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No es la primera vez ni será la última que quienes de verdad ejercen como gobiernos económicos mundiales presionan sus con dictámenes, que después son asumidos casi como biblias, al gobierno español. No es una novedad, porque desde que comenzó la crisis, entre las soluciones que hacen llegar al gobierno, con veladas o directas exigencias de cumplimiento, figuran de manera recurrente las de recortar salarios y subir impuestos.

Desde los estertores del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la política laboral e impositiva española ha ido avanzando en ese sentido. Se han subido los impuestos y se ha puesto en marcha una reforma laboral que, hasta la fecha, por más que se sucedan las declaraciones de la ministra Fátima Báñez, sólo puede justificarse desde la fructífera imaginación de quienes hablan de las decenas de miles de puestos de trabajo que no han sido destruidos (más de doscientos mil según la ministra). La consecuencia ha sido empleo más precario y caída del salario medio de los españoles, bajo el axioma de que más vale empleo malo que estar parado.

Ahora el Fondo Monetario Internacional, en una vuelta de tuerca, pide al gobierno que arbitre las medidas para que los salarios se reduzcan en España en un 10%, sueldos que ya han bajado de un modo u otro (menos dinero o más horas o ambas cosas a la vez), lo que implicaría un empobrecimiento general de los españoles. Naturalmente, en función de no sé qué científica previsión, ello permitiría reducir el paro en un 7% en los próximos dos años, argumentando que de lo contrario sólo bajará un par de puntos como máximo. Todo ello basado en el argumento ultraliberal, que no es una ley inmutable, de que a sueldos más bajos mayor contratación. No contento con esa bajada salarial el FMI pide también una subida de impuestos, concretamente eliminado el IVA reducido. Naturalmente, como son insaciables, una vez conseguido eso se pasaría a un incremento hasta el 24%.

El FMI no hace sino apuntalar el diseño de la UE en el que los países del sur, Portugal, España o Grecia, sean zonas de empleo barato y precario, con grandes diferencias sociales y con gentes de escaso poder adquisitivo mientras que los países del norte continuarán con salarios mínimos que duplican o triplican el de estos países, amplias coberturas… El FMI, como dentro de poco lo pedirá otra vez Alemania, exige a España una devaluación feroz con la excusa de que es la única solución que nos introduzca definitivamente en esa posición periférica y de segunda de lo que podría acabar siendo el Tercer Mundo de la UE.

Ahora bien, la propuesta del FMI, abre a quienes somos legos en previsión económica numerosos interrogantes: ¿Si España tiene un problema de caída de consumo interno y de inversión interna, cómo se va a solventar si los salarios caen y se suben los impuestos reduciendo la capacidad adquisitiva de los españoles? ¿Cree que España, atendiendo a las buenas cifras de las exportaciones -acompasada con una caída de las importaciones- puede convertirse en un país de exportación que se beneficiaría de la reducción salarial? ¿Es que cree que el sector de la exportación puede ser la gran palanca de desarrollo aunque se sacrifique durante años el consumo interno? ¿Dónde se va a crear ese empleo si no existe una política para cambiar el modelo del PIB que tenemos basado en servicios vinculados al consumo? ¿En verdad va a generarse empleo por bajada salarial o lo que se busca es incrementar los márgenes de beneficio de las grandes industrias o empresas? Un modelo estacional como el que tenemos es posible que cree empleo en los sectores relacionados con el turismo pero ¿va a suponer una caída de los precios o se van a mantener los márgenes y por tanto el efecto positivo morirá debido a la falta de capacidad de gasto de los españoles provocando nuevos cierres en el sector del ocio o la restauración como de hecho ha sucedido?¿De verdad se piensa que aunque se produzca una reducción del diez por ciento eso va a suponer una atracción empresarial en sectores que se produce a menor coste en otros puntos del globo?

Resulta curioso que lo que nunca nos dice ni el FMI, ni la UE, ni la señora Merkel, ni los mercados… es dónde y cómo se tiene que alentar el desarrollo productivo para crear empleo estable y recurrente. Y los sectores que durante años se han vendido como futuras palancas (sociedad del conocimiento, energías renovables, I+D+i…) se ven claramente afectados por las políticas de ajuste y recorte por lo que difícilmente se van a transformar en palanca o elemento de despegue.

