguna fecha mejor, por su sentido simbólico que el 12 de Octubre: expresión de los resultados del esfuerzo común en un proyecto nacional y colectivo.

Hacer del día del Descubrimiento de América, de aquel instante anunciado por Rodrigo de Triana viendo a lo lejos la tierra de la esperanza desde lo alto del palo de un cascarón en un mar inmenso, de aquella fecha que cualquier niño se sabe aunque no comprenda bien el alcance de su significado, de lo que fue el inicio de la universalización de España, de la creación de las Españas, el día de nuestra Fiesta Nacional, soldándolo de manera indisoluble con lo que en muchos países de habla hispana, incluso en los propios EEUU, es la fiesta de la Hispanidad, siendo al mismo tiempo la exaltación del castellano como lengua común, como lengua española reconocido por la Unesco, es pues mucho más que un día festivo en el calendario fijado por las costumbres.

El doce de octubre se configura o debiera configurarse como un elemento de afirmación nacional, identitario. Ahora bien, al doce de octubre aún le falta aquello que curiosamente el gobierno, todos los gobiernos por cierto, rehúye impulsar:  la transformación de una fiesta oficial en una festividad popular. Aunque es cierto que el germen del orgullo nacional esté dando vida a concentraciones populares en torno a los colores y la reivindicación de España como idea, como concepto y como proyecto. Pero a nuestra Fiesta Nacional, a este orgullo de España, aún le falta el calor festivo-popular que, aunque parezca un contrasentido, está haciendo brotar el intento nacionalista de poner fin a la integridad de la nación española.

El 12 de Octubre, Fiesta Nacional, tiene un importante componente simbólico porque es el momento en que una nación-reino-estado, que desde su aparición como Hispania, producto de Roma, convertida en reino-estado con la monarquía visigoda, destrozado por la invasión musulmana, tras rehacerse de la mano de Isabel y Fernando se proyecta en lo universal para hispanizar lo que después sería la América Hispana. Porque lo que los españoles van a realizar en el Nuevo Mundo es precisamente eso: hacer nuevas Españas, hispanizar. Y ello implicaba no esclavizar sino hacer súbditos, es decir titulares de los mismos derechos a ambas orillas del mar; tener la misma Fe, la misma lengua y conformar una sola comunidad independientemente del criterio de raza, incorporando a aquellos pueblos a la civilización cristiana.

Dejando a un lado las leyendas interesadas, los mitos indigenistas mezclados con el nacionalismo-marxista importado desde las doctrinas de la guerra revolucionaria, los excesos puntuales -que fueron sólo eso- y el sentimiento antiespañol que se ha ido difundiendo en algunos países (hace algunos meses, en una cola ante un museo en una capital europea, sentí la tristeza de oír a un padre hispano que le explicaba a su hijo que ahora eran pobres por lo que España les había robado, prescindiendo del hecho evidente de que sólo por el acento alguien diría que venía de aquellas tierras y no de Valladolid), aquella fecha del doce de octubre es la piedra angular de los lazos espirituales creados, de la comunidad engendrada, del acervo de valores que nos igualan. Un sentimiento y un concepto, razón y emoción, que explicaron con profundidad y poesía monseñor Zacarías de Vizcarra, Ramiro de Maeztu y Manuel García Morente.

Anoto que explicaron más que teorizaron, no inventaron sino que formularon, porque el sentimiento de la Hispanidad, de la pertenencia a un tronco común, de la simbiosis con la madre Patria, que era sentido por la inmensa mayoría de los habitantes de la América hispana -disfrazada con vergüenza después por los pseudointelectuales, los progres y los políticos correctos con esa renuncia que supone sustituirla por Latinoamérica-, estaba ahí, era preexistente a su utilización y difusión. Hoy, ideológicamente, por su carga, es para muchos un término proscrito; entre otras razones por lo que conlleva de afirmación nacional, de obra común de los españoles, incluso de gesta heroica que por las dosis de patriotismo histórico que implica, en estos tiempos de disolución, es necesario proscribir. De ahí la propaganda, el impulso y el apoyo que las tesis contrarias a la Hispanidad siempre han tenido entre quienes desean desintegrar la nación española:  la ideología del indigenismo, alentando las estupideces de la Leyenda Negra, y el panamericanismo.

