Aún quedan jueces en España.

10 de junio de 2013 - 01:53

Resulta rigurosamente cierto que allá por el siglo XVIII, Federico II el Grande, rey de Prusia, monarca del despotismo ilustrado, porque dañaba visualmente la imagen de su palacio, ordenó derribar un molino. El molinero recurrió a los tribunales y el rey fue condenado a reconstruir el edificio y pagar a su propietario por los daños. Cuentan que Federico afirmó: Es gibt noch Ricther in Berlín! (“veo con alborozo que aún hay jueces en Berlín”). No era usual, como pueden imaginar mis lectores, que un juez fallara contra el rey; aunque hoy prácticamente sea un imposible.

Hace décadas en Italia, recordándonos la España más reciente, la casta política se consideraba inmune ante la actuación judicial. Era tradicional que los asuntos que implicaban a los políticos quedaran archivados o se perdieran en el marasmo burocrático merced a la patente de corso que las urnas parecen adjuntar al acta de diputado. Un buen día, un juez consideró que había llegado el momento de poner punto y final a lo que casi se había convertido en “derecho consuetudinario” e imputó y procesó al primer político. La Democracia Cristiana, detentadora del poder durante décadas en Italia, corrupta por definición y aplicación, no pudo sobrevivir al desfile de políticos ante los tribunales.

No pocos españoles tenemos la impresión de que, por regla general, el político goza de un estatus especial ante el delito, presunto o evidente, o al menos era así hasta hace muy poco tiempo. La impunidad había hecho posible la corrupción y la corrupción hace posible la impunidad. Así de sencillo. No es que los españoles hayamos dejado de pensar que esto es así, pero… Lo cierto es que en muy poco tiempo un ramillete cada vez más amplio de jueces han decidido que el título de político no es un blindaje y que es necesario actuar cumpliendo lo que es una obligación, porque ese es uno de los fundamentos de la regeneración democrática. Jueces que, pese a la presión ambiental, han comenzado a levantar la manta, a sacar expedientes y a llevarlos hasta sus últimas consecuencias por lo que el desfile de políticos ante los tribunales de justicia comienza a ser un hecho cotidiano. Lo que, dicho sea de paso, ha incrementado la confianza que los españoles tienen en sus jueces porque están dispuestos, llegado el caso, a condenar al mismísimo rey o en su defecto a su yerno.

No quiere esto decir que no subsistan las decisiones que causan escándalo.Que los ciudadanos, legos en materia procesal, nos sublevemos ante una Fiscalía, que no olvidemos es de designación política, que no ve engaño o delito en el asunto de las preferentes y llega a explicar que los ancianos, algunos con estudios muy básicos, sabían perfectamente lo que firmaban y que, por otro lado, traguemos con la tesis de que la Infanta Cristina no sabía nada, no veía nada y permanecía en la ignorancia más absoluta de los negocios de su avezado marido; todo ello sin, por supuesto, preguntarse, como dice el cuplé, "de dónde saca para tanto como destaca” (por si fuera poco los técnicos dicen que la Agencia Tributaria está favoreciendo a la Infanta ante las peticiones de información del juez).

En la misma situación nos econtramos cuando un día nos despertemos alborozados porque Blesa, el responsable del hundimiento de Bankia, entra en la cárcel y al siguiente comiencen a aparecer pruebas para aminorar los cargos o nos parezca que todo es una gigantesca maniobra para conseguir que al final se produzca una nulidad que ahorre el juicio a tan egregio destructor financiero. Y lo de la Fiscalía planteándose, en el mismo caso, querellarse contra el juez por prevaricación no nos deja olvidar que los cargos son de nombramiento político.

A pesar de todo los españoles hemos descubierto que aún quedan jueces en España, aunque el gobierno, con una reforma que no acaba de precisar, ande empeñado en recortar la poca independencia del poder judicial -ese es el objetivo real de Alberto Ruíz Gallardón- y se ufane por haber conseguido que en el Tribunal Constitucional vuelva a ser dominado por el PP; aunque Soraya Saenz de Santamaría, sin vergüenza ni rubor, se haya encargado de controlar, supervisar y probablemente muñir el próximo nombramiento de nuevos magistrados para el alto tribunal, aunque nos diga que está por allí simplemente para estar informada del proceso de nombramiento y no para influir en el mismo.