De momento, la Ministra Báñez ha desestimado una nueva reforma laboral, pero en realidad, dados los antecedentes, eso tranquiliza muy poco. También se ha rechazado, pese a considerarla como razonable, la propuesta del FMI por las tensiones sociales que generaría, pero…  

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Se ha escrito que la democracia en la actualidad es o debiera ser un régimen de opinión pública. En el caso español, las tendencias totalitarias del limitadamente democrático sistema de partidos que tenemos han creado un régimen de reconducción permanente de la opinión pública mediante la conjunción de tres elementos: el sistema clientelar generado por el duopolio PP-PSOE; la constelación de asociaciones que controlan los movimientos sociales para que los efectos del malestar nunca deriven en cambios políticos reales y sea el duopolio el beneficiario final de los mismos; la aparición de una amplia malla de medios de comunicación que de un modo u otro están vinculados al discurso del duopolio PP-PSOE.

La expresión del régimen de opinión pública son las encuestas y los estudios demoscópicos. En las democracias avanzadas éstas condicionan a los partidos y a la clase política, pues dependen de esa opinión y no a la inversa. De ahí la sensibilidad que en muchos países conduce directamente al ostracismo al político que pierde credibilidad en las encuestas mucho antes que en las urnas, al asumir que el nivel de rechazo social es mayor que la capacidad de movilización de aquellos que constituyen el núcleo duro de los seguidores de un partido o de un político y que son inmunes, al caer en lo que no es más que un remedo del viejo culto a la personalidad o al partido, a las tendencias que marcan las encuestas.

Hoy por hoy, en los gabinetes demoscópicos del duopolio PP-PSOE, se asume que cuando llega el momento electoral, cuando se produce lo que los técnicos denominan el “vértigo electoral”, la opinión pública, por efecto de la acción de los elementos de reconducción, sufre un vuelco y se mantiene mayoritariamente, pese al rechazo que haya estado expresando, dentro de las dos opciones de gobierno. Es decir, que pese a cuantas encuestas se hayan realizado entre los tiempos electorales, por más rechazo que se haya manifestado, el elector mantiene la fidelidad de voto o bien muda su voto hacia el otro platillo del duopolio.

Anuncian los estudios demoscópicos, aunque es cierto que en los centros de Génova o Ferraz no se estima que ello produzca grandes transformaciones, que en España el régimen de opinión pública que expresan las encuestas está comenzando a tener un peso específico cualitativo. Lo cierto es que las tendencias que marcan las encuestas nos dicen que se va reduciendo el peso electoral del duopolio PP-PSOE, y que puede acabar independizando una masa de voto importante de lo que se llama el voto útil en función de los dos partidos que se considera que son los únicos que pueden formar gobierno. Que ello es así viene a ponerlo de manifiesto la introducción de reformas electorales (reducción de representantes, multiplicación de distritos, requisitos que vulneran el derecho de los españoles a participar como elegibles…) que buscan paliar los daños para el duopolio que ponen de manifiesto las encuestas.

El desprecio que hoy por hoy muestra la clase política detentadora del poder y aspirante al poder con respecto a la opinión pública resulta apabullante. De ahí la divergencia cada vez mayor entre esa casta y un sector importante de los españoles que según las encuestas oficiales ve a los políticos como un problema para el país.

Controlar a la opinión pública se ha convertido en una obsesión. Ejemplo clarividente de ello y de todo lo dicho es lo que está ocurriendo con el denominado “caso Bárcenas” transformado en el “caso PP-Bárcenas”. El resultado de las encuestas resulta demoledor: una mayoría amplia de españoles, superior entre el 72% y el 78% no ha creído a Mariano Rajoy tras su obligada comparecencia parlamentaria para dar explicaciones sin darlas, y lo que aún es más revelador, por encima del 40% de sus votantes tampoco le han creído. Cierto es que esto importa, de momento, muy poco en Génova porque aunque se reduzca la intención de voto, dada la situación de la oposición, por encima del treinta y tantos por ciento del cuerpo electoral mantiene una fidelidad absoluta en este caso al PP.