La Hispanidad es en realidad la reformulación moderna de la noción de Imperio, que es lo opuesto a la idea anglosajona del imperialismo del último tercio del diecinueve o a la del neoimperialismo propio del mundo de después de la II Guerra Mundial. Es, y debiera ser, la expresión conceptual de la conciencia de constituir o de formar parte de una comunidad de naciones que debieran, especialmente en este mundo global,  reforzar sus lazos y conformar un bloque de intereses y obligaciones al servicio del bien común capaz de alumbrar nuevos caminos frente a los excesos del ultraliberalismo haciendo suya la Doctrina Social de la Iglesia como luz para guiarnos hacia un mundo más justo.

La Hispanidad debería haberse conformado, de no haber mediado otros intereses geoestratégicos y geoeconómicos, como un todo frente a los otros bloques para, a través de España, recuperar la noción de origen de la Euroamérica como espacio común de cultura, creencia y valores que por fuerza, por razón de historia son principios y valores religiosos, cristianos. Y como tal la Hispanidad, al servicio de lo expuesto, alcanzaría su materialización real como unidad de destino de una gran Patria espiritual y supranacional.

En este sentido es hoy necesario hacer pedagogía de la Hispanidad, al igual que es preciso hacer pedagogía patriótica. Convertir lo que para muchos es meramente sensitivo en racional. Difundir, enseñar y asumir la idea y el concepto de España y de la Hispanidad. Y, ¿qué mejor manera de hacerlo que tener como Fiesta Nacional viva y popular la fecha del 12 de Octubre?

 

 

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Lo había avisado el inesperado triunfo del candidato del Frente Nacional en la primera vuelta de las elecciones cantonales en Brignoles. Aquel 40% se ha convertido en más del 50% en la segunda vuelta a pesar de la habitual alianza de todos los partidos, de derechas y de izquierdas, verdes y comunistas, para evitar el triunfo de Marine Lepen. Un triunfo que viene a confirmar lo que vienen diciendo las  encuestas desde hace meses: el imparable ascenso del Frente Nacional y el hundimiento de la derecha y la izquierda. Un terremoto político de tal magnitud que hasta el sistema a dos vueltas galo, con distritos donde sólo puede ganar un candidato, que hasta ahora parecía ser un muro infranqueable, debido a esa alianza política de derecha e izquierdas para evitar a toda costa la irrupción en las instituciones del que ya es, según se publica en Francia, el primer partido del país vecino, se ha resentido porque ahora puede convertir al Frente Nacional en beneficiario. Sobre todo porque las encuestas indican que puede ser el partido más votado en las próximas elecciones europeas.

La pregunta que, en Francia y fuera de Francia, hoy se hacen muchos es ¿cómo ha sido esto posible? ¿Cómo una sociedad de tan larga tradición como la francesa puede estar
a punto de votar masivamente a lo que se califica de extremaderecha?

La respuesta es más sencilla de lo que parece: simplemente porque el Frente Nacional francés ha roto sus barreras, su techo, y  por sus apoyos ya es difícilmente encasillable en los márgenes tradicionales, y por tanto estigmatizables, de la ultraderecha. La descalificación demagógica ha dejado de funcionar. Frente al crecimiento del partido de Marine Lepen ya no es posible disuadir a los electores agitando espantajos y propaganda. ¿Por qué? Simplemente porque el Frente Nacional ya no es el Frente Nacional de hace una década. Aunque en nuestros lares resulte que quienes ven en Marine Lepen y su partido el modelo a imitar no se hayan prácticamente enterado de lo que ha sido la refundación hábil del partido de la mano de la hija del fundador.