Desde el año 2009 el número de políticos imputados por diversos delitos, fundamentalmente de prevaricación o corrupción, no ha hecho sino crecer. En el 2009 todavía era una investigación casi clandestina oculta tras casos tan extemporáneos como el de la corrupción en Marbella. En 2012 más de ochocientos políticos y cargos estaban imputados, aunque eso no impidió que un centenar fueran en las listas electorales. Hoy el número ronda el millar (el PSOE y el PP acumulaban en torno al 60% de los casos). Y en breve el caso de los ERES podría meter en chirona a medio PSOE andaluz.

Mientras que los jueces-políticos al estilo Garzón han acabado condenados y separados de la carrera los jueces independientes merecen cada vez una mayor confianza por parte de los ciudadanos. Los jueces-estrella de la década anterior han sido sustituidos por jueces eficaces como Mercedes Alaya, cuya investigación está derrumbando las bases del socialismo en Andalucía. O la actuación limpia y honesta del juez que lleva el caso Urdangarín sobre el que se nos ha dicho hasta la saciedad que al no tener aspiraciones actúa con libertad para desgracia de la Casa Real. Parece como si muchos jueces hubieran hecho suya la máxima de Ramiro Ledesma Ramos “queremos y pedimos la aplicación de las penas más rigurosas para aquellos que especulan con la miseria del pueblo”. Y qué mayor delito que el cometido con los ERE fraudulentos del socialismo andaluz en el poder.

Cierto es que la situación en los juzgados continúa siendo pésima, que los casos se acumulan y los jueces faltos de medios no dan abasto; que los gobiernos autonómicos se gastan millones en “ciudades de la justicia”, en despachos por los que se puede correr para después no dotar de fondos a los juzgados que les permitan salir del atasco que cualquiera te refiere. Si la transferencia de competencias ha sido en muchos casos una fuente de problemas no lo es menos en el caso de la Justicia. La falta de recursos económicos ha hecho que más de un preboste autonómico se plantee la posibilidad de devolver esas competencias al Estado después de construir y dotar bonitos y costosísimos edificios. Pero lo que al ciudadano más le preocupa en estos momentos es que el colapso de la Justicia, real o exagerado, acabe poniendo en libertad por excusas leguleyas a eses sector de la casta política y sindical que ha creído vivir en la más absoluta impunidad. Si la Justicia en España es lenta, muy lenta, lo que los españoles perciben es que cuando se tarda tanto tiempo en jugar a un detenido el caso puede acabar desapareciendo.

Sin medios, estos nuevos jueces-eficacia están poniendo de manifiesto que bien pudiera ser que alguien estuviera interesado en que las investigaciones no prosperaran. Porque de lo contrario, ¿por qué la falta de medios? Bastante hacen con ver las grandes cifras pero sin entrar en los detalles. Ejemplo típico de esta asfixia por falta de medios es lo que sucede con el Tribunal de Cuentas que se encuentra bloqueado por el número de casos por lo que hace inútil su labor de control sobre los partidos. Igualmente grave es el hecho de que sean los propios jueces los que reclamen más medios para poder atajar la corrupción, desde la mayor dotación para la policía judicial a pedir especialistas expertos en ingeniería contable, funcionarios, policías y peritos especializados en temas de corrupción. Vergüenza debiera dar al Ministro de Justicia escuchar a los jueces decanos afirmar: “Debemos asumir que no es posible llevar a cabo una investigación seria y rigurosa y continuar desempeñando al mismo tiempo el trabajo propio de la dinámica diaria del juzgado, o hacerlo careciendo de elementos tan fundamentales para una rigurosa y ágil investigación, como los son los funcionarios, policías y peritos especializados”.

Pero a pesar de las denuncias sobre la falta de medios que, por ejemplo, Ruíz Gallardón prefiere no escuchar y no dotar a los jueces de medios. Aunque, de la noche a la mañana, la casta política haya comenzado a asumir que se extiende el número de jueces que como el tribunal de Berlín están dispuestos llegado el caso a condenar al poder político, porque como ellos mismos han dicho en sus jornadas reivindicativas: “Sin justicia independiente no hay Estado de Derecho”.

Aún quedan jueces en España.

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