Ahora bien, resulta evidente que en España el régimen de opinión pública comienza a ser una realidad y que, pese al poderoso entramado mediático vinculado al duopolio, fluye la irrupción de una opinión cada vez más crítica con los partidoperiodistas o los partidotertulianos. Lo que puede crear nuevas reglas de juego y es ahí donde el caso Bárcenas a futuro puede acabar siendo una bomba de espoleta retardada que es lo que temen en Génova 13.

En el momento actual es suficiente, estima el equipo sociológico del PP, con refugiarse en lo que digan los tribunales enfrentando al delincuente con los inocentes vilipendiados por estrategia procesal; defender la tesis, antidemocrática, de que la responsabilidad jurídica es única y que no existe por tanto responsabilidad política a menos que se produzca una condena en los tribunales. En un régimen de opinión pública controlada o reconducida podría bastar, pero… a Mariano Rajoy no le han creído los españoles.

Se abre pues una nueva fase de incierto resultado porque el “caso PP-Bárcenas”, como dinamizador de la independencia de la opinión pública, tiene dos aspectos que pueden acabar pasando una importante factura electoral al PP de Mariano Rajoy que pudiera acabar viéndose apartado de la política por el bien del partido:

El primero, de orden menor porque no es objeto de ilegalidad, radica en el cobro de sobresueldos, implícita y eufemísticamente reconocido por Mariano Rajoy y que, dada la situación económica de millones de españoles, se troca en un elemento más de desprestigio y de muestra del poder de la casta.

El segundo, el más importante, por el que nadie pregunta: ¿cómo pudo el señor Bárcenas amasar una fortuna de 20, 40 o 70 millones de Euros cuando su única profesión conocida es la de ser durante años gerente del PP aunando a ello en un tiempo su acción como tesorero? Y es ahí donde la tesis de Mariano Rajoy tiene su talón de Aquiles, porque cuando afirma que se equivocó al confiar en él parece que el origen de su fortuna está en el robo al partido; tesis que por otra parte parecieron confirmar las acaloradas palabras del señor Alonso. 

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Todos, de un modo u otro, están interesados en dar un giro copernicano al denominado Estado de las Autonomías. Cuando se materializó, previamente por cierto a la Constitución de 1978, gracias al consenso fundamentado en el acuerdo entre el centro derecha y el socialismo, la idea de un modelo autonómico -prefederal o parafederal- con competencias iguales para todos, que diluyera mediante la descentralización político-administrativa el relativamente poco importante impulso secesionista, se entendió que se había conseguido la gran solución.

Hoy ese Estado de las Autonomías no sólo está muerto, aunque se reconozca con la boca pequeña y se prefiera dejar al muerto pudrirse al aire sin enterrarlo, sino que tanto desde las filas nacionalistas como desde las socialistas o las populares se busca la salida temporal, producto de un nuevo consenso, hacia un modelo asimétrico que dé mayor techo competencial, político, económico y administrativo a Cataluña, el País Vasco y ya puestos Galicia.

En cierto modo, la incapacidad del gobierno por embridar el déficit generado por las autonomías, con la rebeldía manifiesta de las propias gobernadas por los populares, está sentando las bases de esa salida a la situación que se está planteando. El primer paso ha sido autorizar un “déficit a la carta” que convierte en papel mojado la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Cierto es que el gobierno ha aprovechado el rio revuelto para salvar a sus propias incumplidoras comunidades (las desastrosas gestiones de Valencia y Murcia). Con ello el gobierno ha buscado ayudarse a sí mismo y contentar a Mas.