La imagen que se tiene del Frente Nacional en muchos lugares, transmitida y amplificada por la progresía y muchos medios de comunicación, edificada sobre la imagen de una fuerza xenófoba, detentadora de un patriotismo de opereta y folklore, ya no existe en Francia. Desde que asumió el liderazgo del partido, Marine ha estado refundando el viejo Frente Nacional y su discurso ha variado sensiblemente, hasta tal punto que ya casi se la califica, por su discurso social, de “extrema izquierda”.

Marine ha recuperado el viejo discurso iniciático de su padre: “ser la voz de los sin voz, la voz de Francia”. Eso sí, conservando la música, le ha dado nuevos aires. La defensa de la identidad nacional y de los valores del republicanismo francés, del Estado, siguen siendo el basamento ideológico del partido. Sin embargo, ahora, el antiguo y no sé si anticuado mensaje tachado de xenófobo se ha transformado en la denuncia del peligro del integrismo islámico porque va contra los valores republicanos, lo que es asumible por la mayoría de los franceses alejándose de cualquier connotación racista.

Lo que a Marine le está abriendo las puertas de Francia y el camino hacia el Eliseo, para desesperación de conservadores y socialistas,  es ese nuevo discurso: el que se sintetiza en la idea-lema de “antes que nada, el pueblo”. Es su programa social, el erigirse en la líder de los “invisibles, de las víctimas de la crisis”, su nueva propuesta de una necesaria “revolución cultural”, su tesis de poner fin a todo aquello que separa y divide a los franceses, lo que le hace ganar votos entre las masas y sobre todo entre los jóvenes.

Frente a esta Marine poco tiene que hacer la otrora poderosa izquierda francesa, cuando ella denuncia que derecha e izquierda son culpables de la situación de crisis en que viven los franceses; al igual que responsabiliza, frente al consenso de derecha e izquierda, a los elementos negativos del Euro de la imposibilidad de salir de la postración. Y, en este sentido, nada más revolucionario, moderno y juvenil que proclamar que el ultraliberalismo está creando pobreza y desigualdad, por lo que debe ser detenido.

Marine está conectando con la voz dormida de Francia,  con los intereses particulares y reales de los franceses que quieren seguir siendo franceses;  que quieren que en sus calles se imponga nuevamente la ley frente a la expansión, tolerada por la derecha y la izquierda, del no-derecho.

Por todo ello, algunos politólogos, ante la posición rupturista del nuevo Frente Nacional que Marine está construyendo a marchas forzadas, renovando las estructuras y fichando talentos, conscientes de que se trata de una corriente difícil de encuadrar en los márgenes simplistas de lo que se conoce como extremaderecha, algo que ya no tiene la eficacia disuasoria de la expansión del miedo, no queriendo renunciar a la carga peyorativa a la hora de definir su propuesta, ya hablan del nuevo nacional-populismo, aunque en al discurso de Marine la definición que mejor le cuadra sea también la más sencilla y emotiva: República y Francia. Algunos deberían tomar  nota.

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Dicen que en Estrasburgo existe un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hoy, lunes 21 de octubre de 2013, ha alumbrado una sentencia que vulnera precisamente eso que dice defender: los derechos humanos. Alguien debiera haber recordado a tan Alto Tribunal -hoy debiera ser bajo tribunal- que los derechos son de las víctimas, de los familiares de las víctimas, y no de los verdugos.

A esa iniquidad, a esa segunda ejecución que hoy han sufrido las víctimas del terrorismo, pero también quienes han perdido un ser querido a manos de asesinos múltiples, se ha sumado, con su voto afirmativo, un tal Luis López Guerra, dicen que juez -aunque para mí no merececiera hoy vestir toga- pero probablemente también parte en la negociación socialista con los terroristas, exsecretario de Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, muñidor y defensor entre los miembros del Alto Tribunal de la postura favorable a condenar a España por la apliacación de la denominada doctrina Parot que impedía a los terroristas, asesinos y violadores salir a la calle con unos pocos años cumplidos en prisión porque daba lo mismo matar a uno que a veinte. La misma doctrina que los terroristas, los amigos de los terroristas, los representantes políticos de los terroristas, han pedido que se elimine para poder completar el tan ansiado “proceso de Paz”. Ese proceso frente al que el actual gobierno ni sabe ni contesta.

