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Desde hace décadas un reducido número de españoles venimos advirtiendo de los peligros del denominado Estado de las Autonomías. Creado por la Constitución de 1978 en base a una descentralización mal entendida y peor realizada ha sido obra del contubernio PP-PSOE. Han sido los sucesivos gobiernos, las decisiones políticas, y no el mandato constitucional los que han dado vida a un engendro que amenaza la continuidad de España como nación, que está generando la desigualdad entre los españoles y que ha agravado sobremanera la crisis económica actual.

Hace relativamente poco, criticar abiertamente el Estado de las Autonomías equivalía al anatema y el descrédito público para quien lo hiciera; cosa de “ultras” más o menos carpetovetónicos. Hoy, por efecto de la situación económica, pero sólo desde esta perspectiva, ya que la continuidad de España como nación continua importando a muy pocos, poner en tela de juicio el Estado de las Autonomías, dada su inviabilidad económica y la imagen que tiene de chiringuito particular del partido de turno, comienza a ser moneda común entre los españoles. El paso siguiente, que ya se está dando en algunas conciencias, es apostar, sin reservas, por el fin de dicho Estado.

La expansión, relativamente lenta, de esta corriente de opinión contraria al Estado de las Autonomías se enfrenta a dos grandes barreras que actúan como salvaguarda de la actual configuración autonómica de España: la primera, el consenso existente entre PSOE y PP a la hora de mantener el Estado de las Autonomías e incluso profundizar en el mismo, ya que ambos partidos en su seno y organización, en mayor medida en el PSOE que en el PP, han experimentado el mismo proceso de fragmentación autonómica dejando de ser partidos auténticamente nacionales al tener que contentar a sus organizaciones territoriales o porque éstas buscan su propia afirmación frente al aparato nacional del partido; la segunda, la aparición de quienes critican ese Estado, transmitiendo la falsa imagen de que se oponen al mismo, pero que en realidad apuestan por la conversión del mismo en una estructura federal y que aspiran a elevarse sobre la ola de quienes lo que quieren es el fin del modelo para llevarlos a un punto muy distinto.

Ni PP ni PSOE están dispuestos a poner fin al Estado de las Autonomías porque se ha convertido en parte de su estructura de poder, porque forma parte del aparato de dominio y control de la partitocracia en general y del bipartidismo en particular, porque es la base de un sistema corrupto y clientelar, un modelo que consideran necesario mantener e incluso profundizar en él, porque en definitiva lo consideran fundamental para su propia pervivencia. De ahí, por ejemplo, que Mariano Rajoy juegue con las palabras, como es habitual en el discurso popular, para sostener lo contrario de lo que sus oyentes creen oír. Durante la pasada campaña electoral parecía que hoy presidente del gobierno estimaba necesario poner límites a las autonomías hablando de la necesidad de evitar duplicidades o triplicidades en la administración, pero sin ser capaz de precisarnos si ello implicaba que lo duplicado quedara en manos del Estado o en manos de las Autonomías. Es decir si el Estado rescataba competencias o cedía nuevas competencias a las Autonomías.

Hoy, en España, son pocos, pese a la aparente crítica al Estado de las Autonomías que existe en el ambiente, los que defienden una recentralización competencial del Estado, un incremento del papel del estado y una eficaz descentralización administrativa no sólo sobre una estructura regional un tanto artificial, sino sobre los municipios, racionalizando y optimizando, además, el número de corporaciones locales que, por evolución de la distribución de la población, ya no pueden considerase equivalentes a un solo núcleo de población. Frente a esta opción, quienes aparentemente critican el Estado de las Autonomías, mejor dicho su diseño actual, como es el caso de Rosa Diaz, por ser el más conocido, lo que buscan es la revertebración de España en una estructura federal que compatibilizaría los dos niveles constitucionales en que ha devenido el Estado de las Autonomías (los nuevos estatutos y cada reforma tienden a transformarlos en pequeñas constituciones) con un gobierno federal con atribuciones más o menos amplias en aquellas materias cuya soberanía no quede en manos de un ente más amplio que en nuestro caso sería la Unión Europea, para la que reclaman mayor poder político y económico.