Desde hace tiempo sostengo que la reivindicación de Mas tiene como objetivo no la independencia inmediata sino tras avanzar dos pasos retroceder uno: conseguir más competencias y un concierto económico. Ello establecería un hecho diferencial con las demás Comunidades. Algo que por cierto no disgustaría ni al PSOE ni al PSC ni al propio Partido Popular en Cataluña. La decisión del gobierno de ampliar hasta el 1.58% la capacidad del déficit para el próximo año para Cataluña ha sido interpretada por Mas como un punto de partida. Como es natural, en ese pulso, el órdago del presidente catalán consiste en conseguir más -el euro es el euro- y ello pasa por amenazar con no cumplir a través del bloqueo parlamentario de nuevos recortes y recurrir a prorrogar los actuales Presupuestos para no llevar a puerto lo dispuesto por el gobierno. ¿Cabe mayor muestra de soberanía?

Conviene no obviar que Mas sabe que juega con cartas marcadas y que nada mejor de cara a septiembre, a una Diada que por fuerza tiene que ser más multitudinaria que la anterior, que exaltar el victimismo y la persecución por parte del gobierno central. Esas son sus armas para forzar que se reconozca a Cataluña un techo de déficit del 2%. Mientras que Alicia Sánchez Camacho ofrece ya un 1.7% en la negociación; porque en el fondo vivimos en el chalaneo de los mercaderes. Lo que Mas estaría dispuesto a aceptar si ello supusiera abrir la negociación sobre la vía de financiación propia para Cataluña.

Así pues, además del problema nacionalista, del chantaje permanente de Mas, de los intereses de cada uno de los grandes partidos por encontrar una salida al problema catalán, que es ya un problema interno para el PSOE pero que también está larvándose en el PP, nos encontramos ante la inviabilidad económica cada vez más evidente del Estado de las Autonomías. Mientras el FMI recomienda bajar salarios, mientras se difunde la idea de la devaluación interna, lo que sigue sin dar resultados es el recorte en el déficit. Seguimos igual. Salvo nuevos y drásticos recortes finalizaremos el año con más de un punto de diferencia entre lo previsto y lo real. Eso si las CCAA no siguen pervirtiendo las cuentas.

Y ante la debilidad del Estado, Mas seguirá jugando a lo de siempre: “barra libre” que pagan todos los españoles. Porque de lo que estoy seguro es que al final el gobierno optará por pagar para que la amenaza de secesión vía referéndum quede aplazada otra legislatura.

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Gibraltar: una vergüenza, una cobardía y una estafa.

Publicado: 13/08/2013 20:02 por Francisco Torres en sin tema

 

No deja de ser tentador tratar de explicar el porqué de la aparente escalada patriótica del gobierno, a través del supuesto “halcón” -según la terminología norteamericana en asuntos exteriores- García-Margallo, con respecto a Gibraltar, aprovechando el conflicto desencadenado por la intolerable actitud de las autoridades de la Roca contra los pesqueros españoles y las patrulleras de la Guardia Civil -el peñón robado carece por su propio tratado de origen de aguas jurisdiccionales-, en clave de política interna.

Nada mejor que el recurso al patriotismo -que dicho sea de paso me temo que a la inmensa mayoría de los españoles en medio de la canícula veraniega y el chiringuito les importa un pimiento- contra la pérfida Albión, en una España por cierto llena de guiris, para un gobierno que necesita desesperadamente de temas de actualidad que ocupen portadas y que no se refieran a la crisis, a la corrupción o al caso Bárcenas. Pero líbreme Dios de caer en la tentación y dudar de la vena patriótica que sacude al ejecutivo, contradiciendo lo que fue la política aznarista y, en realidad, toda la política de los sucesivos gobiernos que hemos tenido desde el aciago día en que se creyó que cediendo ante Gran Bretaña se avanzaría en el “contencioso” -término cursi e imbécil como ninguno-.