Ignominía y vergüenza, salvada no por este juez, Luis López Guerra, que puede que sea español, pero que ha sido insensible al dolor y las razones de las víctimas, sino por los tres votos particulares firmados por siete jueces que se han llevado, sin duda, las manos a la cabeza al ver como con esta sentencia se contravenía la razón fundacional del tribunal de defender los derechos humanos.

Bofetada y esputo por parte de un juez español que no ha apoyado esos votos particulares disidentes, lo que significa que el propio representante español estaba a favor de la anulación de la doctrina Parot. Y si el representante español estaba a favor, se planteaban los demás, ¿cómo negarse?

Hoy, Luis López Guerra, empeñado en defender la tesis de los terroristas, pero también de otros, en apoyar el supuesto “derecho” de la terrorista que ha dado origen al caso, Inés del Río, condenada a más de 3000 años de cárcel, componente del comando Madrid, encausada en 23 asesinatos, entre ellos los 13 guardias civiles asesinados en la Plaza República Dominicana de Madrid, y que ahora no sólo quedará definitivamente en libertad sino que, tal y como ha votado este juez, recibirá una indemnización por los daños morales sufridos, ha asestado otra puñalada, una más, en la espalda de las víctimas. No sé si prestando el último servicio a la negociación iniciada por José Luis Rodríguez Zapatero.

Y lo peor es que el gobierno, en vez de una respuesta rotunda y clara. En vez de poner de manifiesto su voluntad de no aplicar la sentencia de Estrasburgo -no sería la primera vez que no se hace- apoyándose en los votos particulares, pidiendo el apoyo de la oposición para que se caigan las caretas, nos dice que confía en lo que al final decidan a duo Alberto Ruíz Gallardón y Fernández Díaz. Lo que en román paladino significa que, como hasta ahora, el gobierno seguirá dejando salir presos al viento de aquel viejo refrán de que no hay mal que por bien no venga.

 

 

Nota: Aguardo impaciente la dimisión del juez López Guerra como representante español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

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Si lamentable fue la salida de tono del Presidente del Gobierno cuando le preguntaron por su opinión ante la sentencia y la liberación de etarras, evitando conscientemente pronunciarse, más falaz ha sido la maniobra, fruto sin duda de los fontaneros de la Moncloa, para intentar zafarse de la polémica y el daño político, de trasladar la responsabilidad de la liberación inmediata de la asesina múltiple Inés del Río a la Audiencia Nacional.

El mensaje del gobierno y del PP en este tema es nítido: estamos obligados a cumplir la sentencia, con dolor eso sí, y los encargados de velar por el proceso son los magistrados de la Audiencia Nacional o en llegado el caso el Supremo; por lo tanto, no tenemos responsabilidad alguna. Lo que además, pues de todo se puede sacar algo positivo, infiere centrar las críticas de la aplicación universal de una sentencia individual en el Ministerio que dirige Alberto Ruíz Gallardón.

Naturalmente que todavía existen mentes virginales que se creen aquello de la Independencia del Poder Judicial. A otros, simplemente, nos resulta mucho más sencillo creer en el misterio de la Santísima Trinidad.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, se ha quejado amargamente de quiénes, políticos incluidos, han “contribuido a esta injusticia”. Y, ciertamente, la mayor parte de la clase política, de forma colectiva, tiene una alta responsabilidad en lo acontecido. La tiene, porque cegada con la idea de negociar con ETA, que ha estado presente en todos los gobiernos hasta el presente, que parece haber asumido esa estupidez léxica que denominan “proceso de paz” -¡como si alguna vez hubiera existido una guerra!- que por su propia definición legitima las acciones terroristas de los últimos cuarenta años, los sucesivos gobiernos han orillado reformar el Código Penal en lo referente a los delitos de terrorismo, asesinato y violaciones; negándose a tratar el tema de la cadena perpetua o el cumplimiento real de las penas (si son 800 años que cumplan 800 años).