Desde hace décadas algunos sostenemos que uno de los grandes problemas de España, producto del desarrollo del título VIII de la Constitución, es ese Estado de las Autonomías convertido en un bucle sin fin en la política española. Hoy es un auténtico agujero negro, no sólo por la mala gestión económica de los gobernantes autonómicos que han procurado asentar su poder, como los viejos caciques, con dádivas, fiestas y prebendas pagadas con los impuestos de todos, necesarias por otra parte para mantener el entramado, convirtiendo la administración autonómica no en un agente económico sino en un agente de autobeneficio, sino también porque ideológica y sociológicamente ha contribuido, a desdibujar, manipular y proscribir el concepto y la idea de España. Una dinámica que ya no es privativa, como a veces se procura aparentar, de Vascongadas o Cataluña, sino que también se ha hecho presente, especialmente en la última década, en Galicia, Valencia o Baleares, multiplicándose unos ficticios hechos diferenciales. Una dinámica que también, aunque sólo esté en el estadio del balbuceo, ha llegado al resto de las Comunidades y cuya plasmación más evidente es la creación de una especie de biblia identitaria edificada desde añejas “deudas históricas” con las que pagar favores y fervores, y la transformación de la historia común en el devenir por ella de unas inexistentes realidades territoriales, llamadas Autonomías, desde los lejanos tiempos del hombre de Atapuerca.

Cierto es que los españoles están tomando conciencia del problema por dos hechos subsidiarios: el primero, la proximidad de la evidencia de la explotación del cargo por la casta política que la administración autonómica extiende y potencia; el segundo, la quiebra técnica de la mayor parte de unas Autonomías que parecen haber nacido para el dispendio, el gasto suntuario, los lujos, las inversiones megalómanas y el enriquecimiento de las nuevas oligarquías vinculadas a la política en redes familiares.

La crisis económica no ha hecho más que permitir aflorar el mal. Pese a que era necesario recortar el déficit las Autonomías, por su propia tendencia insolidaria, a lo largo de 2011 lejos de contenerlo lo han incrementado con una desviación del 15%. Todos los dirigentes autonómicas hablaron de reducir los gastos pero siguieron gastando refugiándose en el victimismo y explicando a quienes lo quisieran oír que el problema era que el malvado gobierno no les dejaba endeudarse, lo que evidentemente incrementaría el déficit. Hemos llegado a 2012 con un déficit, producto de la mala gestión de unas autonomías que tienen asumidos unos gastos a los que no pueden hacer frente, que hunde la confianza en la economía española y que obliga a realizar ajustes más duros que los que debieron realizarse antes. Eso sí, Mariano Rajoy se ha encargado de explicar que ignoraban la cifra real del déficit al no tener datos sobre el de las autonomías y el ciudadano medio se pregunta: ¿cómo es posible si desde mayo el PP gobierna en la mayor parte de las Comunidades Autónomas y entre ellas figuran algunas de las más endeudadas como es el caso de Murcia o Valencia?

Los analistas económicos estiman que el actual modelo del Estado de las Autonomías es inviable económicamente hablando. Un país como España no puede mantener una administración costosísima y menos aún en una situación de crisis caracterizada por los movimientos tobogán que se mantendrán durante una década. El Estado de las Autonomías es, en estos momentos, aunque en realidad lo haya sido siempre, un devorador de recursos públicos que exige, como si volviéramos a los tiempos de los ídolos sangrientos, entregarle el fruto del trabajo y el esfuerzo de unos españoles que cada vez serán más pobres y menos iguales. Ante esta situación la disyuntiva es clara: o sacrificamos el Estado de las Autonomías o nos sacrificamos nosotros.

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