He aquí que las reacciones han sido diversas. Unos pocos, ¡pocos!, sentimos arder nuestra vena patriótica, pues seguimos considerando que España, como anotaba José Antonio, al que hace poco acabo de biografiar y cuya cita puede que en algunos lares invalidara mis opiniones, limita al sur con una vergüenza. Una vergüenza y un robo. El precio que tuvimos que pagar como nación para que en el trono español anidara la casa Borbón. Por el infausto Tratado de Utrecht los hijos de la pérfida Albión -piratas por tradición para nosotros- se quedaron con Gibraltar (roca que habían tomado en nombre del pretendiente austriaco por el que teóricamente luchaban). Y a cambio del trono los Borbones cedían lo que no era suyo -pero ya se sabe que los reyes tenían un concepto patrimonial del reino y no un concepto de soberanía- “para siempre”. Un siempre relativo, pues es cierto que algunos lo intentaron recuperar manu militari con sonoro fracaso y otros prefirieron mantener la amistad con la Inglaterra dueña del mundo del último tercio del siglo XIX.

Unos pocos seguimos reclamando que se reintegre la roca a España. Durante el denostado régimen de Franco, aquel que según es usual era despreciado por la comunidad internacional, la diplomacia española consiguió en la ONU un triunfo: una resolución en la que se consideraba la roca como colonia y que obligaba a Inglaterra a su descolonización. Pero ya se sabe que el Imperio es algo vital para los ingleses y a la reina de Inglaterra continúa gustándole aquello de ser reina virtual de no sé cuántos sitios. Y ante ello sólo cabía el recurso a la fuerza, aun cuando fuera simbólica, que consistió en mantener aislada la roca cerrando la famosa verja.

Llegó la Transición, el régimen de los vendedores de humo y los tahúres de río, del eufemismo. Así del “pensar juntos” sobre Gibraltar, pasamos a abrir la verja, a permitir que la Roca se convirtiera en un emporio para el establecimiento de sociedades evasoras de impuestos, para el blanqueo de dinero y para un floreciente mercado del juego y de ahí a facilitar terreno para el aeropuerto (bajo la bonita palabra de uso conjunto), flexibilizar las fronteras y renunciar; pues renunciar es hablar de establecer soberanías compartidas sobre algo que es soberanía de España. Así, al robo y la vergüenza se ha sumado la renuncia y la cobardía. Esa ha sido la política española con respecto a Gibraltar desde que tenemos los gobiernos democráticos de quien no sé si también es tan Graciosa Majestad como la reina de Inglaterra.

Me llena de estupor leer recomendaciones, consideraciones y lecciones histéricas -más que históricas- del tipo de las que hoy podemos encontrar entre tertulianos y opinadores. Tenemos a quienes nos dicen que España debe seguir cediendo, porque esa es la única posibilidad cuando se trata de negociar sobre alto tan innegociable como la soberanía. Por lo que ni debe ocurrírsele volver a esa vieja política de cierre y aislamiento; lo de hablar de un conflicto armado es una estupidez sólo válida para quienes buscan con ese fantasma evitar la eclosión del patriotismo-. Debemos ceder porque tenemos empresas inglesas, inversiones inglesas, porque somos muy amigos y porque los guiris vienen a mansalva a España (algunos, por cierto, a emborracharse o a operarse). Así pues bajémonos augustamente los pantalones porque los hijos de la pérfida Albión tienen las libras que nos faltan.

Gibraltar, mejor dicho las autoridades de la Roca, sigue haciéndonos a diario cortes de manga para mostrar quién manda aquí. Lo de los pesqueros y el lanzamiento de bloques de hormigón no es una anécdota, es la expresión de una postura. Las autoridades de la Roca actúan así porque se consideran blindadas: no por la flota de su Graciosa Majestad sino por los intereses económicos de los propios españoles. Los intereses que no responden más que al bolsillo. ¡Qué bien viene a estos españoles -quizá debiera escribir expañoles- la existencia de Gibraltar!

Gibraltar es hoy una máquina de blanquear dinero, de sociedades españolas instaladas allí para tributar menos, de tráfico de alcohol y tabaco a escala increíble -¡qué poco tiene que ver con aquellos pescadores que llevaban algunas cajetillas en sus barcas!-, de juego opaco… la enorme estafa de un paraíso fiscal no reconocido como tal en la UE. Son muchos, reitero, los que ganan con ello; son muchos los intereses que empujan a “pensar juntos”, a “relajar la tensión” y a volver al punto de partida de los “intereses conjuntos” que nos unen.