Desde los lejanos tiempos de la UCD, maestra a la hora de enterrar a los asesinados a horas intempestivas, cerrando los funerales a la protesta popular, se evitó a conciencia una reforma que garantizara el cumplimiento real de las penas. En los años de gobierno socialista y oposición popular, no pocos dejamos claro que cuando se pedía el “cumplimiento íntegro” de las penas se usaba un subterfugio léxico, porque el “íntegro” no significaba ni total, ni real. Los terroristas podían disfrutar del régimen de beneficios para reducir pena y muchos reclamamos, desde los setenta, que ese privilegio desapareciera para estos asesinos. Pero era fundamental mantenerlo si se quería negociar pues una de las reclamaciones de los terroristas era la liberación de sus presos. Política que se mantuvo intacta hasta el siglo XXI refugiándose, hipócritamente, en el argumento de que aplicaban el Código Penal franquista de 1973, cuando el terrorismo, sin embargo, podía ser juzgado por Consejo de Guerra y en el Código se contemplaba la posibilidad de aplicar la pena de muerte.

Responsabilidad retroactiva de una clase política que fue, durante décadas, absolutamente insensible al dolor de las víctimas y que prefirió mantener abiertos los recovecos que le permitieran negociar con los asesinos. La denominada “doctrina Parot” fue el hueco en el sistema encontrado para mantener en prisión a los terroristas y forzar a ETA a la negociación. Una doctrina que tenía fecha de caducidad. Una doctrina considerada como un escollo en el “proceso de paz” aceptado e impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero, como lo era la Ley de Partidos. La Ley de Partidos es hoy papel mojado y al gobierno ni tan siquiera se le ocurre volver a sus planteamientos para, como prometió, proceder a la ilegalización de los partidos que son la voz de los terroristas. La “doctrina Parot” ha sido tumbada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con el concurso solícito de un juez español nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, al final, la sentencia viene bien a todo el mundo porque puede facilitar el “proceso de paz”.

Cabría preguntarse pues, ¿por qué el gobierno español, ante un proceso que ha durado unos cuatro años, no ha jugado a fondo la carta política? ¿por qué no ha buscado los necesarios apoyos en un ambiente que se mueve en razón de la presión que ejercen los “lobbys”? ¿por qué no se ha dejado claro y nítido que el juez español que forma parte del Tribunal no representaba la opinión nacional dejando de dar la impresión de que era la propia España la que pedía el fin de lo que constituye la razón iniciática de la doctrina Parot? ¿por qué se da por hecho que la sentencia, la más rápidamente analizada y leída del mundo, impone la libertad inmediata de los terroristas que planteen recursos ante la Audiencia Nacional? ¿por qué el gobierno no ha instado a plantear abiertamente que los beneficios penitenciarios no son parte de la pena y por tanto, sin desdecir la sentencia, alargar automáticamente los plazos de cumplimiento de pena lo que llevaría, nuevamente, el caso a su punto de partida permaneciendo los terroristas en prisión? Alguien podría alegar que ello no hubiera dado resultado, pero los votos particulares, contrarios a la sentencia, de varios de los miembros del Tribunal avalan que hubieran podido tener éxito. Pero el gobierno prefirió escudarse y limitarse en la acción ante el Tribunal en el proceso.

No pocos pensamos -y ello explicaría muchas cosas- que el gobierno ha hecho suya la tesis del “proceso de paz” de Rodríguez Zapatero y que por ello es preciso mantener una política de gestos que allane el camino. Gestos como la liberación de Bolinaga o tolerar definitivamente la presencia política de los representantes de los terroristas. Gestos, estiman, que tienen un coste político muy limitado. Sin embargo, ahora, tras la sentencia, lo que se plantean en la Moncloa es: ¿podemos asumir un goteo de liberaciones con la consiguiente protesta de las Víctimas? ¿es preferible una liberación rápida que evite ese desgaste? Y, sobre todo, ¿podemos controlar o minimizar los daños políticos causados por un rebrote de la “rebelión cívica” apoyada por el PP cuando estaba en la oposición para desgastar al gobierno de Zapatero y abandonarla una vez llegado al poder? Ese es el dilema real de Rajoy y de ahí el intento de desactivar o moderar las protestas de las víctimas.