España lleva treinta y tantos años de renuncia. España, o mejor dicho los sucesivos gobiernos de su augusta majestad, llevan treinta y tantos años de dejar que la vieja resolución de la ONU por la que se reconoce la soberanía española del Peñón acumule polvo. Ahora, García-Margallo amaga con desempolvarla pero mucho me temo que, pasada la tormenta veraniega y tranquilizadas las aguas, Camerón y Rajoy vuelvan a “pensar juntos” y Mariano seguirá, como todos nuestros expresidentes, sin subirse los pantalones. Entonces sabremos si de verdad hemos asistido a una exaltación del patriotismo o a una simple cortina de humo veraniega.

 

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No hace mucho, en un artículo similar a éste, refería la guerra de damas que en un complicado juego de tronos se estaba librando en el seno del Partido Popular. Un juego que, tras superar el sofocón de aquellos lejanos días de marzo en los que Mariano Rajoy perdió las elecciones, tras ser designado sucesor por la dedocracia aznariana, lleva años abierto. En ese juego han brillado y brillan las deslealtades y las ambiciones, los cambios de amigos y grupo, porque, pese a que haya llegado a la Moncloa, para muchos dirigentes populares Mariano es un político al que no saben si le queda recorrido ante la renovación que reclaman.

Cierto es que Mariano es un superviviente y que ha conseguido superar todas y cada una de las crisis internas. Fiel a su forma de entender la política ha visto pasar ya unos cuantos cadáveres populares. Las operaciones para descabalgar a Mariano han sido de corto recorrido porque se han movido siempre en la trastienda o en los pasillos de Génova. Y, Mariano ha guardado en su agenda las notas de quiénes de un modo u otro han estado en las conspiraciones para, llegado el momento, dejarlos caer sin el mayor rictus de preocupación.

En esas operaciones han corrido de mano en mano los chismes y los dosieres, las amenazas sobre la vida pasada y la verborrea de las “buenas gentes” enteradas de los salones de la derecha influyente española; y cómo no, los pperiodistas. En esa guerra de aniquilación, de ir minando los apoyos de unos y otros, se han filtrado documentos. Y tras esas filtraciones, desde los propios pasillos populares, están sin duda muchos de los elementos del caso Gurtell, de los afamados trajes de Camps y de los papeles de Bárcenas.

En el organigrama del Partido Popular no pocos se están planteando el futuro. Gran parte de la Vieja Guardia, de los anquilosados barones del partido, ha desaparecido o está a punto de dejar el poder. Otros caminan, imperceptiblemente, hacia el ostracismo (Arenas será un caso modélico). No pocos están cansados de la camarilla de Mariano, cada día más tocada por el caso Bárcenas, aunque a nadie extrañaría que, salvo a la fiel Ana Pastor, todos acabaran desapareciendo. No pocos piden una renovación en el partido antes de que los escándalos vayan a más o alguien se desayune con una desagradable sorpresa: nada mejor que eliminar políticamente a los últimos de aquella época.

La guerra por el trono de Mariano, por los sillones de la mesa redonda de Mariano, por la posible sucesión en la candidatura de 2015, que se lleva librando desde hace tiempo, va aparentemente exterminando rivales de todos. La primera con visibilidad, Esperanza Aguirre, autoeliminada en inexplicadas circunstancias. Amortizado está Mayor Oreja, quien probablemente deje de ser la cabeza popular en Europa y lo de Vidal Quadras y sus seguidores no tiene más futuro que servir de elemento de contención  para los votantes más duros del PP. La cabeza de Alberto Ruíz Gallardón, que ha culminado la subordinación del poder judicial al poder político, la piden sin recato las relativamente nuevas caras del partido. Y, finalmente, no pocos ministros están tocados al ser considerados un problema para el futuro del partido por el desgaste que están causando: Mato, Montoro y Wert.

Con los cadáveres políticos a la vista, aun cuando pululen por ahí como zombis, la lucha interna en el PP tiene dos protagonistas, a veces en estos años aliadas contra todos los demás, Soraya Saenz de Santamaría -la favorita- y María Dolores de Cospedal. La ambiciosa Secretaria General del PP, que inicio su ascenso de la mano de Javier Arenas, al que ahora está dispuesta a sacrificar, se ha convertido en el objetivo a abatir. Bueno, ahora y hace tiempo, y algunas claves del caso Bárcenas no se podrán leer correctamente sin tener en cuenta las aspiraciones políticas de Cospedal. No pocos están viendo en el caso Bárcenas la oportunidad de frenar el poder en el partido que tiene Cospedal, incluso, llegado el momento, aceptar que sea ella quien acabe pagando los platos rotos. De momento, Soraya, que va a salir reforzada tras el cierre del caso Bárcenas -en el PP se espera que finalmente se produzca un archivo de la causa pues teóricamente los posibles delitos estarían prescritos-, guarda silencio, pero ella también apoyaría la limpieza interna en los cargos burocráticos del partido y en determinados puestos de la administración vinculados a los tiempos pasados y que llevan encaramados al cargo décadas, algo que también lleva impulsando, lentamente, Cospedal.

¡Y Mariano! Como siempre dejará hacer. Él colocó a Cospedal y descubrió a Soraya; metió a todos los rivales en la pomada, menos a Esperanza, para que se anularan; dejó que el tiempo y los resultados, a veces sin pretenderlo, sepultaran a la mayor parte de los antiguos barones territoriales que hoy, a excepción de Nuñez Feijóo, carecen de peso real en el partido… Cierto es que, aparentemente, comienza a molestarle el excesivo poder de la Secretaria General y por ello se especula con la posibilidad de que Soraya adquiera poder en el aparato del partido; ello le permitiría seguir en el fiel de una balanza que ninguna de las dos se atreverá, de momento, a descompensar si quieren seguir ahí. Pero que nadie se engañe, porque en estos enfrentamientos, salvo la aspiración o ambición personal, lo único que no es importante es una posición ideológica inexistente.

 

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Hasta hace unos días, como muchos españoles, no sabía situar en el mapa un pequeño pueblo denominado Baralla. Al alcalde de la localidad, del Partido Popular, se le ocurrió en el calor de un pleno afirmar, según la izquierda, que “quienes fueron condenados a muerte” durante el régimen de Franco “sería porque lo merecían”; aunque otras versiones indican que sus palabras fueron “que algo habrían hecho”. Suficiente para que la izquierda y los nacionalistas, ardorosos defensores de avanzar en lo que ellos llaman “ley de memoria histórica”, pusieran el grito en el cielo y el alcalde, como es natural, se apresurara a rectificar.

Pudiera ser una anécdota, como el anuncio de la Junta de Andalucía de sancionar a aquellos Ayuntamientos -se cuentan por centenas- que aún mantengan símbolos o nombres franquistas en su callejero; o la campañita que los idiotas de la “memoria histórica” hacen poniendo pegatinas, eso sí con la hoz y el martillo -símbolos nada democráticos-, en las placas que aún conservan esos temibles nombres. En realidad es una forma de mantener abierto un inexistente debate para avanzar en la propuesta socialista de hacer más efectiva la ley y que cualquier tipo de mención positiva o utilización de símbolos “franquistas”, o simplemente alzar el brazo, sea constitutivo de delito.

Probablemente, don Manuel González, que así se llama el alcalde arrepentido de Baralla (Lugo), no se haya molestado en leer la reforma del Código Penal propuesta por el ínclito Alberto Ruíz Gallardón y que los populares aplaudirán con tanto entusiasmo como alguno de sus progenitores aplaudía al Generalísimo. Con ella cualquier juez progresista podría, aplicándola de forma laxa, acabar procesando a quien hiciera una manifestación como la suya; alzando el brazo; utilizando la bandera española con el águila (vigente también durante el actual sistema democrático) o poner en duda la historia oficial que la izquierda está elaborando sobre la guerra civil y el franquismo. Todo ello cuando Mariano Rajoy, más o menos, había dado a entender que con él se acabaría la ideología de la revancha y se pondría fin a la ley socialista. Pero hete aquí que la propuesta de reforma del Código Penal, en este punto, más parece estar en consonancia con la propuesta del PSOE que otra cosa.