La sentencia de Estrasburgo, y la atención a la petición de la representación política de los etarras de que no se pongan obstáculos a las excarcelaciones, suponen en la práctica la anulación parcial de la “doctrina Parot”, una de las cláusulas del “proceso de paz”. Ya tenemos encima de la mesa la petición de revisión de medio centenar de terroristas que podrían elevarse en breve hasta el centenar; como daño colateral queda la posibilidad de que salgan a la calle otros cincuenta asesinos y violadores. Ahora le toca turno a Trotiño, autor material de la matanza de República Dominicanda. Y en plazo brevísimo la asesina de Hipercor, Mercedes Ernaga que saldrá a la calle en diciembre. Para compensar, eso sí, sobre todo a efectos propagandísticas, Mariano Rajoy ha sacado del cajón donde dormía el sueño de los justos un “Estatuto de las Víctimas”, que aún debe concluirse, para reconocer unos derechos que de no ser por la falta de vergüenza de la clase política hace mucho que deberían tener. No sé si con ello logrará anestesiarlas en el conformismo pero al menos el mariachi mediático progubernamental tendrá algo en lo que refugiarse.

 

 

Nota: En la foto la terrorista Inés del Río, en libertad pese a tener las manos manchadas con la sangre de 24 víctimas. 

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En realidad a la izquierda en general y al socialismo en particular los huesos de don Francisco Franco, Caudillo de España, Generalísimo de los Ejércitos -cargo militar y no muestra de peloteo rampante- y Jefe del Estado Español (por cierto España fue Estado en su concepción contemporánea gracias a don Francisco Franco), le importan un pimiento.

Convertida la izquierda, pese a los aspavientos de la promocionada por la crisis Izquierda Unida, aupada realmente sobre los vientos de la desesperación, en una devota sierva de las tesis económicas capitalistas, porque en su vertiente económica el turno socialdemocracia-liberalismo es una misma moneda con dos caras para mantener los entramados más sociológicos que ideológicos de izquierda y derecha; perdiendo terreno en las apuestas de ingeniería social que conformaron su discurso en los últimos cuarenta años pero que hoy, sólo era cuestión de tiempo, también acaba asumiendo de un modo u otro la derecha  (véanse los casos del aborto, multiculturalismo, la diversidad de modelos familiares admisibles, el matrimonio homosexual, el ecologismo…); convencida de que la defensa del llamado Estado del Bienestar tiene corto recorrido, porque también, teóricamente, lo quieren hacer sobrevivir sus contrarios (con un par de subidas de las pensiones, un recorte de impuesto y más presupuestos de ayuda social se recorta el descontento); ayuna de elementos ideológicos propios realmente movilizadores (no lo son la petición de la regeneración política, la lucha contra la corrupción o la protesta ante los efectos de la crisis y el ultraliberalismo), anda en España buscando crear un enemigo que galvanice y origine una nueva izquierda (en realidad toda la izquierda, aunque esté alcanforada, se haya aburguesada y disfrute con los lujos, las marcas, la cocaína y las drogas de diseño, sigue soñando con el mito revolucionario, con las trencas y las greñas del sesenta y ocho). Y por eso tienen que sacar a pasear, una y otra vez, a Francisco Franco.

No es nuevo el comportamiento en la izquierda española. En los años treinta creó el mito de un inexistente fascismo (fascista era todo el que no era de izquierdas y por ahí anda alguna histérica tertuliana con el mismo discurso) como pantalla para justificar la violencia coercitiva que desató sobre España y que se llevó por delante la República, la  democracia formal -¡sólo formal!- y nos condujo directamente a la guerra civil. Hoy, utilizando los nuevos antifascistas como ejército de choque han vuelto a lo mismo: todos los que no somos de izquierdas somos fascistas. Es la izquierda que vendió como legítima protesta la violencia de los grupos antiglobalización, dio alas al movimiento “okupa”, ensalzó a un nuevo anarquismo poblado de hijos de la burguesía vestidos de perro-flauta, y ahora los ha reconvertido en el movimiento antifascista cuya especialidad es reventar actos, abrir cabezas, incendiar contendores, volcar coches; exaltando, de un modo u otro una violencia que siempre les sale gratis pues ¿quién se va a meter con un “heroico antifascista” que combate contra los malos malísimos de las película de ficción que se han inventado?. Y para dar cohesión a esa amalgama entusiasmada con la lucha en el mundo digital no hay nada mejor que resucitar periódicamente a Francisco Franco. El “odioso dictador” que sus papas y abuelos criticaban, eso sí desde la comodidad burguesa, porque los heroicos luchadores cabían en un salón de actos o en la entrada de una Facultad escuchando las insufribles canciones de Luis Llach, o que según los casos -multitudinarios por otra parte- aplaudían con entusiasmo cuando no ocupaban cargos y disfrutaban de prebendas.

A la izquierda le gusta el simbolismo de la venganza. Por eso Gallardón -conviene recordarlo- le regaló a Carrillo en su cumpleaños la retirada de la estatua de Francisco Franco en los Nuevos Ministerios, y ahora, un 29 de octubre, 80 Aniversario de la Fundación de la Falange, recibida a tiros y porras con cuchillas de afeitar -esa fue la dialéctica de los puños y las pistolas real de aquel día- por la izquierda, el PSOE, a través de un infame Odón Elorza -¡quién no recuerda la posición de este sujeto con respecto a los terroristas, el mismo que decía a las víctimas que “no hay que humillar a los presos etarras”!- pide que se trasladen los restos de José Antonio del lugar que ocupa en la Basílica del Valle de los Caídos, escudándose cobardemente -es su estilo- en que están en una jerarquía contraria a la mal llamada Ley de la Memoria Histórica.

No sólo eso, ya que se aproxima el aniversario de la muerte de Francisco Franco y del asesinato paralegal, firmado por un presidente del gobierno del Partido Socialista, de José Antonio, pide también que se exhumen los restos del ex Jefe del Estado y se pongan a disposición de la familia. Y reitero, no es que al PSOE le importen los huesos de Francisco Franco es que ha detectado el valor ideológico del “antifranquismo” sin Franco, por ello quiere disputárselo a Izquierda Unida y demás grupos de su ámbito, evitando que la camada de los “nuevos rojos” incubada por José Luis Rodríguez Zapatero se le pase con armas y votos haciendo al PSOE víctima del fuego amigo. Pero también porque en la fiesta del todo vale aspira a desgastar al PP si por sus complejos accede a ello y provoca una nueva fractura entre parte de su electorado.

El gobierno y el PP, en vez de tener una posición clara y gallarda danto por zanjado el tema, seguirán refugiándose en la denuncia del “oportunismo” socialista destinado a cubrir vergüenzas y problemas internos; en que no es el momento y que los españoles tienen cosas más importantes en que ocuparse -en realidad los que tienen o debieran tener cosas más importantes son los políticos- o que este tema no está en el debate social. Todo ello, simplemente, porque parte del PP ha acabado comprando la mercancía fatua y falsa de la “memoria histórica”, porque parte de la casta dirigente popular está asumiendo las posturas de la izquierda, la “nueva verdad oficial” con respecto a la II República, la Guerra Civil y el régimen de Francisco Franco y por ello ha olvidado una de sus promesas: acabar con una ley tan inicua como la de la “memoria histórica”. No lo ha hecho simplemente porque la mayor parte de los dirigentes populares padecen una enorme cobardía moral y un evidente complejo de inferioridad con respecto a la izquierda. Ese es el problema.

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