Es evidente que toda generalización es, por su propia indefinición, errónea, discriminatoria e incluso insultante, aunque pueda ser entendible o explicable. Ahora bien, desde hace mucho tiempo asistimos a una maniobra propuesta por la izquierda de revisionismo histórico.

La izquierda lleva décadas intentando limpiar su nombre y convertir en héroes a quienes para muchos no fueron más que vulgares asesinos o chorizos. Es usual, por ejemplo, recordar que Franco estuvo “matando” hasta el final al no conmutar las sentencias de muerte de 1975, pero borrando el hecho de que se trataba de terroristas de ETA y de otras organizaciones que exhibían como símbolo la hoz y el martillo.

Que yo sepa, hasta hoy, la izquierda -leáse el PSOE y el PCE- jamás ha pedido perdón por los asesinatos cometidos por sus miembros, por sus milicias armadas, durante la II República y la Guerra Civil; que yo sepa, hasta hoy, el PCE no ha pedido perdón por los cientos de asesinatos  y robos cometidos por los maquis o los denominados guerrilleros en los años cuarenta-cincuenta. Claro que para algunos esos asesinatos estaban justificados. Ahora bien, yo me pregunto: ¿al reconquistar el territorio o acabar la guerra, o ante delitos de terrorismo, era lógico que quienes eran responsables de esas muertes comparecieran ante los tribunales y de acuerdo con lo usual entonces fueron condenados a la máxima pena?

El problema es que la izquierda -léase el PSOE, el PCE y los nuevos rojos- lo que ha buscado es romper la relación directa existente entre los crímenes en la zona republicana y la llamada represión franquista. De ahí su obsesión, hace treinta años, porque desaparecieran las lápidas que en cada pueblo de España recordaban el nombre de los asesinados de la localidad. Algo esencial para negar la evidencia, borrar la historia y deshacer la relación causa-efecto. Ahora, en el tiempo actual, lo que buscan es simplemente transformar a quienes fueron reos por sus crímenes en héroes de la libertad injustamente asesinados, y dejemos a un lado que injusticias hubo.

Así, por ejemplo, me encuentro con la conversión en héroe de un ejecutado. Resultaba que fue concejal durante la guerra. Los defensores de la leyenda rosa de la zona republicana, antecesores de los alevines de la “memoria histórica”, han afirmado que fue condenado por ser un representante democrático. En realidad, él junto con otros, lo que hizo fue perseguir a un sacerdote que había huido del pueblo y había conseguido refugiarse en otra provincia. Hasta allí llegaron y lo asesinaron, después al “héroe” de la hazaña lo hicieron concejal. Y así podrían multiplicarse los ejemplos: ¿Es que acaso eran héroes los que en agosto de 1936 en la punta de S’Esperó, en la Mola (Menorca), asesinaron a Hercelia de Solá Cuscheri y al alférez Facundo Flores? ¿Es que acaso las hermanas Chavas Riera, falangistas, asesinadas deben tener menor consideración que las llamadas “13 rosas”? ¿Es que pueden ser héroes hoy los componentes de aquella partida de maquis-guerrilleros que penetraron en un pueblecito se llevaron a la familia del alcalde, incluyendo niños y ancianos, y los asesinaron bárbaramente en un bosque próximo al pueblo? ¿Es que son héroes los tripulantes de los buques que cogieron a los oficiales, les ataron planchas de hierro y los lanzaron por la borda? Y los responsables, detenidos y juzgados en algunos casos, en muchas ocasiones acabaron ante un pelotón de ejecución, aunque hoy se les presente como heroicos luchadores contra Franco por la democracia.

Como quemar los archivos está feo nada mejor que sepultarlos bajo la amenaza del Código Penal tal y como propone el socialismo para que a nadie se le ocurra volver a establecer una relación de causa-efecto; porque en esa relación, además de las personas, aparecerían las siglas del PCE y del PSOE.

    

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